Como es sabido, los usos y costumbres de las comunidades indigenas o pueblos originarios (20 millones de mexicanos), cohabitan en constante conflicto con la legalidad republicana.
Sobre todo en el terreno de los derechos y garantias individuales consagrados en la Constitución de 1917.
Un conflicto que suele resolverse de manera pragmática cuando la familia indigena se dispersa con la migración.
Es el caso de las niñas indígenas de San Quintin, conocido en la Peninsula de la Baja California como Valle de Oaxacalifornia, en alusión a los trabajadores agricolas nativos de Oaxaca, enganchados por las empresas agroindustriales establecidas en ese enclave a 250 kms de la frontera con EU.
Aquí los usos y costumbres mixtecos y triquis, han facilitado el tráfico de menores por vivales procedentes de las ciudades fronterizas.
De acuerdo a estos usos y costumbres, cuando la menor es dada en matrimonio, el novio adquiere la obligación de ofrecer una gran fiesta a toda la familia de la novia.
Algo que se dificulta cuando la concesión en matrimonio se da en situación migratoria, y la familia se reduce a los padres y la hija.
Entonces, el pago de la fiesta se convierte en pago en efectivo.
Y las menores son trasladadas por el "esposo" a Ensenada, Tijuana, Mexicali, donde las convierten en esclavas a su servicio.
En el mejor de los casos como trabajadoras domésticas.
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