Solicitará investigación a la PGR
En Baja California Sur, el Secretario General de Gobierno, el Procurador de Justicia del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, negaron que ellos o su personal hayan tenido contacto con Teodoro García Simental, a pesar que autos con logos oficiales hayan sido vistos en el domicilio del hampón. También aseguraron que en la investigación contra el narcotraficante el gabinete de seguridad del Gobernador Agúndez está colaborando con la SIEDO de manera coordinada y han contribuido a la detención de cómplices.
Rosario Mosso Castro
Esta semana, el Gobernador del Estado de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, solicitará a la Procuraduría General de la República, una investigación que incluya a Fernando González Rubio Cerecer, Procurador General de Justicia del Estado, Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, Secretario de Seguridad Pública del Estado y Luis Armando Díaz, Secretario General de Gobierno.
La intención del gobernante es deslindar responsabilidades. Aclarar ante la opinión pública si las autoridades bajo su cargo, generaron o no, la impunidad que permitía al criminal del cártel Arellano Félix, Teodoro García Simental, vivir con tranquilidad en la capital del estado y socializar en la comunidad.
Sin embargo, el titular del poder ejecutivo sudcaliforniano, adelantó que confía en su personal y en el equipo que los rodea. Aseguró que la situación de su gobierno no es en nada equiparable a la de Michoacán, donde varios funcionarios siguen detenidos por nexos con el crimen organizado. Pero si alguno de sus empleados es llamado por la autoridad competente, todos estarán a disposición y tendrán asegurados sus trabajos a menos que sean consignados.
ZETA tuvo una entrevista con el mandatario el martes 2 de febrero en las oficinas del Gobernador Agúndez, en donde estuvieron presentes el procurador, el secretario de seguridad, el secretario general y el director de comunicación Antonio Alcántar.
De manera conjunta reconocieron que no fueron notificados del operativo, pero afirmaron haber dado apoyo mientras éste se ejecutó y después haber colaborado con detenciones.
Afirmaron que la aprehensión que hizo el estado, de Saúl Caballero Villagómez, quien se presentó a la casa del criminal con una carta poder para tratar de sacar unos carros del inmueble, está apoyando en el seguimiento de la indagatoria contra la célula del homicida y narcotraficante.
La investigación
“Primero quiero decirles que todo lo que le beneficie o perjudique al estado tenemos que atender y hemos sido muy tolerantes nosotros en cuanto a la crítica, a la crítica constructiva, y la crítica que no es constructiva la desechamos, ¿no? Pero si en este caso de la detención de esta persona, pues sí nos inquieto un poco, la verdad es que inmediatamente tuve comunicación con el propio procurador, el secretario de seguridad y por supuesto el secretario general de gobierno.
“Ellos dicen para aclarar, estamos a sus órdenes para lo que usted decida, una investigación de la autoridad federal o quien sea la competente, nos consideramos que estamos limpios de cualquier relación, no queremos manchar la imagen de la institución”, declaró de entrada el Gobernador en referencia a los señalamientos públicos de que personal al servicio de los funcionarios mencionados tenía contacto con el capo del cártel Arellano Félix.
“Entonces fue lo primero que hicieron los tres, para aclarar que no. Igual por su puesto el gobernador estaría para cualquier necesidad de la autoridad competente para cualquier investigación”.
Después manifestó haber estado a punto de solicitar personalmente al Procurador General de la República una indagatoria. ZETA le preguntó si lo haría y agregó: “Lo voy a solicitar porque no podemos estar a que a alguien se les ocurra señalarnos nada más porque sí. Estamos en un momento político, y yo creo que mucho va de la cuestión política y eso es lo que no queremos, que venga la cuestión política a dañar la imagen de un gobierno, que hasta ahorita ha sido limpio, transparente en el aspecto de la seguridad pública o de los nexos.”
¿Cuándo la solicitará?, se le pregunta: “Pues muy pronto, esta semana seguramente”
Respecto a si ya consideró la posibilidad de retirar de sus cargos a los funcionarios señalados públicamente dijo no: “Hay absoluta confianza en ellos”.
Tampoco considera factible que la PGR llegue y se lleven a varios funcionarios para investigación: “No, absolutamente, no son condiciones similares para nada.
“Hasta ahorita nadie ha salido implicado en algún acto de corrupción de narcotráfico en el estado, y eso lo vamos a seguir cuidando y vigilando porque es una de las altísimas prioridades de nuestro gobierno”, recalcó.
Los señalamientos
El contenido de la investigación tras la captura de García Simental coincidió con las versiones de los vecinos del fraccionamiento Fidepaz en la capital del estado, al señalar que personas en vehículos con logos oficiales visitaban la casa y al delincuente con cierta periodicidad.
