Alejandro Alvarez
Parte I
Relacionado de manera inocultable con el grupo político perredista hoy en desgracia, César Uzcanga Amador fue declarado formalmente preso la semana pasada acusado de fraude específico agravado, despojo y otros en agravio de residentes del predio La Ballena y propietarios del ejido San José en San José del Cabo. Dos destacadas feministas Rosa Delia Cota y Dolores Padierna, dirigentes perredistas local y nacional respectivamente, vienen a tratar de jugarnos el dedo en la boca con el cuento de que el tal Uzcanga no era militante perredista (ajá). Por lo menos durante los últimos doce años de activismo político el presunto delincuente (así se debe decir para no caer en “difamación”) fue operador político del PRD bajo las órdenes directas de sus dirigentes que, como se sabe, ordenaban (y ordenan) cuándo salir o entrar a un partido u otro en conveniencia con los intereses del caudillo que les truene el látigo. Leonel Cota en su momento dio la orden para integrar al PRD a los petistas o convergentes o aliancistas que consideraba necesarios en esas filas, a otros los mantuvo en distintos partido esperando sus instrucciones. En ese carácter de títere o pelele (como les llama su máximo mesías López Obrador) Uzcanga llevaba y traía contingentes para inclinar votaciones en cuanto proceso era necesario. Así, por ejemplo, hizo candidato a Luis Armando Díaz a presidente municipal primero y a gobernador después. Así hizo diputado federal a Víctor Castro. Así acarreó electores para favorecer a Narciso Agúndez como precandidato primero y candidato a gobernador después. Y ahora vienen Rosa Delia y Dolores a decirnos que no era perredista. Si como no. Se sabe que el hilo se rompe por lo más delgado, así el caso de César Uzcanga es la señal desde el nuevo grupo en el poder para mantener a raya a sus rivales, los titiriteros de Uzcanga. En el lance queda mal parado el poder judicial (empezando con el Tribunal Superior de Justicia) que no alcanza a explicar la tardanza en la ejecución de una aprehensión que debió proceder por lo menos hace tres años por hechos minuciosamente denunciados en su momento, las invasiones primero y después la venta ilegal de predios en San José del Cabo. Dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, las primeras denuncias de los delitos de Uzcanga fueron hechas por sus mismos cómplices. La señora Hermelinda Vargas se refirió así de manera pública en el año 2008: “El 17 de noviembre del año pasado (2007), un grupo de familias con necesidad de terreno convocadas por el regidor César Uzcanga Amador, a nombre de la Unión de Colonos Independientes, ingresaron al predio conocido como “Las Praderas” (después referido como La Ballena), con una extensión de 1750 hectáreas en la población de San José Viejo... El ingreso ocurre luego de tres meses de juntas realizadas en la casa del citado regidor, donde se le requirió a cada uno de los solicitantes de predios un depósito de 2 mil pesos a la cuenta personal del regidor, como enganche de un terreno que tendría un costo de 40 a 50 mil pesos…El acceso de los predios fue vigilado por una guardia permanente integrada, en su mayoría, por maleantes y drogadictos contratados de manera directa por la señora Yolanda Ramos García, con la anuencia del regidor César Uzcanga Amador quien entregaba el dinero para el pago de nómina…La conclusión de la primera etapa se logró una vez que se dio cauce a más de 2 mil solicitantes que hicieron depósito en la referida cuenta bancaria…A partir del 5 de diciembre (2007) se inicia el registro de solicitantes para una segunda etapa, a los que se requiere el depósito de cuatro mil pesos. Así se logran ingresar más de 15 millones de pesos de los cuales la mayor parte se depositó en la cuenta personal del regidor César Uzcanga Amador y el resto fue de dinero en efectivo que la misma gente entregó. Al haberse depositado anticipos de dos mil y cuatro mil pesos por un monto que sobrepasa los 15 millones de pesos se genera la sospecha de que la Unión de Colonos Independientes carece de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir del mes de enero del presente año (2008) se fue generando cada vez mayor inquietud entre la gente, misma que fue canalizada a través de las comisionadas (entre ellas Hermelinda Vargas Espino, la relatora). A partir de entonces, con ofertas de dinero en efectivo, compró a la mitad de las 16 comisionadas que me acompañaron desde el inicio en la entrega de terrenos y comenzó a contratar a delincuentes profesionales para perpetrar un genocidio dirigido contra mi persona (Hermelinda Vargas) y mis ayudantes”. Continuará.
