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Alejandro
Álvarez
De las
discusiones actuales en el país posiblemente una de las que más demandan mente
abierta, abandono de prejuicios y argumentos consistentes es la relacionada con
la legalización o despenalización del consumo de la mariguana. Está más que
comprobado que las prohibiciones sobre la forma personal de vivir, que
no implique daño a terceros, trae consigo más males que beneficios. El espíritu
inquisidor que todos traemos dentro adquiere formas monstruosas cuando la
persecución se ejerce desde el estado o el gobierno. Las prohibiciones además
de la persecución alimentan la extorsión, el mercado negro y la proliferación
de grupos de delincuentes que comercializan con dichas prohibiciones. Uno de
los casos más conocidos fue la prohibición a principios del siglo pasado de las
bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, conocida como la Ley Seca. Dicha ley
fue propagandizada por sus promotores como un mecanismo de “purificación de la
vida y de la sociedad norteamericana”. Como sabemos terminó siendo el caldo de
cultivo para el surgimiento de las bandas más terroríficas en la historia de
Norteamérica.
En una
reciente mesa redonda cuatro ex secretarios de estado expresaron, cada uno de
ellos desde su formación profesional, la pertinencia de esta apertura, por
cierto ninguno de ellos identificado con la autollamada “izquierda”. Llaman la
atención dos de los argumentos, uno el del ex secretario de gobernación
Fernando Gómez Mont, quien desde la perspectiva del liberalismo juarista afirmó
que nadie puede ser coartado en su derecho de consumir las substancias que sean
de su interés siempre y cuando no dañe a terceras personas. Añadiríamos, es
obligación del Estado informar a los gobernados sobre los riesgos del consumo
de todos los tipos de drogas, si el adulto informado decide consumirlas es su
derecho y su responsabilidad. El ex secretario de Hacienda Pedro Aspe participó
para decir que en toda mercancía que circula en el mercado negro las ganancias son
exorbitantes. Para el caso de los narcotraficantes esas rentas del mercado les
permiten y les seguirán permitiendo no sólo comprar armas mortíferas sino
corromper a jueces, magistrados,
presidentes municipales, diputados, gobernadores, policías municipales,
generales y lo que se les ponga enfrente. Así de grande es su poder corruptor,
es decir su poder económico.
Uno de los
argumentos de las personas que se oponen a esta despenalización afirman que con
ello se abriría el paso a una sociedad consumidora de estupefacientes. Ese
argumento no pasa la prueba de la experiencia mundial. El mercado legal del
alcohol y del tabaco –que también son drogas- no ha propiciado la existencia de
naciones paralizadas por el alcoholismo o tabaquismo de sus habitantes. Holanda
que hace muchos años ha legalizado este consumo es un país ordenado y próspero.
Jamaica, en nuestro continente que si bien no la ha legalizado pero que
mantiene una actitud totalmente permisiva al respecto nos lleva una ventaja
abismal en el desempeño atlético deportivo pese a su pobreza económica extrema.
Hace seis años el secretario de salud Julio Frenk Mora
advertía que la edad de inicio en el consumo de drogas había bajado de 12 a 10
años en México calificando la situación como alarmante. Hoy algunas encuestas
hablan de que la edad de inicio en el consumo de drogas ha descendido en
algunas regiones hasta los 8 años. ¿Ha servido de algo la prohibición?
Durante muchos años se ha instrumentado la política de
la persecución a los consumidores de la mariguana con resultados totalmente
adversos. Actualmente existen territorios controlados por el narcotráfico,
prácticamente impenetrables aún para el ejército. La magnitud del problema relacionado con el
narcotráfico en todas las partes de la cadena –produccción, procesamiento,
distribución y consumo– se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y
lógicamente no existen soluciones sencillas, pero mantener la prohibición del
consumo lo único que ha generado es el agravamiento del problema. Despenalizar
el uso de estupefacientes no es la llave mágica pero significa romper la
secuencia de enriquecimiento de las bandas criminales y con ello la
magnificación de su poder que todo lo corrompe ya lo mencionamos, policías, jueces, representantes populares,
gobiernos, todo. No es necesario ser un
analista profundo para ver cómo se pierden enormidades de recursos humanos y
financieros de origen públicos en una guerra que parece no tener fin. Esto sin considerar los costos que significan
para las propias bandas combatirse unas a otras. Repitámoslo, la legalización de las drogas no querría decir que de la noche a la mañana despertaremos sin cárteles y con los capos convertidos en hombres de bien, no. Pero sería el inicio de tres caminos que pueden llevar a sanear la sociedad de este problema: primero se dejaría de criminalizar al consumidor y al comercializador de menudeo, los menos responsables del problema pero que son los más perseguidos y los que atiborran las cárceles; segundo, se tendría un control sobre la calidad de las substancias prohibidas de ese mercado, control que hoy no existe y que destruye física y mentalmente al consumidor por las peligrosas adulteraciones que se les aplica y tercero, se enfocarían las campañas y medidas de rehabilitación sobre ese sector de la población adicta que hoy permanece en la clandestinidad.
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