DENISE DRESSER:LA GRAN COMILONA

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Así vive un Diputado cualquiera. Todos los días. Con un ingreso mensual llamado “dieta” de 77 mil 745 pesos. Con algo denominado “asistencia legislativa” de 45 mil 786 mensuales sobre los cuales no tiene que rendir cuentas. Con una cantidad no especificada para la “atención ciudadana” cuyo destino tampoco necesita explicar. Cada mes un legislador destina a su cartera 153 mil 203 pesos, acompañanados de vales para el consumo de alimentos, tarjetas IAVE, boletos de avión para ostensiblemente regresar a su distrito, apoyo para la contratación de asesores, seguro de vida, seguro médico, aguinaldo y fondo de ahorro. Asegurándose así una vida privilegiada. Opulenta. El financiamiento para la frivolidad.

El financiamiento para la gran comilona, como el título de aquella vieja película italiana de Marco Ferreri. La falta de control en los recursos del Congreso, reportada recientemente por Carmen Aristegui, que permite a diputados y senadores comprar artículos de aseo personal. O bolsas de diseñador para su uso personal. O comidas de lujo. O juegos de cubiertos, joyería, boleadas de zapatos o servicios de tintorería. Como el senador Ernesto Cordero, quien al frente de la bancada del PAN en el Senado en 2013, compró -con los recursos del erario- champú contra la caída del cabello, objetos de aseo personal y una bolsa Louis Vuitton. Como su compañero de bancada, Jorge Lavalle Maury, quien cargó al presupuesto de la bancada nueve comidas cuyo gasto total fue de casi 68 mil pesos. Tan sólo una de estas comidas tuvo un costo de 14 mil pesos. Pagada con los impuestos de los lectores de este texto.

Y sería nada más el escándalo de la semana si no revelara un problema mucho más profundo. La total falta de control sobre qué hace y cómo gasta el Congreso. La absoluta falta de respuesta a la investigación del CIDE, “¿A quién le rinde cuentas el Poder Legislativo?”. Convirtiendo así al Congreso en un archipiélago de arbitrariedad. En un océano de opacidad. En un recinto donde muchos se suben a la tribuna para vociferar, pero pocos mueven un dedo para esclarecer. Nuestros representantes no son sancionados si vacacionan durante periodos extraordinarios, si aprueban la cuenta pública fuera de tiempo, si reciben bonos por aprobar reformas estructurales, si se van anualmente a Las Vegas a costa del erario, si se reparten el remanente del presupuesto al final del año de manera discrecional.
Muchos pensábamos que la reelección erigiría un límite de contención a la voracidad. Que generaría incentivos para representar y no sólo aprovecharse. Pero dados los tiempos y las peculiaridades y los controles que la ley permitiendo el tránsito a la reelección establece, no queda claro que sea un control suficiente. La información del Congreso sigue siendo resguardada, los instrumentos de vigilancia son débiles o inexistentes. La iniciativas para introducir mecanismos de transparencia o control languidecen en comités legislativos, empolvándose. Permitiendo entonces que los legisladores gasten pero no representen. Disfruten comidas de 14 mil pesos pero no logren articular una oración con sujeto, verbo y predicado parados en la tribuna. Abusen pero no respondan a los reclamos más básicos sobre cuál será el impacto de las reformas que acaban de aprobar. Compren bolsas Louis Vuitton pero no puedan explicar en qué condiciones van a vender el espectro radioeléctrico o el petróleo.

Mientras tanto, Ricardo Monreal -diputado de Movimiento Ciudadano- revela que San Lázaro estudia una propuesta para dar a cada legislador un millón de pesos como “bono por desempeño”. Una iniciativa para aumentar en 30% para 2015 los gastos del recinto legislativo para quedar en 8 mil 821 millones de pesos. Una propuesta para atender los “nuevos gastos” del Congreso como 4.5 millones de pesos para transporte de los diputados, 114 millones en bonos de fin de Legislatura para empleados, 285 millones en aumentos de honorarios y 250 millones en liquidaciones. Y el pilón: 100 millones más para una partida etiquetada como “subvención especial febrero 2014”. Como la “subvención especial” -¿el soborno?- que acompañó la aprobación de las reformas estructurales en este último periodo legislativo. Gastos opacos, cuestionables, discrecionales que van erosionando la calidad y la credibilidad del sistema legislativo. Gastos que transforman la democracia representativa en una cleptocracia rotativa. O en una comilona sin fin.

PD Con respecto a la supuesta “venta” de mi columna, aviso que nadie me llegó al precio y jamás será el caso