Alejandro Álvarez
Se pierde en la memoria el momento en que los municipios empezaron a abrir el boquete del déficit financiero de sus cuentas, pero los principalmente afectados eran por lo general los empleados de confianza y algunos proveedores. En el caso de los primeros se suspendía su salario por varias quincenas y en los segundos se establecía una especie de acuerdo de irles abonando en plazos de varios meses. La bola de nieve fue creciendo en las últimas administraciones hasta los momentos actuales en que la situación municipal raya en la ingobernabilidad. Al menos en el municipio de La Paz, hablando de nuestra entidad, a la suspensión por falta de pago del servicio del suministro eléctrico hace apenas unos meses, le siguieron paros laborales por incumplimiento de las condiciones contractuales de los trabajadores de base y la cereza en el pastes ha sido que no hay dinero ni siquiera para el combustible de los camiones recolectores de basura, lo que ha repercutido en el apilamiento de residuos en esquinas, lotes baldíos o simplemente en la puerta de los hogares. Las versiones sobre la magnitud del quebranto son variables pero oscilan entre los 600 y los mil millones de pesos. El analista Juan Luis Rojas declaró hace unas semanas que Estela Ponce la entonces alcaldesa de la Paz, adquirió deuda bancaria por aproximadamente 200 millones de pesos que fue insuficiente para afrontar los compromisos. En diciembre de 2014 se publicó el presupuesto de ingresos y egresos para 2015 por parte del cabildo paceño y ahí se establecía una deuda pública ligeramente mayor a 12 millones de pesos y un equilibrio entre el gasto y el ingreso, de aproximadamente 998 millones de pesos cada uno. Hoy se sabe que la deuda puede alcanzar el equivalente a un año del presupuesto municipal. El cabildo en su totalidad mintió o delinquió por omiso. Los ayuntamientos de Mulegé y Comondú proporcionalmente guardan una condición similar aunque la cifra en números absolutos sea menor, es decir son municipios técnicamente quebrados. Algo muy lamentable en toda esta trama es que la serie de controles e instancias institucionales establecidas para que esto no suceda simplemente no funcionan. En otras palabras las centenas de burócratas designados en contralorías, auditorías internas, fiscalías y comisiones de vigilancia, son inútiles, no han servido para nada que no sea ser cómplices de presuntos delitos cometidos en primera instancia por los presidentes municipales. En esta inutilidad deben incluirse también el Congreso local y sus comisiones, el gobernador actual y el pasado para quienes parece no interesarles esta crisis casi generalizada en los municipios sudcalifornianos. Armando Martínez, alcalde electo del municipio de La Paz se ha comprometido en auditar las finanzas municipales “caiga quien caiga”. Es obvio que no sólo ha habido desvío de fondos sino que se pueden haber tipificado delitos como peculado y fraude. No olvidemos que los partidos tiene la mala costumbre de hacer uso de los fondos públicos municipales para el financiamiento de las campañas electorales de sus candidatos y coincidentemente este año fue electoral. Lo menos que se puede exigir es que, por fin, sean enjuiciados todos los responsables de esta lamentable situación de las finanzas públicas municipales y no se haga realidad aquella frase acuñada por conocida analista en la que afirma que la clase política está lista para aplicar el mandato de “tapaos los unos a los otros”.
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