Se trataba, presuntamente de personal cercano al procurador y a los secretarios, el de seguridad y el general de gobierno. Sin embargo, los tres titulares de área afirmaron confiar plenamente en su personal y en el caso del gabinete de seguridad, la credibilidad del personal está basada en los exámenes de control de confianza que se realizaron en enero y noviembre del año 2009.
En la procuraduría aprobaron el 58 por ciento del personal remitido y en la Secretaría de Seguridad el licenciado Lenin Rodríguez no dio números, destacó que Baja California Sur cuenta con la primera generación de cadetes que pasaron por exámenes de control de confianza antes de ingresar a la academia, de 120 aspirantes 84 reprobaron los exámenes de confianza.
Del personal que fue calificado como no recomendable, aseguraron no está trabajando en los equipos cercanos, fueron canalizados a puestos donde tienen acotadas las funciones, esperando que en este mes de febrero se instale el Consejo de Honor y Justicia para decidir qué van hacer con ellos.
En búsqueda de credibilidad, también informaron que la mayoría de las personas que tiene contratadas son ex militares, ex marinos, y personas con una carrera profesional.
“Hay un control estricto desde la contratación de nuestro personal, a partir de la suscripción del convenio por la seguridad en el que participan los propios gobernadores, el presidente de la república, la creación del Centro Estatal de Control de Confianza. Con la rotación constante y periódica de nuestro personal en todas las agencias, en todas las comandancias. El trabajo que nos hace nuestra propia contraloría de cada uno de los servidores públicos cada vez que se ven relacionados con alguna situación que pudiera considerase como acto contrario en el ámbito administrativo, o bien contrario en materia penal”, detalló Fernando González Rubio Cerecer, Procurador General de Justicia del Estado.
“Yo definitivamente descarto que cualquier miembro cercano de mi equipo de trabajo pudiera haber estado o visitado ese domicilio, toda vez que precisamente hemos privilegiado la calidad por la cantidad, el Grupo de Reacción Inmediata de la Secretaría está integrado solamente por 15 elementos, todos en su totalidad de ex militares recomendados por Tercera Zona Militar, examinados a profundidad en cuanto al control de confianza”.
Luis Armando Díaz, Secretario General de Gobierno indicó que en materia de seguridad a él sólo le corresponde coordinarse con el Procurador en temas presupuestos que a veces representa al Gobernador en las juntas del Grupo Coordinación. Y al igual que sus compañeros de gabinete: “Confío en mi equipo de trabajo”.
A pregunta expresa Díaz, a quien han señalado de ser originario de El Salvador y tener nexos con la Mara Salvatrucha, aseguró ser mexicano y tijuanense: “Soy mexicano 100 por ciento, es un asunto resuelto y me da mucha vergüenza que se toque ese tema, no puedo concebir cómo por la mentira de alguien, pongan en tela de duda tu nacionalidad, tu persona y tu moral, creo que no piensan que tiene familia también”.
Se le preguntó al Gobernador si él había constatado la nacionalidad en un acta de nacimiento y respondió: “Es altamente confiable”.
Agúndez Montaño informó que al contratarlo, también sabía que en Baja California Díaz había estado encarcelado por el delito de “despojo y daños en propiedad ajena dolosos: “Pero también fui absuelto, ese asunto también está resuelto”, declaró el secretario General.
La indagatoria del Teo
En cuanto a la desconfianza manifiesta por parte de la federación al ejecutar el operativo de captura de Teodoro García Simental el 12 de enero sin avisar a ninguna de las autoridades que operan en el estado, los funcionarios aseguraron que no existe y han trabajado de manera coordinada con la SIEDO.
El Secretario de Seguridad Lenin Rodríguez reiteró como ha venido haciéndolo en la última semana, que el estado se dio cuenta del arribo de las fuerzas federales una hora antes de operativo, a través del sistema de vídeo vigilancia y que la mayor muestra de que el gobierno local no apoyaba la presencia de este capo fue que no hubo fuga de información y el operativo fue exitoso.
Después refirió que la policía estatal apoyó el operativo: “Definitivamente, que los elementos de la policía estatal estuvieron en las inmediaciones, tuvimos este intercambio y colaboración, en la cuestión de la logística, de ayudar a taponear las calles”. ¿Cuándo les pidieron apoyo? Se le interrogó: “Nunca se pidió el apoyo, el personal se apersonó precisamente en el lugar porque el C4 recibió muchas llamadas de parte de los ciudadanos y precisamente hicimos acto de presencia por esa razón”, reconoció.
