Alejandro Álvarez
Antonio Aledo, sociólogo de la Universidad de Alicante (UA) en España,
realizó un estudio en el que advierte que “la especulación inmobiliaria (propia
del desarrollo turístico), y una gestión de presupuestos públicos basada en los
rendimientos del sector de la construcción, ha hecho que los planes
urbanísticos se olviden de la ‘amenaza sísmica’ ".
Añade que “el modelo turístico …ha creado un riesgo económico, por la crisis de
la construcción, y uno social… -pero además-… también ha aumentado la
vulnerabilidad sísmica”.
Aunque enfocado al
incremento del riesgo sísmico, las conclusiones pueden extenderse a los otros
riesgos de origen natural ya que las premisas son las mismas. Es preciso
aclarar aquí que el concepto de riesgo se aplica al potencial de pérdidas
materiales y humanas ante los embates de
fenómenos naturales extremos (sismos, heladas, sequías, inundaciones,
huracanes, etc.). Es decir que entre dos ciudades ubicadas en zonas del mismo grado
de peligrosidad ante un fenómeno natural cualquiera potencialmente destructivo,
el riesgo será mayor en aquella menos preparada para afrontarlo. La preparación
para enfrentar un peligro de origen natural comprende las medidas preventivas
de tipo normativo como son las leyes y reglamentos, así como las de tipo organizativo
de la sociedad entre las que se incluyen las vías de información y atención de
la comunidad antes, durante y después del evento.
El modelo de crecimiento
económico basado en el turismo provoca que los incentivos para la inversión en
este sector aumenten estratosféricamente los rendimientos en la compra venta de
la tierra y en la construcción. Poco o nada importa que los terrenos a ocupar
se ubiquen en zonas de peligro ni que los constructores minimicen sus costos a
costillas de la calidad de las obras y de los materiales empleados. Lo
importante para los empresarios del sector es vender lo más posible en el menor
tiempo y para los constructores levantar casas o edificios sin más consideración
que maximizar las ganancias.
Otros efectos subsecuentes de
estas políticas son las de la falta de atención a las demandas de servicios de
los trabajadores vinculados al sector como son los obreros de la construcción y
los de apoyo a los servicios turísticos. Durante décadas los trabajadores
migrantes traídos por estos empresarios se han asentado en lugares de riesgo
como los lechos de los arroyos. Traficantes de personas y terrenos se han unido
para hacer su propio negocio a la sombra del “gran turismo” pero a costillas de
la enorme masa de estos trabajadores. La capacidad corruptora de esta dinámica
ha incluido a autoridades municipales y estatales así como a jueces y notarios,
fenómeno que también debe incluirse en el ramo del riesgo y de la vulnerabilidad
de las regiones.
El huracán Odile del año
pasado puso al desnudo el riesgo y la vulnerabilidad de la zona de Los Cabos,
caso típico de una región abrumada por la especulación inmobiliaria. Gran parte de los hoteles construidos bajo normas
de otras zonas donde el peligro de huracanes de gran magnitud no existen fueron
dañados al grado de quedar fuera de servicio durante meses. Ni que decir de las
zonas habitacionales y edificios públicos en cuya construcción y ubicación no
se consideró ninguna norma que tomara en cuenta los peligros naturales propios
de la zona. Miles de trabajadores se vieron en el desempleo de un día para otro
y la infraestructura turística y el equipamiento municipal sufrió daños
severos. Como ha ocurrido en otros casos, la inversión pública federal de
emergencia vino a sacar a flote la economía. Sólo en la rehabilitación de la
red eléctrica se invirtieron miles de millones de pesos. En diciembre de 2014 el entonces director general de la
Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, informó que el monto
total de los recursos aplicados hasta ese momento por la paraestatal en Baja
California Sur, luego del paso del huracán Odile, era de poco más de 2,160
millones de pesos, de los cuales 520 fueron en postes, torres, cables, fibra
óptica y trabajos de aislamiento; 467 en combustibles, víveres y gastos
inmediatos; y 1,180 millones en la adquisición de cuatro turbinas de 30
megawatts cada una que se pusieron en operación
en Los Cabos. Esto ilustra el
tamaño del riesgo de la región sólo en el campo de la infraestructura
eléctrica. Como también ocurre en otros casos, el impacto en el aspecto humano
no es cuantificado ¿cuánto costó que los estudiantes dejaran de asistir a
clases o que los pequeños negocios cerraran definitivamente o que los
trabajadores al servicio del “gran turismo” se vieran desempleados? Eso no
entra en las cuentas, porque a nadie importa. Que se rasquen con sus uñas.
A la luz de estas experiencias los creyentes
en los destinos turísticos como única vía de desarrollo para Los Cabos o, peor
aún, para Baja California Sur –entre los que se encuentra la clase política en
su mayoría- no sólo deberán revisar la normativa constructiva y de los negocios
inmobiliarios sino también la diversificación de las alternativas de
crecimiento económico como medida para disminuir el riesgo y la vulnerabilidad
de la entidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario