Alejandro
Álvarez
En este espacio me he referido por lo menos en dos ocasiones previas a la
necesidad de legalizar el consumo de las drogas –en particular y de inicio con
la marihuana- como vía para combatir la criminalidad de las organizaciones que
han amasado fortunas y poder con el comercio ilegal de estas substancias. En
uno de esos artículos se leía: “Despenalizar el uso de estupefacientes no es
la llave mágica pero significa romper la secuencia de enriquecimiento de las
bandas criminales y con ello la magnificación de su poder que todo lo corrompe,
ya lo mencionamos, policías, jueces, representantes populares,
gobiernos, todo. No es necesario ser un
analista profundo para ver cómo se pierden enormidades de recursos humanos y
financieros de origen público en una guerra que parece no tener fin”. (
Artículo “Legalizar el consumo de la mariguana”)
En
otro de esos textos escribí: “Ya el
presidente Calderón en el sexenio pasado recorrió el camino de la invasión de
Michoacán por parte del ejército y la policía federal, remitió a varios
presidentes municipales y delincuentes a la cárcel acusados de ligas con el
narco. ¿Resultado? Todos libres ante las resoluciones de los jueces de su
inocencia o la inconsistencia de las pruebas acusatorias por parte de los
ministerios públicos. Por una puerta el Ejército y la Marina entregando
delincuentes a las autoridades judiciales y éstas dejándolos en libertad por la puerta trasera. ¿Con esos mismos ministerios
públicos y jueces se castigará a las personas que ahora se atrapen? Sí, como
no.”(Artículo “La nueva batalla contra el narco y las legalizaciones tabú”)
En
una perla que nos regala Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dice que: “en
2010, 2011 y 2012 se abrieron investigaciones contra el ex alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, por crimen organizado; sin embargo, fueron cerradas por falta
de elementos para emprender una acción legal”. Luego detalló que fue hasta esta
administración, en agosto pasado, cuando se abrió una nueva investigación
contra Abarca por enriquecimiento ilícito, la cual permitiría actuar conforme a
la ley; sin embargo, luego se dieron los hechos violentos del 26 de septiembre.
(Milenio, 30 de octubre 2014). ¿Cabe alguna duda de la profundidad de
penetración de los capos del narco en la estructura jurídica, judicial y de
gobierno del país?
La
estrategia del presidente de no hablar del tema de la violencia mafiosa como
vía para “resolverla” ha saltado hecha añicos con el drama de los estudiantes
de Ayotzinapa. En Iguala se destapó una coladera más como las ya abiertas en
Michoacán y en Tlataya (ejecución a mansalva de al menos 18 personas,
presumiblemente narcotraficantes, por parte de miembros del ejército). En este
clima ya pasan desapercibidos los asesinatos recientes de líderes de partidos
políticos (el caso del militante panista muerto en Acapulco, por ejemplo) que
si bien pudieran no vincularse a la trama del narcotráfico es obvio que se
favorecen en medio de una atmósfera generalizada de ingobernabilidad en amplias
zonas geográficas del país. Sin ir más lejos, aquí en nuestra entidad donde los
gobernantes presumen de los bajos índices delincuenciales se cuantifican ya
veintinueve ejecuciones en los últimos tres meses. Eso sí, como declaró el
presidente en su último mensaje a la nación, todo lo anterior con “plena
vigencia del estado de derecho y ningún resquicio a la impunidad”. Estamos
fritos.
La criminalización del consumo de las drogas y
la consecuente persecución policiaca y militar desde consumidores hasta narcomenudistas
y grandes capos ha mostrado una y otra vez su fracaso. ¿Hasta cuándo se
empecinarán en negar que el poder descomunal de la delincuencia organizada y su
capacidad corruptora deriva del comercio ilegal de las drogas? La legalización
de este mercado no sólo le cortaría el flujo de dinero a los criminales sino
que, lo más importante, permitiría
una política de rehabilitación y prevención de las adicciones de manera más
efectiva. Mientras eso no suceda el país seguirá dilapidando recursos y vidas
humanas en esta guerra absurda.
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