Como otra muestra de la confianza que dicen tener del Gobierno Federal, los titulares del gabinete de seguridad explicaron que la casa de “El Teo” les fue entregada en custodia. Aunque eso sucedió 3 ó 4 días después que se dieron cuenta que se había convertido en botín para otros delincuentes.
Como responsables de cuidar el inmueble, la Policía Estatal detuvo a Saúl Caballero Villagómez: “…quien ostentaba poderes para tener el dominio del inmueble, los objetos que había dentro, sacó algunos vehículos del interior del inmueble, y una vez que se analizan los documentos se encontraron imperfecciones, no había coincidencia jurídica, por lo tanto, desde el punto de vista nuestro se configuraba un delito”, detalló Rodríguez.
“Cuando nos ponen a disposición a Caballero, tomamos contacto de inmediato con la maestra Maricela, la Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y ella nos refiere que personal que anda haciendo una diligencia estará con nosotros en la oficina, estuvieron, revisaron los expedientes, el expediente este que nosotros aperturamos por robo de vehículo, porque él reconoció que al ser detenido estaba sacando uno de los autos del inmueble”, abundó el Procurador, Fernando González Rubio.
Con Caballero fueron detenidos David Rodrigo Valencia Cota y Fidel López Ontiveros, gestores de seguridad y tránsito municipal que no trabajan para la corporación pero que tienen sus oficinas y son los que hacen trámites de placas y licencias. Tienen sus oficinas en las inmediaciones de Seguridad y Tránsito Público, éstos quedaron en libertad y la procuraduría apeló, pero todavía no hay repuesta.
Además están otras dos averiguaciones previas mencionadas en ediciones anteriores por robo: en una de ellas la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal puso a disposición a dos jóvenes que habían sustraído ropa y pantallas planas del domicilio, y otra, porque policías municipales vieron a personas salir de la casa tirando cosas a la calle, pero no hubo detenidos.
Cuando se les preguntó si los consignados por el estado tenían antecedentes delictivos, el secretario Lenin Rodríguez puntualizó: “Sí hay antecedentes, obviamente yo creo que se comenta, pero no se pueden hacer públicos porque ellos están investigando, no por nada se hace una atención de este tipo.
“A veces uno tiene que aguantar lo que se publique en los medios, pero tampoco puede uno salir y decir oye, tengo esta comunicación o estoy observando algo, porque lo que uno protege es el éxito de una investigación y a veces tiene uno que permanecer callado, pero ahí están las constancias como dijo el Procurador, hemos estado en franca coordinación muy dinámica con la federación”.
Sin embargo, después de los tres ladrones detenidos en flagrancia, no se han dado mayores capturas, y Caballero hasta el momento sólo está consignado por robo de auto. Nada se ha dicho de la validez o no de las cartas poder que llevaba, a quién representaba ni qué se ha indagado del supuesto propietario del vehículo en cuestión, un sujeto de nombre Jorge Romero Altamirano.
ZETA le preguntó al Procurador vía telefónica y electrónica, el licenciado Rubio quedó en responder pero no lo hizo.
Situaciones esporádicas
Cada vez que un capo es detenido en Baja California Sur, el argumento de la autoridad estatal es que se trata de hechos aislados. Pero “ocasionalmente” han sido detenidos en este gobierno cuatro lugartenientes del cártel Arellano, incluido uno de los hermanos. Y en coordinación estado y federación, el subteniente Tinoco, uno de los gatilleros más importantes del Cártel de Sinaloa y un ejecutor de la mafia que asesinaba en Florida, Estados Unidos.
Pero el gobernador insiste: “Yo quiero decirle una cosa: que este estado afortunadamente es de los estados más seguros del país, porque afortunadamente no se han infiltrado los grandes narcos en esta región, sí le puedo decir, lo han tomado como descanso y ahí está el Tigrillo, el tal Gus y ahora este amigo. Tan descanso que ni siquiera tenían protección estas personas, porque es un estado tranquilo”.
Pero lo que Agúndez ve como tranquilidad, también es considerada impunidad, porque García Simental se sentía tan seguro que ni siquiera se inquietó al escuchar llegar un avión antes de las siete de la mañana, hora en que inicia actividades el aeropuerto de La Paz.
Finalmente, el ejecutivo refirió las desventajas: “El estar muy, pero muy cercanos a Sinaloa somos muy vulnerables y por y otro lado Tijuana o Baja California Norte, o sea, muy vulnerables. Afortunadamente todavía tenemos esa tranquilidad, esa paz social en Baja California Sur; creo que es el gobernador que anda más tranquilo, casi solo siempre, sin ninguna protección, porque afortunadamente mi conciencia está muy tranquila”.
– Gobernador, dijo que estos criminales sólo vienen a vacacionar. Pero han habido datos de que algunos secuestros de la localidad están relacionados con “El Teo” y su gente.
