Inmobiliaria del Cabo, ¿el crimen perfecto?

Tulio Ortiz Uribe. DIRECTOR DE LA REVISTA LA TIJERETA.

La Paz, BCS.-El 11 de febrero de 1946 contrajo matrimonio la joven pareja formada por Mayo Obregón Tapia, hijo del ex presidente de la República Álvaro Obregón, y María de las Nieves Carranza, dama de la alta sociedad hermosillense.
Así describe el evento un cronista de la época: “Luego de una elegante recepción realizada en el Casino de Hermosillo, los recién casados fueron despedidos en el aeropuerto local, embarcándose en el avión particular de Mayo y tripulado por el piloto aviador Luís Coppola Bonillas, quien los llevó hasta Tucson; tenemos conocimiento que saldrán por las rutas regulares hacia San Francisco, en donde por la vía del Oriente realizarán un viaje alrededor del mundo”
A la sombra de Mayo Obregón  fundador en 1949 de la línea aérea Trans Mar de Cortés, que operaba vuelos desde La Paz hacia Ciudad Juárez, Guaymas y Tijuana , el norteamericano naturalizado mexicano Luís Coppola Bonillas, padre del actual senador panista Luís Alberto Coppola Joffroy, inició sus negocios no sólo como piloto y empresario hotelero, sino con una actividad mucho más rentable que ha dejado inmensas fortunas y que en Baja California Sur se ha convertido en el deporte favorito de los poderosos: la invasión y despojo de tierras con playa a ejidatarios y pequeños propietarios.
Jueces venales, ministerios públicos para lo que usted mande, notarios a la orden, funcionarios y magistrados corruptos que se venden al mejor postor, todos se han confabulado para ir despojando, poco a poco, más de 600 hectáreas del corredor turístico de Los Cabos, a los herederos del general Ildefonso Green Ceseña. Esta es la historia.

Piloto de altos vuelos
En 1957, cinco años después de que Luís Coppola Bonillas hubo adquirido en La Paz el hotel Los Arcos con un financiamiento de Mayo Obregón y de su suegro Alberto Joffroy, a los españoles Castro y Pereda, compró un predio de 150 hectáreas denominado “Cabo San Lucas”, a Juan Bertín Ruiz, solar que se encuentra al final de la península, del lado del océano Pacífico y cuyo finiquito se realizó en 1973. Un lugar rocoso y agreste, poco apto para desarrollarse turísticamente.
Como su ambición no tenía límites, y dada la similitud de nombres, Coppola Bonillas “convenció” en 1974 al Notario Público Armando Aguilar Paniagua, de que su propiedad se denominaba “Predio Mayor de Cabo San Lucas”, frente al Golfo de Cortés, en lo que ahora es el corredor turístico, y no “Cabo San Lucas” como en realidad era, y aquél le expidió el 31 de mayo de ese año la escritura pública número14695 que amparaba las 150 hectáreas, como si se tratara del terreno comprado a Bertín Ruiz.
Pero resulta que esas 150 hectáreas, de un total de 613, son el legado del extinto general Ildefonso Cipriano Green Ceseña, propiedad que detentaba desde 1871, con una escritura firmada por el presidente Benito Juárez García.
La escritura de Aguilar Paniagua, considerada apócrifa, estuvo en litigio durante más de veinte años, hasta que Coppola Bonillas, mediante diversas argucias legales, logró obtener resolución definitiva de un juicio de jurisdicción voluntaria (exp. 609-1995) que le permitió transmitir de manera “legal” la propiedad a su esposa Evangelina Joffroy de Coppola, hecho que se dio el 27 de febrero de 1996.
Así, en 1998, año en que falleció Luís Coppola Bonillas, la señora Joffroy vendió a la Inmobiliaria Cabo Ballena SA de CV, cuyo principal accionista es Abraham Helfon Daniel, dueño de las Torres del Periférico en la ciudad de México, 93 hectáreas de las mejores tierras de Los Cabos, producto del despojo a los herederos del general Ildefonso Green Ceseña.
Este nació el 23 de enero 1836 en San José del Cabo. Era hijo de Stephen Green y de María de Jesús Ceseña (hija de Cipriano Ceseña y Juana Ojeda). Stephen, que trabajaba en un barco ballenero, nació en Londres, Inglaterra, en 1800 y llegó en 1834 a San José del Cabo. De ese matrimonio nacieron también Juana y Félix en 1837 y 1840 respectivamente. El general Green Ceseña casó con Rita Amador en 1855 y procrearon tres hijos: Fidel, Gustavo y Manuel Miguel. De aquí se inició una vasta rama genealógica que comprendió nietos, bisnietos y tataranietos. Actualmente existen 10 herederos reconocidos, la mayoría con los apellidos Green Álvarez, y están a la espera de que se cumpla la ley para recuperar sus propiedades.
Green Ceseña fue un ilustre liberal que luchó al lado de Benito Juárez por la soberanía de la península, famoso también por haber roto públicamente su amistad y compadrazgo con Porfirio Díaz. En 1915, a los 79 años de edad, se incorporó a la Revolución al lado del constitucionalismo. Falleció en 1932 y su nombre figura con letras doradas en el Congreso del Estado.

