MARIHUANA: ¿SIGUE ELTABÚ?

Alejandro Álvarez

Las cacaraqueadísimas “reformas estructurales” según las cuales enrumbarían al país a su acelerada modernización cada vez se parecen más al famoso parto de los montes. Pero no nos enredaremos en los laberintos de los precios del petróleo, las licitaciones internacionales, la diversificación de la competencia en telefonía, ni en los resultados de los exámenes a nuestros maestros. Dejemos eso en el rincón a donde parece que irán parando la mayor parte de esas, llamémoslas, “buenas intenciones”. Atendamos a otro asunto, ¿qué ha pasado con la modernización de los derechos civiles y políticos? En materia de la legalización del consumo de marihuana la “modernísima” clase política sigue volteándose haciéndose como que la virgen les habla. El presidente para proteger su imagen (o lo que queda de ella) y quedar bien con las buenas conciencias ha establecido que no está de acuerdo en esa legalización sin embargo las tendencias internacionales se enfilan hacia  modificar el tratamiento de este asunto dejando atrás la visión persecutoria de los consumidores y planteándolo ahora como un tema de salud pública. Hace algunas semanas al clausurar el tercer foro del debate nacional sobre el uso de la marihuana, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, exhortó a cuestionar qué esquema regulatorio debe adoptar México. Pero además, en una declaración sin precedentes detalló que “para analizar los aspectos económicos y regulatorios de las drogas y la marihuana hay que partir de un hecho fundamental: que cada vez más países abren sus políticas al consumo medicinal y recreativo, como Estados Unidos, por lo que México tiene que tomar en cuenta lo que pasa en la frontera con aquel país”, luego añadió “Este tema debe analizarse bajo una perspectiva integral, que busque una regulación equilibrada, que garantice libertades y derechos, pero que también proteja la salud y seguridad de la población, una regulación que no se quede en lo estrictamente punitivo sino que permita abordar el fenómeno desde todas sus implicaciones”. Incluso Manuel Mondragón y Kalb comisionado nacional contra las adicciones y representante de la línea dura en este tema ha aceptado que “El gobierno federal podría aumentar la cantidad de mariguana permitida para portar, con el fin de que se logre la liberación de miles de primodelincuentes que traían más de cinco gramos de la droga” añadió que  “podría aumentar a 28 gramos la portabilidad permitida para consumidores de marihuana, con referencia en otros países. La tabla se puede modificar, claro, habrá que analizarlo y discutirlo (…) si eso da la oportunidad de que muchas personas salgan (de la cárcel), en buenahora”, eso dijo el señor Mondragón. La Comisión de estupefacientes de la ONU sesionará este mes para aprobar un nuevo documento en esa materia donde se perfila un alejamiento de las políticas persecutorias al consumo de drogas y un acercamiento a la regulación de su consumo dados los apabullantes resultados negativos de la visión punitiva para abordar el caso. El sonado acuerdo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del año pasado que declaró la inconstitucionalidad de la ‘‘prohibición absoluta’’ del consumo de mariguana, al conceder un amparo –que beneficia exclusivamente a cuatro quejosos– para que consuman, siembren, cultiven, cosechen, preparen, posean y transporten la yerba para autoconsumo lúdico y recreativo ya abrió la puerta para solicitudes similares de decenas de personas con lo que se sentará jurisprudencia y será prácticamente imposible que cualquier reglamentación que modifique la Ley de Salud pase por alto este trascendental acuerdo del tribunal. Es interesante observar los argumentos de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero quien agregó que la SCJ  ha reconocido el alcance de la libertad de la persona para decidir cuestiones como ‘‘la reasignación sexual, el aborto incausado –cuando no hay una causa específica en la ley– o el matrimonio igualitario’’, donde las personas llevan el rumbo de sus vidas asumiendo elecciones por más que puedan ser cuestionadas bajo una óptica moral”. Así el acuerdo de la SCJ tiene como base casi “exclusivamente” la no intromisión estatal frente a las libertades individuales como es consumir lo que se le antoje siempre que no afecte a terceros. Es decir, el enfoque de las libertades individuales se suma a los otros criterios antes argumentados como los que hemos insistido antes en este espacio en el sentido de que la violencia y poder corruptor del crimen organizado no se aplacarán manteniendo a las fuerzas armadas en las calles ni con nuevas corporaciones tan corruptibles como las existentes. Al crimen organizado se le combatirá pegándole donde más le duele: acabando con el mercado negro de las drogas, que es la fuente de su enriquecimiento y poder.