“Eso yo no lo sé. Negativo, no tenemos ningún asunto, en el intercambio de información que tenemos en el Gabinete de Seguridad Pública que nos haga vincular algún hecho ocurrido en el Estado con las actividades de esta persona”, respaldó el Secretario de Seguridad.
–¿El narcomenudeo en la región tampoco está relacionado con la gente que sólo viene de vacaciones?
“Pues, yo podría comentar que es gente que se dedica a otro tipo de delincuencia organizada, estructurada y afortunadamente el narcomenudeo que enfrentamos en el estado son células minúsculas que hemos podido estar neutralizando”, planteó Lenin Rodríguez.
–En 2008 la Procuraduría de la República mencionó la zona de Los Cabos, La Paz y Mulegé como refugio de criminales. ¿Esta condición permanece?
“No sabemos, pero hasta ahorita no hemos detectado este tipo de personas; se diera confrontación, se dieran problemas internos. Difícilmente se pueden resguardar en Tijuana, Michoacán, Culiacán, porque hay grupos rivales. Aquí pueden pasar desapercibidos”, contestó el Gobernador.
“En las zonas mencionadas hay inversionistas de diferentes partes del país y esto puede servirles de estrategias para pasar desapercibidos. En zonas residenciales, viviendas en playas, que para seguridad pública es muy difícil tener información, es gente que llega en un avión y se transporta en un helicóptero, se ubica en un inmueble y nosotros no tenemos conocimientos, esas ubicaciones sólo se pueden obtener a través de la redes de comunicación e investigación que opera la federación donde tiene datos precisos para esas capturas”, completó el Secretario de Seguridad.
–Gobernador, ¿estas personas están o no están operando aquí?
“Ellos son las autoridades”, respondió señalando a los titulares de su gabinete de seguridad.
El secretario tomó la palabra: “Nosotros sentimos que no están operando, insistimos en la idea de que toman Baja California Sur como un sitio de descanso donde buscan pasar desapercibos.
Blindaje
El blindaje es un programa exclusivo de Baja California en el cual se invirtieron 150 millones de pesos el año pasado y este 2010 costará 200 millones de pesos. Por sus condiciones geográficas de aislamiento, instalaron tres retenes con instalaciones para tomar huellas digitales y fotos que se pueden comparar en tiempo real con la información de delincuentes que tiene el programa de Plataforma México.
Los instalaron en los puertos de Santa Rosalía, de Pichilingue, y por tierra en la carretera a la altura de San Ignacio, en la parte norte del estado que es el único sitio donde no se puede vulnerar la carretera; ahí está el Ejército, las procuradurías y las secretarías. Esto se hizo el año pasado.
“El hecho de que hayamos instalados estas revisiones, inhibe que vengan o que pasen por ahí. En el caso del aeropuerto no hemos podido implementar porque cuesta mucho tener el personal y montón de cosas que instalar, y estamos viendo que pueda ser con recursos del fondo de seguridad hasta donde podamos, porque también es el problema de las cargas de nómina que al rato no puede uno con ellas”, refirió el Gobernador.
“Por tierra el blindaje se continuó con la instalación de cámaras de video-vigilancia, cerca de 50 en La Paz, 40 y tantas en Los Cabos y Cabo San Lucas. En este año pretendemos que tengan San José del Cabo y unas cuantitas en Ciudad Constitución, por lo menos en las zonas más conflictivas; a lo mejor Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro.
“Esto con la idea de tener a la entrada al estado o en el transcurso al estado o en las salidas de todas las ciudades, con la idea de tener del vehículo cuando menos las placas, la información, o sencillamente otro tipo de delitos: robo de vehículo, comercio, y esto nos ayuda a ser más eficientes en la investigación. Un ejemplo: Nos robaron a nosotros en la construcción de escuelas y los detuvimos con las cámaras. Ahora en el caso de Cabo San Lucas, que también lo pretendemos hacer en La Paz, es que los propios empresarios puedan tener su propia cámara y tener nosotros el control de la vigilancia.
–¿Qué pudo haber fallado al no detectar el ingreso de García Simental u otras persona de ocupación similar?
“Sencillamente en el aeropuertos no tenemos todavía la video-vigilancia; ahí revisa el Ejército, Migración y PFP.
“Incluso su propia fisonomía es distinta totalmente a los retratos”, agregó Antonio Alcántar, Director de Comunicación.
“Y habría que comentar que la delincuencia, y más la organizada, tiene también actividades de contra-inteligencia. No olvidemos que vulneran la frontera más vigilada del mundo que es la de Estados Unidos y que un esfuerzo como éste nos ha dado muchos resultados.
