REFORMA EDUCATIVA, POR VERSE.

Alejandro Álvarez

Dentro de los muchos mundos en que se subdivide nuestro país uno de ellos corresponde al que viven los legisladores. Sobra decir que es un mundo aparte, un mundo extraño. Según ellos –diputados y senadores– ya están resueltos los problemas centrales de la nación. Ya está escrito en la Carta Magna que disfrutamos del derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación y un largo etcétera. Los problemas los alivian los legisladores con una acción muy sencilla, levantando sus deditos y contando cuántos deditos se levantaron. Si son mayoría ¡eureka! el problema está resuelto. Lo que sigue. Si no, se manda a comisiones que es una especie de cueva de hibernación donde puede permanecer durante décadas la potencial solución a uno de los urgentes problemas del país. Nadie corre prisa.

De las más recientes bendiciones que hemos recibido de los congresistas está la reforma laboral mediante la cual se tendrían más y mejores empleos, más dignos y mejor remunerados. Que la tasa de desempleo haya llegado a más del 5 por ciento este año y que el empleo informal represente el 60 por ciento de todos los empleados del país desde luego que no tiene nada que ver con lo acordado con los diputados. Lo tocante a ellos ya está solucionado. Otra bendición reciente de nuestros legisladores es la ley de protección al migrante mediante la cual se les garantizaban trato digno, seguridad y respeto a sus derechos humanos en su paso por nuestro territorio. Que se sigan trasladando en trenes peor que animales, que se maten en accidentes por decenas y que sean víctimas del crimen organizado que  los extorsionan y explotan, es parte de otro mundo en el que no  viven los congresistas.

A gritos y sombrerazos acaban de aprobar una reforma educativa con tres leyes secundarias deslavadas producto de la “negociación” con unos vándalos que se dicen profesores. Pero los diputados y senadores ya echaron las campanas al vuelo anunciando el advenimiento, ahora sí, de una “educación de calidad”.  El escándalo que armaron la organización autdenominada Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México y otras ciudades (aquí en BCS sólo les alcanzó para amontonarse en un acceso a los aeropuertos de Los Cabos y La Paz) era por el terror mortal que sienten por la evaluación de su trabajo. Veamos lo “terrible, injusto y antidemocrático” de las dsiposiciones aprobadas:

·         En la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente implicará un nombramiento definitivo de base después de aprobar la evaluación a los seis meses de servicio.

·         Si el docente –es un decir– no fortalece sus capacidades, conocimientos y competencias, incumple con la evaluación obligatoria o si al término del periodo evaluador no aprueba, queda fuera del servicio (terriblemente represivo, como se ve).

·         Son sujetos obligados de dicha ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos del nivel educativo básico y medio superior que imparte el Estado.

·         El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes.

·         El personal en servicio, que ya  cuente con nombramiento definitivo y funciones de docencia, dirección o supervisión, deberá ajustarse a los procesos de evaluación y programas de regularización. Pero si a la tercera evaluación sigue reprobando será adscrito a actividades administrativas (terrible castigo, sin duda).

·         Los profesores que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Servicio sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión que previamente aceptaron (¿cómo que les quieren quitar la doble chichi a los comisionados sindicales?).

Los dirigentes sindicales de los estados con peores índices de aprovechamiento escolar (Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero) ya anunciaron que no se ajustarán a esas evaluaciones, de la misma manera como hasta ahora no han aplicado los sistemas de evaluación existentes. En otras palabras que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre.

Para no hacerlos enojar más ya están “negociando” con esas secciones que les pagarán la quincena que no trabajaron en sus estados. Así que en este país una cosa es que se hagan leyes y otra, muy distinta, es que se respeten. Estamos jodidos.