Hay migrantes que tienen menos fortuna que los centroamericanos.
Los mixtecos y triquis que llegan a la Península de la Baja California, enganchados por las empresas agricolas de San Quintín o Valle de Oaxacalifornia.
Entre ellos, menores que también son explotados y viven en miserables cuartuchos de cartón, cuarterías, sin los más elementales servicios sanitarios.
Muchos de estos compatriotas son indocumentados en su propia patria.
Monolingües, sin registro civil, y por tanto sin existencia legal.
Algunos de sus usos y costumbres son aprovechados por vivales de las ciudades fronterizas para seguir explotándolos.
Como en el caso de la facultad del padre de ceder en matrimonio a sus hijas.
Si en el pueblo nativo el novio está obligado a ofrecer a los familiares una fiesta, lejos de casa y de la familia el festejo se cotiza en dinero en efectivo, convirtiendo el ritual en una compraventa, en la mayoría de los casos de menores de edad.
Niñas de 12, 13 años que en Ensenada, Tijuana, Mexicali, son prostituidas o utilizadas en trabajos domésticos.
Pero este flujo migratorio y sus remanentes, no han sido, desde los años 60, prioridad en la agenda gubernamental, ciudadana, y , sobre todo, de ciertos grupos que integran el mundillo contestatario fronterizo; como sí lo es -y qué bueno- la defensa de los derechos humanos de los migrantes hondureños recién llegados a Tijuana.
Doble rasero determinado por la rentabilidad y la corrección políticas.
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