Pero insistieron respecto al blindaje: “Creemos que no puede descalificarse un programa que recién inicia y que ha tenidos sus méritos y resultados por la detección de alguien que seguramente opera un sistema de contra-inteligencia que le permite evadir”.
Rosario Mosso Castro
Esta semana, el Gobernador del Estado de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, solicitará a la Procuraduría General de la República, una investigación que incluya a Fernando González Rubio Cerecer, Procurador General de Justicia del Estado, Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, Secretario de Seguridad Pública del Estado y Luis Armando Díaz, Secretario General de Gobierno.
La intención del gobernante es deslindar responsabilidades. Aclarar ante la opinión pública si las autoridades bajo su cargo, generaron o no, la impunidad que permitía al criminal del cártel Arellano Félix, Teodoro García Simental, vivir con tranquilidad en la capital del estado y socializar en la comunidad.
Sin embargo, el titular del poder ejecutivo sudcaliforniano, adelantó que confía en su personal y en el equipo que los rodea. Aseguró que la situación de su gobierno no es en nada equiparable a la de Michoacán, donde varios funcionarios siguen detenidos por nexos con el crimen organizado. Pero si alguno de sus empleados es llamado por la autoridad competente, todos estarán a disposición y tendrán asegurados sus trabajos a menos que sean consignados.
ZETA tuvo una entrevista con el mandatario el martes 2 de febrero en las oficinas del Gobernador Agúndez, en donde estuvieron presentes el procurador, el secretario de seguridad, el secretario general y el director de comunicación Antonio Alcántar.
De manera conjunta reconocieron que no fueron notificados del operativo, pero afirmaron haber dado apoyo mientras éste se ejecutó y después haber colaborado con detenciones.
Afirmaron que la aprehensión que hizo el estado, de Saúl Caballero Villagómez, quien se presentó a la casa del criminal con una carta poder para tratar de sacar unos carros del inmueble, está apoyando en el seguimiento de la indagatoria contra la célula del homicida y narcotraficante.
La investigación
“Primero quiero decirles que todo lo que le beneficie o perjudique al estado tenemos que atender y hemos sido muy tolerantes nosotros en cuanto a la crítica, a la crítica constructiva, y la crítica que no es constructiva la desechamos, ¿no? Pero si en este caso de la detención de esta persona, pues sí nos inquieto un poco, la verdad es que inmediatamente tuve comunicación con el propio procurador, el secretario de seguridad y por supuesto el secretario general de gobierno.
“Ellos dicen para aclarar, estamos a sus órdenes para lo que usted decida, una investigación de la autoridad federal o quien sea la competente, nos consideramos que estamos limpios de cualquier relación, no queremos manchar la imagen de la institución”, declaró de entrada el Gobernador en referencia a los señalamientos públicos de que personal al servicio de los funcionarios mencionados tenía contacto con el capo del cártel Arellano Félix.
“Entonces fue lo primero que hicieron los tres, para aclarar que no. Igual por su puesto el gobernador estaría para cualquier necesidad de la autoridad competente para cualquier investigación”.
Después manifestó haber estado a punto de solicitar personalmente al Procurador General de la República una indagatoria. ZETA le preguntó si lo haría y agregó: “Lo voy a solicitar porque no podemos estar a que a alguien se les ocurra señalarnos nada más porque sí. Estamos en un momento político, y yo creo que mucho va de la cuestión política y eso es lo que no queremos, que venga la cuestión política a dañar la imagen de un gobierno, que hasta ahorita ha sido limpio, transparente en el aspecto de la seguridad pública o de los nexos.”
¿Cuándo la solicitará?, se le pregunta: “Pues muy pronto, esta semana seguramente”
Respecto a si ya consideró la posibilidad de retirar de sus cargos a los funcionarios señalados públicamente dijo no: “Hay absoluta confianza en ellos”.
Tampoco considera factible que la PGR llegue y se lleven a varios funcionarios para investigación: “No, absolutamente, no son condiciones similares para nada.
“Hasta ahorita nadie ha salido implicado en algún acto de corrupción de narcotráfico en el estado, y eso lo vamos a seguir cuidando y vigilando porque es una de las altísimas prioridades de nuestro gobierno”, recalcó.
Los señalamientos
El contenido de la investigación tras la captura de García Simental coincidió con las versiones de los vecinos del fraccionamiento Fidepaz en la capital del estado, al señalar que personas en vehículos con logos oficiales visitaban la casa y al delincuente con cierta periodicidad.
Se trataba, presuntamente de personal cercano al procurador y a los secretarios, el de seguridad y el general de gobierno. Sin embargo, los tres titulares de área afirmaron confiar plenamente en su personal y en el caso del gabinete de seguridad, la credibilidad del personal está basada en los exámenes de control de confianza que se realizaron en enero y noviembre del año 2009.
