ANULAR EL VOTO, UNA OPCIÓN

Alejandro Álvarez

La última reforma electoral –enésima que se procuran los partidos para su propia satisfacción- ha parido las más castrantes campañas de que se tenga memoria. Sólo las tonterías sin límite que obsequian los candidatos sacan al electorado, a veces, del marasmo generalizado para entrar en carcajadas efímeras.
El contexto de crisis económica, de violencia del crimen organizado y los escándalos derivados de conflicto de intereses debieran ser elementos que dieran a los candidatos recursos para proponer alternativas de solución a estos problemas con la correspondiente explicación de sus causas. Campañas explicativas y propositivas. Pero eso es pedirle peras al olmo. Desde las campañas nacionales hasta las locales privan los lugares comunes: promesas de dádivas sin fin (bonos, becas, pensiones, vales, útiles escolares, medicinas), autoelogios y, desde luego, lanzamiento masivo de culpas a los contrarios.
Un grupo de ciudadanos ha lanzado la iniciativa de que al menos los candidatos publiquen sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de eventuales conflictos de interés, como requisito mínimo para considerar votar por ellos (www.candidatotransparente.mx). Esta medida, dicen, podría frenar la sed de enriquecimiento de quienes gobernarán o legislarán los próximos años. Los ciudadanos, sostiene este grupo, podrán inferir la decencia con la cual han llegado a reunir los bienes declarados pero también podrían hacer un comparativo al momento de concluir sus periodos de gobierno con los bienes con los cuales iniciaron su gestión. Al momento de escribir esta nota sólo doscientos treinta candidatos habían publicado sus declaraciones (las llaman tres de tres). Consideremos que están en disputa casi dos mil cargos públicos y que para cada uno de ellos hay un promedio de cinco candidatos; por tanto existen aproximadamente diez mil candidatos en campaña. Es decir sólo poco más del dos por ciento han considerado “conveniente” publicar las declaraciones referidas. Pese a la buena intención de la iniciativa de transparencia parece que el elector cuidadoso no podrá tener suficiente información para que esta medida sea un criterio a la hora de votar el próximo siete de julio. La medida, por otra parte, no es garantía de que el gobernante que haya hecho sus declaraciones no recurra al enriquecimiento ilícito, el desvío de fondos o haga mal uso de los dineros públicos.
Otra medida sugerida es la de anular el voto como una forma de expresar la inconformidad con el desempeño de la clase política y de los partidos. La corriente de opinión que insiste en esta forma de actuar ha manifestado en el pasado su petición de que se reduzca el número de legisladores (diputados y senadores), que se reduzca el financiamiento a los partidos y que se elimine el fuero para que todos los legisladores y gobernantes puedan ser sometidos a juicio ante la comisión de un ilícito. Curiosamente ninguna de estas iniciativas ha tenido eco en el congreso federal. Como tampoco ha prosperado la demanda de la reforma del corrupto sistema de justicia ni la prevalencia del estado de derecho en el país (que las leyes se cumplan). Partidos de distinto color han ido y venido ejerciendo el poder a nivel federal, estatal y municipal sin cambios visibles en los grandes rezagos nacionales. ¿Por qué confiar en que en esta ocasión alguno de ellos sí dará curso a lo que dice promover si todos han tenido la oportunidad y no lo han hecho? Los opositores a la anulación del voto dicen que de esta forma no se soluciona nada y que, por el contrario afecta a los partidos pequeños. Efectivamente, llegar a la casilla y anular la boleta electoral no resuelve un problema específico pero es un llamado de atención y reduce la legitimidad de quienes gobernarán. Es una forma de presión para aquellos políticos que conservan un resquicio de responsabilidad social –que los debe haber-. Por otra parte los partidos pequeños no han mostrado rasgos distintos de los grandes, por el contrario han sido sus aliados y cómplices en el ejercicio del poder tal y como lo conocemos. Tampoco es aplicable el dicho de que “de los males, el menor” sugiriendo que de entre todos los malos candidatos votemos por “el menos peor”. Nadie está obligado a elegir entre comer fruta podrida y fruta podridísima. Anular el voto es una posibilidad no sólo legal sino también legítima.