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jueves, 30 de octubre de 2014

INGOBERNABILIDAD Y LEGALIZACION DE LAS DROGAS

Alejandro Álvarez

En este espacio me he referido por lo menos en dos ocasiones previas a la necesidad de legalizar el consumo de las drogas –en particular y de inicio con la marihuana- como vía para combatir la criminalidad de las organizaciones que han amasado fortunas y poder con el comercio ilegal de estas substancias. En uno de esos artículos se leía: Despenalizar el uso de estupefacientes no es la llave mágica pero significa romper la secuencia de enriquecimiento de las bandas criminales y con ello la magnificación de su poder que todo lo corrompe,  ya lo mencionamos,  policías, jueces, representantes populares, gobiernos, todo.  No es necesario ser un analista profundo para ver cómo se pierden enormidades de recursos humanos y financieros de origen público en una guerra que parece no tener fin”. ( Artículo “Legalizar el consumo de la mariguana”)
En otro de esos textos escribí: “Ya el presidente Calderón en el sexenio pasado recorrió el camino de la invasión de Michoacán por parte del ejército y la policía federal, remitió a varios presidentes municipales y delincuentes a la cárcel acusados de ligas con el narco. ¿Resultado? Todos libres ante las resoluciones de los jueces de su inocencia o la inconsistencia de las pruebas acusatorias por parte de los ministerios públicos. Por una puerta el Ejército y la Marina entregando delincuentes a las autoridades judiciales y éstas dejándolos en libertad por la  puerta trasera. ¿Con esos mismos ministerios públicos y jueces se castigará a las personas que ahora se atrapen? Sí, como no.”(Artículo “La nueva batalla contra el narco y las legalizaciones tabú”)
En una perla que nos regala Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dice que: “en 2010, 2011 y 2012 se abrieron investigaciones contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por crimen organizado; sin embargo, fueron cerradas por falta de elementos para emprender una acción legal”. Luego detalló que fue hasta esta administración, en agosto pasado, cuando se abrió una nueva investigación contra Abarca por enriquecimiento ilícito, la cual permitiría actuar conforme a la ley; sin embargo, luego se dieron los hechos violentos del 26 de septiembre. (Milenio, 30 de octubre 2014). ¿Cabe alguna duda de la profundidad de penetración de los capos del narco en la estructura jurídica, judicial y de gobierno del país?
La estrategia del presidente de no hablar del tema de la violencia mafiosa como vía para “resolverla” ha saltado hecha añicos con el drama de los estudiantes de Ayotzinapa. En Iguala se destapó una coladera más como las ya abiertas en Michoacán y en Tlataya (ejecución a mansalva de al menos 18 personas, presumiblemente narcotraficantes, por parte de miembros del ejército). En este clima ya pasan desapercibidos los asesinatos recientes de líderes de partidos políticos (el caso del militante panista muerto en Acapulco, por ejemplo) que si bien pudieran no vincularse a la trama del narcotráfico es obvio que se favorecen en medio de una atmósfera generalizada de ingobernabilidad en amplias zonas geográficas del país. Sin ir más lejos, aquí en nuestra entidad donde los gobernantes presumen de los bajos índices delincuenciales se cuantifican ya veintinueve ejecuciones en los últimos tres meses. Eso sí, como declaró el presidente en su último mensaje a la nación, todo lo anterior con “plena vigencia del estado de derecho y ningún resquicio a la impunidad”. Estamos fritos.
La criminalización del consumo de las drogas y la consecuente persecución policiaca y militar desde consumidores hasta narcomenudistas y grandes capos ha mostrado una y otra vez su fracaso. ¿Hasta cuándo se empecinarán en negar que el poder descomunal de la delincuencia organizada y su capacidad corruptora deriva del comercio ilegal de las drogas? La legalización de este mercado no sólo le cortaría el flujo de dinero a los criminales sino que, lo más importante, permitiría una política de rehabilitación y prevención de las adicciones de manera más efectiva. Mientras eso no suceda el país seguirá dilapidando recursos y vidas humanas en esta guerra absurda.