En la procuraduría aprobaron el 58 por ciento del personal remitido y en la Secretaría de Seguridad el licenciado Lenin Rodríguez no dio números, destacó que Baja California Sur cuenta con la primera generación de cadetes que pasaron por exámenes de control de confianza antes de ingresar a la academia, de 120 aspirantes 84 reprobaron los exámenes de confianza.
Del personal que fue calificado como no recomendable, aseguraron no está trabajando en los equipos cercanos, fueron canalizados a puestos donde tienen acotadas las funciones, esperando que en este mes de febrero se instale el Consejo de Honor y Justicia para decidir qué van hacer con ellos.
En búsqueda de credibilidad, también informaron que la mayoría de las personas que tiene contratadas son ex militares, ex marinos, y personas con una carrera profesional.
“Hay un control estricto desde la contratación de nuestro personal, a partir de la suscripción del convenio por la seguridad en el que participan los propios gobernadores, el presidente de la república, la creación del Centro Estatal de Control de Confianza. Con la rotación constante y periódica de nuestro personal en todas las agencias, en todas las comandancias. El trabajo que nos hace nuestra propia contraloría de cada uno de los servidores públicos cada vez que se ven relacionados con alguna situación que pudiera considerase como acto contrario en el ámbito administrativo, o bien contrario en materia penal”, detalló Fernando González Rubio Cerecer, Procurador General de Justicia del Estado.
“Yo definitivamente descarto que cualquier miembro cercano de mi equipo de trabajo pudiera haber estado o visitado ese domicilio, toda vez que precisamente hemos privilegiado la calidad por la cantidad, el Grupo de Reacción Inmediata de la Secretaría está integrado solamente por 15 elementos, todos en su totalidad de ex militares recomendados por Tercera Zona Militar, examinados a profundidad en cuanto al control de confianza”.
Luis Armando Díaz, Secretario General de Gobierno indicó que en materia de seguridad a él sólo le corresponde coordinarse con el Procurador en temas presupuestos que a veces representa al Gobernador en las juntas del Grupo Coordinación. Y al igual que sus compañeros de gabinete: “Confío en mi equipo de trabajo”.
A pregunta expresa Díaz, a quien han señalado de ser originario de El Salvador y tener nexos con la Mara Salvatrucha, aseguró ser mexicano y tijuanense: “Soy mexicano 100 por ciento, es un asunto resuelto y me da mucha vergüenza que se toque ese tema, no puedo concebir cómo por la mentira de alguien, pongan en tela de duda tu nacionalidad, tu persona y tu moral, creo que no piensan que tiene familia también”.
Se le preguntó al Gobernador si él había constatado la nacionalidad en un acta de nacimiento y respondió: “Es altamente confiable”.
Agúndez Montaño informó que al contratarlo, también sabía que en Baja California Díaz había estado encarcelado por el delito de “despojo y daños en propiedad ajena dolosos: “Pero también fui absuelto, ese asunto también está resuelto”, declaró el secretario General.
La indagatoria del Teo
En cuanto a la desconfianza manifiesta por parte de la federación al ejecutar el operativo de captura de Teodoro García Simental el 12 de enero sin avisar a ninguna de las autoridades que operan en el estado, los funcionarios aseguraron que no existe y han trabajado de manera coordinada con la SIEDO.
El Secretario de Seguridad Lenin Rodríguez reiteró como ha venido haciéndolo en la última semana, que el estado se dio cuenta del arribo de las fuerzas federales una hora antes de operativo, a través del sistema de vídeo vigilancia y que la mayor muestra de que el gobierno local no apoyaba la presencia de este capo fue que no hubo fuga de información y el operativo fue exitoso.
Después refirió que la policía estatal apoyó el operativo: “Definitivamente, que los elementos de la policía estatal estuvieron en las inmediaciones, tuvimos este intercambio y colaboración, en la cuestión de la logística, de ayudar a taponear las calles”. ¿Cuándo les pidieron apoyo? Se le interrogó: “Nunca se pidió el apoyo, el personal se apersonó precisamente en el lugar porque el C4 recibió muchas llamadas de parte de los ciudadanos y precisamente hicimos acto de presencia por esa razón”, reconoció.
Como otra muestra de la confianza que dicen tener del Gobierno Federal, los titulares del gabinete de seguridad explicaron que la casa de “El Teo” les fue entregada en custodia. Aunque eso sucedió 3 ó 4 días después que se dieron cuenta que se había convertido en botín para otros delincuentes.