Pionero del despojo
Para las revistas especializadas y los empresarios cabeños, William “Bud” Parr, Luís Bulnes Molleda, Luís Coppola Bonillas y Abelardo L. Rodríguez Montijo, hijo del ex presidente del mismo nombre, son todo “una leyenda” y merecen un “reconocimiento” como pioneros del turismo en Los Cabos. Constructor del Hotel Hacienda Santa Cruz (1948), Hotel Palmilla (1957) y el Hotel Hacienda (1963), Rodríguez Montijo tuvo la visión de que algún día las tierras del sur de la península valdrían a precio de oro.
En 1970 viajó a la ciudad de México y ante el Notario Público 89 Fernando G. Arce, constituyó mediante la escritura 19.987 la empresa Inmobiliaria del Cabo, SA de CV (copia en poder de este reportero), con un capital social de 1 millón 246 mil pesos. Es decir 12 mil 460 acciones de cien pesos cada una, que repartió de la siguiente manera: a sus “socios” (amigos y empleados) Raúl Calles Villarreal, Javier de Luna Rojas, Carlos de Luna Rojas y William Betchey les asignó 460 acciones que fueron pagadas en efectivo. El resto, 12 mil acciones con valor de un millón 200 mil pesos, se pagaron, “mediante la aportación que hace (Abelardo L Rodríguez Montijo) a la sociedad en pleno dominio y propiedad de un lote de terreno de 125 hectáreas ubicadas en la delegación del gobierno de San José del Cabo territorio de Baja California, con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 620 metros con predio innominado y con el panteón de Cabo San Lucas y de este punto en 320 metros con rancho el Tezcal y en 1.320 metros con el ejido de Cabo San Lucas, al sur 2.600 metros con el Golfo de California en todo su contorno, al este en 1.040 metros con el predio propiedad del señor Federico Sandoval y al oeste en 120 metros con el panteón de Cabo San Lucas y 210 metros con ejido innominado”
En el acta nunca se menciona que el señor Rodríguez Montijo haya exhibido ante el notario los documentos que acrediten la propiedad de las 125 hectáreas que “aporto” a la sociedad, y que de acuerdo a las colindancias que ahí se asientan corresponden a una parte de los terrenos del general Green Ceseña.
Para confundir aún más a las autoridades, días después Rodríguez Montijo cambió el domicilio fiscal de la empresa a la ciudad de La Paz, e hizo inscribir el testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 115 del volumen XIV, ante el registrador Héctor Castro Castro, para que se diera como un hecho la aportación en especie a la sociedad, supuestamente realizada por Rodríguez. En 1982 cambiaron nuevamente el domicilio fiscal de la empresa, ahora a la Ciudad de México y aceptaron nuevos socios.
Ante el atropello, los herederos del general Green Ceseña iniciaron en los tribunales un juicio penal por despojo que hasta el día de hoy no termina, debido a la parcialidad de los encargados de procurar justicia, en donde se incluye jueces, magistrados, un senador y hasta un Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Mercado Romero, de quien se dice recibió por sus favores algunas hectáreas de terreno por parte de Rodríguez Montijo y socios.
Y no obstante que estaban en curso dos juicios, uno civil y otro penal, las autoridades permitieron que en 1986 la Inmobiliaria del Cabo vendiera a Cristina Rodríguez Bremer, hija de Abelardo, 7 hectáreas del predio en disputa, adjudicándole las autoridades de San José del Cabo la clave catastral 4-02-001-0002-Bis y posteriormente revendido.
Un penalista que ha observado el caso de cerca, pero que se reserva su nombre, comenta: “esta transacción ilícita, que representa un robo para los inversionistas, cabe reiterar fue consentida por las autoridades, quienes aún teniendo pleno conocimiento que dentro del predio estaban vigentes dos procesos, uno de carácter civil y uno más de carácter penal, no realizaron ninguna acción para impedirlo como era su obligación”
Y agrega: “el cinismo de los encargados de procurar justicia llegó al extremo, de aceptar como buena la demanda que interpuso por invasión la Inmobiliaria del Cabo SA de CV, en contra de la familia Green. Es decir fueron demandados por ocupar sus propias tierras, dándose así una muestra de la corrupción imperante en el sistema de impartición de justicia”
En efecto el 9 de diciembre de 2005, miembros de la familia Green colocaron un cerco perimetral para delimitar sus tierras en disputa y desde entonces permanecen ahí en un campamento. Esto provocó la ira de los Rodríguez, Coppola y Cosío Pando, quienes a través de la abogada Hilda Carballo Petrone interpusieron la denuncia penal 0481/CSL/2005 ante la Subprocuraduría General de Justicia del Estado.
Y es que días atrás, luego de una audiencia, el licenciado Sergio Aguilar Navarro, Juez Mixto de Primera Instancia había dado el primer triunfo a los herederos, al rechazar la documental pública presentada por la abogada Carballo Petrone, consistente en una copia certificada del instrumento notarial 19.987 de fecha 8 de junio de 1970 (acta constitutiva de la Inmobiliaria del Cabo SA de CV), que pretenden se tenga como documento que acredita la legalidad de la propiedad.
Mientras, la familia afectada cuenta con documentos que le dan certidumbre a la propiedad, tales como: libertad de gravamen expedido el 26 de mayo de 2006; certificado de autenticidad de fecha 22 de julio de 1992, firmado por Eligio Soto López, delegado la Secretaría de la Reforma Agraria; pago al corriente del impuesto predial y plano oficial con sellos y firmas legibles que a la letra dice: “Plano de un terreno propiedad de la familia Green, ubicado dentro del predio Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, con superficie de 613 hectáreas, bajo el título primordial expedido el 3 de marzo de 1871, por el Presidente Benito Juárez García, clave catastral 402-001-0470”
Dice el penalista: “con esta acción del Juez quedaron al descubierto las irregularidades en los documentos con los cuales Inmobiliaria del Cabo mantuvo una farsa jurídica, cimentada en la corrupción de viejas autoridades y notarios de dudosa ética”.
Pero debido al peso económico y político de quienes insisten en concretar el despojo, continuarán los amparos y la compra de autoridades. Después de todo, lo que está en juego no es un bilimbique, sino 375 millones de dólares, ya actualmente una hectárea con frente de playa se cotiza en tres millones de dólares.