José
Manuel Green Olachea
El conflicto universitario sigue más vigente
que nunca, y si las autoridades universitarias espurias continúan sin respetar
la sentencia ejecutoría federal, prácticamente estarán sentenciando a la UABCS a
la ILEGALIDAD permanente, por más que declaren que el problema está
resuelto, no es cierto, estarán mintiendo a la opinión pública, ya que en
ningún momento han acatado el fallo legal emitido por el juez federal, porque
esa resolución y su incumplimiento ahí están y nadie la borrará de los
expedientes por más prepotencia, abuso e influencia de poder que le quieran
echar. La única manera de borrarla será hasta que se acate en los términos que
se emitió.
Hasta hoy, el problema se genera en la SEP
cuando desde allá se permite ejercer el Convenio Tripartito, aunque solo sea
para pagar sueldos, sabiendo que quien se ostenta como rector no lo es, pero
acá, el gobierno estatal en complicidad flagrante ha sostenido a Gustavo Cruz en
ese cargo a través de la fuerza y prepotencia política.
El hecho de liberar recursos económicos del
convenio tripartito sabiendo que Gustavo Cruz no es Rector legítimo de la
Universidad, constituye un delito ante la función pública porque sin
representación legal no pueden ni deben firmar convenios a nombre de la UABCS con
instituciones públicas o privadas, ninguna querella legal ni título firmado por
ellos vale, no pueden tener representación legal aunque pregonen lo contrario, pero
además, afectan a estudiantes y egresados porque no pueden validar sus estudios
de esa manera, brindando un muy mal ejemplo a la ciudadanía en general, sobre
todo a los propios universitarios, porque su formación profesional no debe ser
de esta manera, los valores que se reciben bajo estos regímenes universitarios,
verdaderamente son muy lamentables y perversos, porque no es posible que los
estudiantes se forjen en la mentira.
El nombramiento de Rector que la Junta
Consultiva otorgó a Carlos Villavicencio a partir del 10 de diciembre del 2010
hasta el 6 de Junio del 2012 nunca lo reconocieron el CGU, los valistas corruptos y los gobernadores
Agúndez y Covarrubias, nunca lo dejaron asumir el cargo como Rector ignorando primero
el mandato de la Ley Orgánica universitaria y después la sentencia del juez
federal, postura que tomaron para mantener olímpicamente la corrupción y la
impunidad en la UABCS.
Como muestra más reciente, basta un botón;
uno de tantos ejemplos de corrupción universitaria son los 37.2 millones de
pesos del presupuesto 2010 que en apego al Artículo 22 de la Ley Orgánica, las
autoridades universitarias no han podido comprobar ante el Congreso del Estado,
pero aun así, este órgano legislativo no dice ni exige nada para aclarar este
asunto y sigue permitiendo esta grave anomalía de la función pública en Baja
California Sur. Habría que esperar la revisión del presupuesto 2011 a ver que
más surge, sobre todo en época de elecciones cuando la oposición ha presumido y
señalado este tipo de desvíos, como sucedió en los anteriores comicios estatales
cuando los candidatos del PRI señalaron el uso de recursos universitarios para
las campañas políticas, o como ocurrió en los puntos de acuerdo que se
sometieron tanto en la Cámara de Senadores por el Senador Obregón del PT como
en la Cámara de Diputados por el Diputado David Hernández, para que se discuta
y aclare sobre el atropello que se está cometiendo por la SEP y el Gobierno de
Baja California Sur contra la UABCS y el Rector Carlos Villavicencio, con la
presunción de que la UABCS es caja chica del gobierno panista para apoyar
campañas políticas.
El grupo que sostiene a Gustavo Cruz está
apostando a que termine el plazo del 6 de junio para el Dr. Villavicencio, pensando
seguramente que de ahí en adelante automáticamente se ¨legalizarᨠla situación
a favor de Cruz.
Cuando realizan ese tipo de argucias para
desviar la opinión pública en contra del Dr. Villavicencio, se equivocan totalmente,
ya que quieren tapar el sol con un dedo, porque aun declaren y metan argucia
tras argucia la ilegalidad seguirá, de igual modo como evidencian su pésima
calidad moral ganada a pulso como malos funcionarios públicos, ya que un cargo
público viciado de origen nunca se corregirá con desacatos y trampas. Aunque lo
nieguen, la sentencia inconclusa les seguirá machacando en su inconsciencia y su
abuso de poder.
Un aspecto importante respecto a las
encomiendas que la Junta Consultiva estableció cuando nombró rector al Dr.
Villavicencio, fue que dejara en orden todo lo relacionado con la legislación
universitaria, la academia y las finanzas cuando concluyera su gestión y que preparara
el proceso de elección del siguiente rector, lo cual, por supuesto, no lo
dejaron hacer.
El detalle jurisprudencial ante esta intransigencia
es que después de esa fecha no habrá rector en la Universidad, porque en apego
a la legalidad, Gustavo Cruz al no ser rector, no tiene ninguna facultad para
ostentarse como tal y menos si el Rector Villavicencio no organiza un proceso
de elección, como tampoco el gobierno estatal ni la SEP lo podrán reconocer
porque tampoco son ellos una instancia jurídica facultada para eso y, mientras
tanto, la sentencia al no cumplirse por desacato queda inconclusa como una gran
injusticia de abuso de poder y usurpación de funciones promovida por el propio
gobierno.
Por eso es que la sentencia federal se
tiene que acatar cabalmente y mientras no se haga de esa manera nadie podrá
ocupar legalmente ese cargo, mucho menos Gustavo Cruz, porque la sentencia federal
y la derogación de los transitorios del decreto 1903 a través del decreto 1960
lo descalifican como rector, aun lo sostengan a piedra y lodo y prepotentemente
siga despachando en rectoría, no es ni será rector, aun publiquen desplegados y
digan misa, siempre será espurio y no habrá documento legal que lo ampare, así el
gobernador firme los títulos y la SEP permita ejercer el presupuesto de esa
manera, es ilegal su proceder y ellos seguirán siendo lo que son ante la
opinión pública. AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA, MONA SE QUEDA.
Esta es la realidad y es la verdadera trampa
en la que han metido a la UABCS al sumirla en la ilegalidad permanente, porque
ni la SEP, ni el gobierno estatal, ni el Consejo General Universitario, ni el
espíritu santo lo podrán evitar, sólo la aplicación correcta de la ley lo podrá
resolver. Seguramente seguirán buscando artimañas pero será inútil, esta
historia así es.
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