El negro capítulo de los cuarentaitrés normalistas desaparecidos en Iguala desde septiembre ha desencadenado eventos que nadie hubiera pronosticado hace apenas tres meses, cuando el triunfalismo gubernamental por la aprobación de las reformas estructurales llenaba las páginas de los diarios y todos los espacios informativos nacionales. Las implicaciones y redes involucradas en la tragedia guerrerense son todavía desconocidas. Paradójicamente la aparición del procurador general Mirillo Karam para dar a conocer los avances en la investigación parece que hizo surgir más dudas que certezas, entre ellas el grado de responsabilidad de las instituciones del Estado nacional en el crimen colectivo. Un sector de la sociedad señala directamente al gobierno en su conjunto (denominándolo “Estado”) como responsable o culpable. Se pueden observar pintas y calcamonías con la leyenda de quienes simpatizan con esa idea: “Ayotzinapa, fue el Estado”. Como consigna espectacular y propagandística puede funcionar, pero lamentablemente no ayuda a aclarar nada. En cambio sí confunde y tergiversa la realidad. Debe quedar como premisa básica en este posible debate que los responsables directos, materiales e intelectuales, fueron miembros de una organización criminal presumiblemente ligada al negocio del narcotráfico. Todo parece indicar que José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, sea parte de esa organización, pero de ahí extender la liga hasta hacer responsable a todo el estado mexicano es una exageración fuera de toda proporción y lógica, por más que nos choque la ineficiencia y torpeza de los titulares de Gobernación y de la Procuraduría.
Para calificar y señalar sin duda alguna a los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es necesario revisar la historia de las desapariciones forzadas, por lo menos de las últimas décadas. A principios de los años setenta del siglo pasado surgieron en el país varias organizaciones guerrilleras de las cuales la Liga Comunista 23 de septiembre fue la más conocida. Con una larga trayectoria en el espionaje político y la persecución de opositores Fernando Gutiérrez Barrios desde la Subsecretaría de Gobernación operó la Brigada Blanca (o Brigada Especial) cuyo propósito fue desarticular y acabar con la guerrilla en el país en aquel momento. En la integración de dicha brigada participaron varias instituciones federales, especialmente la Dirección Federal de Seguridad (de la cual Gutiérrez Barrios había sido titular durante el gobierno de Díaz Ordaz), la Procuraduría y el Ejército. Sus instalaciones centrales estaban en el Campo militar 1 pero poseía varias casas de seguridad y autoridad para incursionar en todas las cárceles. Integraron a la Brigada blanca casi trescientas personas y poseían vehículos y armas especiales. Existen testimonios de los métodos de tortura que empleó la Brigada Blanca para obtener información de los detenidos, también hay testimonios de los sobrevivientes de habar visto todavía con vida durante esos interrogatorios a muchas personas que después no aparecerían. Rosario Ibarra de Piedra a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en Monterrey creo el Comité Pro defensa de los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos en 1977. En un largo peregrinar por oficinas gubernamentales, cárceles y sitios extralegales de detención constató la compleja estructura del Estado mexicano creó para combatir a la guerrilla. También constató que la cifra de desaparecidos al final de esa década era de más de cuatrocientos. Muchos de ellos detenidos por la Brigada Blanca o miembros de la Dirección Federal de Seguridad. También logró que 148 personas consideradas como desaparecidas fueran presentadas con vida. Todas ellas detenidas por el gobierno en lugares extralegales y confinadas en condiciones infrahumanas. A pesar de las pruebas contundentes de la participación del gobierno en el uso de la tortura, la detención ilegal y la desaparición de personas nunca se juzgó ni sentenció a nadie por tales crímenes y delitos. Miguel Nazar Haro, prominente jefe de la Brigada Blanca fue detenido en 2004 bajo la acusación de haber asesinado a varios miembros de grupos guerrilleros pero en 2006 fue absuelto por un tribunal unitario. He ahí un caso de cuando el Estado mexicano efectivamente fue responsable directo y ejecutor de desapariciones y asesinatos contra ciudadanos mexicanos. En el caso de Ayotzinapa se puede señalar a parte del Estado mexicano de omiso, ineficiente e inepto en las investigaciones, pero los responsables, seamos claros son las organizaciones criminales que detuvieron y presumiblemente asesinaron a los normalistas. Por eso resulta urgente que el Estado presente a la mayor brevedad a toda la estructura delincuencial que participó en la tragedia de Iguala y explique sin lugar a dudas los móviles de tal brutalidad. Sólo así se deslindarán efectivamente las responsabilidades.
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