La semana pasada fue declarado formalmente preso César Uzcanga. Públicamente denunciado desde el año 2008 por la señora Hermelinda Vargas, Uzcanga Amador perpetró la invasión de la parte del ejido San José conocido como predio La Ballena, desde su posición de regidor del Ayuntamiento de Los Cabos presidido por Luis Armando Díaz en el año 2007. Por el pago de anticipos de miles de lotes trazados en el predio invadido se pudieron haber cobrado cientos de millones de pesos cuyo reparto fue motivo de divisiones entre el grupo invasor. Una vez distanciado del que fue su socio, la señora Vargas fue sujeta a una persecución que casi termina en tragedia cuando el once de febrero de 2008 un grupo identificado con Uzcanga se apersonó en las oficinas de la señora Vargas quien así narró lo ocurrido: “A las 7 de la noche me encontraba en mi oficina junto con el señor Ramón Abad. En el área de cocina estaban Julio César Valenzuela, Carlos Reyes, Aurora Vargas Espino, Angélica Ceseña y sus dos hijos. En la parte exterior platicaban Cuauhtémoc Morgan, Ulises Gómez Ruíz, Christian González y el niño Amador Pérez. Fue cuando un grupo aproximado de entre 100 y 150 vándalos enmascarados con una formación de herradura atacaron mi oficina y armados con tubos, garrotes, machetes y cuchillos gritaban: ‘salgan, los vamos a matar a todos’. Uno de los primeros agredidos fue mi esposo Cuauhtémoc Morgan, quien fue derribado a garrotazos y golpeado por cinco personas, en tanto David Salas y Filemón Gil Rodríguez, a quienes pude reconocer, accionaron contra mi oficina sus armas de fuego con disparos que rozaban los techos de lámina”. En su momento, mediante desplegado público la agredida cuestionó al procurador Fernando González Rubio Cerecer “¿Por qué nunca intervinieron tus elementos en la emergencia que aquí narro? ¿Por qué no se hicieron dictámenes periciales? ¿Por qué no se ha iniciado una investigación al respecto? ¿Por qué permitiste la liberación de David Salas ordenada por el regidor César Uzcanga? ¿Por qué tus agentes participan en un operativo ordenado por el regidor César Uzcanga ingresando al predio (23 de enero) y el lunes pasado (11 de febrero) ante la emergencia y los gritos de auxilio se negaron a hacerlo? ¿De dónde salieron tantas armas de fuego? ¿A quién le rindes cuentas, al gobernador o al regidor César Uzcanga?” y después espetó a Joel Cota Ruiz director de seguridad pública de Los Cabos: “¿Por qué nunca intervinieron tus elementos en la emergencia? ¿Por qué permaneciste a cinco cuadras de distancia con tus elementos, a pesar de los gritos de ayuda en el interior?”
Lo anterior fue un eslabón más de una cadena de complicidades y negocios sucios entre autoridades municipales, agentes del ministerio público, jueces y notarios, colgados de un mega fraude a partir de la invasión de miles de hectáreas del ejido San José sustentada en el hecho de que César Uzcanga Amador fingió en octubre de 2007 un contrato de compra venta del predio La Ballena en la notaría de Karim Martínez Lizárraga, donde supuestamente pagaron un millón de pesos a Martín Ceseña Cosío (hermano de Alberto Ceseña Cosío, secretario particular de Narciso Agúndez) quien se ostentó como propietario del predio invadido.
Francisco Javier Hirales Osuna, apoderado legal del ejido San José, documentó en su momento la serie de personas implicadas en esta trama delincuencial: Guillermo Marrón Rosas director del Registro Público quien registró el titulo del predio La Ballena que carecía de antecedentes registrales y no cumplía con los requisitos de ley para hacerlo, David Green Moreno, director de Catastro, quien hizo las manifestaciones del título y otorgó las claves catastrales, José Manuel Curiel y José Luis Cortés directores municipales de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, Héctor Homero Bautista, magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la violación de garantías, Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, agente del Ministerio Público por no acatar los principios de legalidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, Karim Martínez Lizárraga, como notario público primero y como procurador después, por encubrir un acto fraudulento de compra venta y finalmente contra Narciso Agúndez, Fernando González Rubio Cerecer y Luis Armando Díaz como autoridades de gobierno bajo cuya administración se ejecutó impunemente el ilícito. Por eso dijimos al inicio de esta nota que Uzcanga (ex diputado bendecido por Leonel Cota y ex regidor bajo el mando de Luis Armando Díaz) es sólo la rotura del hilo por lo más delgado. Si la justicia funcionara al menos otras dos decenas de pájaros de cuenta debieran estar enjaulados.
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