Como responsables de cuidar el inmueble, la Policía Estatal detuvo a Saúl Caballero Villagómez: “…quien ostentaba poderes para tener el dominio del inmueble, los objetos que había dentro, sacó algunos vehículos del interior del inmueble, y una vez que se analizan los documentos se encontraron imperfecciones, no había coincidencia jurídica, por lo tanto, desde el punto de vista nuestro se configuraba un delito”, detalló Rodríguez.
“Cuando nos ponen a disposición a Caballero, tomamos contacto de inmediato con la maestra Maricela, la Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y ella nos refiere que personal que anda haciendo una diligencia estará con nosotros en la oficina, estuvieron, revisaron los expedientes, el expediente este que nosotros aperturamos por robo de vehículo, porque él reconoció que al ser detenido estaba sacando uno de los autos del inmueble”, abundó el Procurador, Fernando González Rubio.
Con Caballero fueron detenidos David Rodrigo Valencia Cota y Fidel López Ontiveros, gestores de seguridad y tránsito municipal que no trabajan para la corporación pero que tienen sus oficinas y son los que hacen trámites de placas y licencias. Tienen sus oficinas en las inmediaciones de Seguridad y Tránsito Público, éstos quedaron en libertad y la procuraduría apeló, pero todavía no hay repuesta.
Además están otras dos averiguaciones previas mencionadas en ediciones anteriores por robo: en una de ellas la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal puso a disposición a dos jóvenes que habían sustraído ropa y pantallas planas del domicilio, y otra, porque policías municipales vieron a personas salir de la casa tirando cosas a la calle, pero no hubo detenidos.
Cuando se les preguntó si los consignados por el estado tenían antecedentes delictivos, el secretario Lenin Rodríguez puntualizó: “Sí hay antecedentes, obviamente yo creo que se comenta, pero no se pueden hacer públicos porque ellos están investigando, no por nada se hace una atención de este tipo.
“A veces uno tiene que aguantar lo que se publique en los medios, pero tampoco puede uno salir y decir oye, tengo esta comunicación o estoy observando algo, porque lo que uno protege es el éxito de una investigación y a veces tiene uno que permanecer callado, pero ahí están las constancias como dijo el Procurador, hemos estado en franca coordinación muy dinámica con la federación”.
Sin embargo, después de los tres ladrones detenidos en flagrancia, no se han dado mayores capturas, y Caballero hasta el momento sólo está consignado por robo de auto. Nada se ha dicho de la validez o no de las cartas poder que llevaba, a quién representaba ni qué se ha indagado del supuesto propietario del vehículo en cuestión, un sujeto de nombre Jorge Romero Altamirano.
ZETA le preguntó al Procurador vía telefónica y electrónica, el licenciado Rubio quedó en responder pero no lo hizo.
Situaciones esporádicas
Cada vez que un capo es detenido en Baja California Sur, el argumento de la autoridad estatal es que se trata de hechos aislados. Pero “ocasionalmente” han sido detenidos en este gobierno cuatro lugartenientes del cártel Arellano, incluido uno de los hermanos. Y en coordinación estado y federación, el subteniente Tinoco, uno de los gatilleros más importantes del Cártel de Sinaloa y un ejecutor de la mafia que asesinaba en Florida, Estados Unidos.
Pero el gobernador insiste: “Yo quiero decirle una cosa: que este estado afortunadamente es de los estados más seguros del país, porque afortunadamente no se han infiltrado los grandes narcos en esta región, sí le puedo decir, lo han tomado como descanso y ahí está el Tigrillo, el tal Gus y ahora este amigo. Tan descanso que ni siquiera tenían protección estas personas, porque es un estado tranquilo”.
Pero lo que Agúndez ve como tranquilidad, también es considerada impunidad, porque García Simental se sentía tan seguro que ni siquiera se inquietó al escuchar llegar un avión antes de las siete de la mañana, hora en que inicia actividades el aeropuerto de La Paz.
Finalmente, el ejecutivo refirió las desventajas: “El estar muy, pero muy cercanos a Sinaloa somos muy vulnerables y por y otro lado Tijuana o Baja California Norte, o sea, muy vulnerables. Afortunadamente todavía tenemos esa tranquilidad, esa paz social en Baja California Sur; creo que es el gobernador que anda más tranquilo, casi solo siempre, sin ninguna protección, porque afortunadamente mi conciencia está muy tranquila”.
– Gobernador, dijo que estos criminales sólo vienen a vacacionar. Pero han habido datos de que algunos secuestros de la localidad están relacionados con “El Teo” y su gente.
“Eso yo no lo sé. Negativo, no tenemos ningún asunto, en el intercambio de información que tenemos en el Gabinete de Seguridad Pública que nos haga vincular algún hecho ocurrido en el Estado con las actividades de esta persona”, respaldó el Secretario de Seguridad.
–¿El narcomenudeo en la región tampoco está relacionado con la gente que sólo viene de vacaciones?
“Pues, yo podría comentar que es gente que se dedica a otro tipo de delincuencia organizada, estructurada y afortunadamente el narcomenudeo que enfrentamos en el estado son células minúsculas que hemos podido estar neutralizando”, planteó Lenin Rodríguez.
–En 2008 la Procuraduría de la República mencionó la zona de Los Cabos, La Paz y Mulegé como refugio de criminales. ¿Esta condición permanece?
“No sabemos, pero hasta ahorita no hemos detectado este tipo de personas; se diera confrontación, se dieran problemas internos. Difícilmente se pueden resguardar en Tijuana, Michoacán, Culiacán, porque hay grupos rivales. Aquí pueden pasar desapercibidos”, contestó el Gobernador.
“En las zonas mencionadas hay inversionistas de diferentes partes del país y esto puede servirles de estrategias para pasar desapercibidos. En zonas residenciales, viviendas en playas, que para seguridad pública es muy difícil tener información, es gente que llega en un avión y se transporta en un helicóptero, se ubica en un inmueble y nosotros no tenemos conocimientos, esas ubicaciones sólo se pueden obtener a través de la redes de comunicación e investigación que opera la federación donde tiene datos precisos para esas capturas”, completó el Secretario de Seguridad.
–Gobernador, ¿estas personas están o no están operando aquí?
“Ellos son las autoridades”, respondió señalando a los titulares de su gabinete de seguridad.
El secretario tomó la palabra: “Nosotros sentimos que no están operando, insistimos en la idea de que toman Baja California Sur como un sitio de descanso donde buscan pasar desapercibos.
Blindaje
El blindaje es un programa exclusivo de Baja California en el cual se invirtieron 150 millones de pesos el año pasado y este 2010 costará 200 millones de pesos. Por sus condiciones geográficas de aislamiento, instalaron tres retenes con instalaciones para tomar huellas digitales y fotos que se pueden comparar en tiempo real con la información de delincuentes que tiene el programa de Plataforma México.
Los instalaron en los puertos de Santa Rosalía, de Pichilingue, y por tierra en la carretera a la altura de San Ignacio, en la parte norte del estado que es el único sitio donde no se puede vulnerar la carretera; ahí está el Ejército, las procuradurías y las secretarías. Esto se hizo el año pasado.
“El hecho de que hayamos instalados estas revisiones, inhibe que vengan o que pasen por ahí. En el caso del aeropuerto no hemos podido implementar porque cuesta mucho tener el personal y montón de cosas que instalar, y estamos viendo que pueda ser con recursos del fondo de seguridad hasta donde podamos, porque también es el problema de las cargas de nómina que al rato no puede uno con ellas”, refirió el Gobernador.
“Por tierra el blindaje se continuó con la instalación de cámaras de video-vigilancia, cerca de 50 en La Paz, 40 y tantas en Los Cabos y Cabo San Lucas. En este año pretendemos que tengan San José del Cabo y unas cuantitas en Ciudad Constitución, por lo menos en las zonas más conflictivas; a lo mejor Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro.
“Esto con la idea de tener a la entrada al estado o en el transcurso al estado o en las salidas de todas las ciudades, con la idea de tener del vehículo cuando menos las placas, la información, o sencillamente otro tipo de delitos: robo de vehículo, comercio, y esto nos ayuda a ser más eficientes en la investigación. Un ejemplo: Nos robaron a nosotros en la construcción de escuelas y los detuvimos con las cámaras. Ahora en el caso de Cabo San Lucas, que también lo pretendemos hacer en La Paz, es que los propios empresarios puedan tener su propia cámara y tener nosotros el control de la vigilancia.
–¿Qué pudo haber fallado al no detectar el ingreso de García Simental u otras persona de ocupación similar?
“Sencillamente en el aeropuertos no tenemos todavía la video-vigilancia; ahí revisa el Ejército, Migración y PFP.
“Incluso su propia fisonomía es distinta totalmente a los retratos”, agregó Antonio Alcántar, Director de Comunicación.
“Y habría que comentar que la delincuencia, y más la organizada, tiene también actividades de contra-inteligencia. No olvidemos que vulneran la frontera más vigilada del mundo que es la de Estados Unidos y que un esfuerzo como éste nos ha dado muchos resultados.
Pero insistieron respecto al blindaje: “Creemos que no puede descalificarse un programa que recién inicia y que ha tenidos sus méritos y resultados por la detección de alguien que seguramente opera un sistema de contra-inteligencia que le permite evadir”.
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