Alejandro
Álvarez
Las
últimas semanas han sido exhaustivas en información respecto a diversos
enfrentamientos armados en el estado de Michoacán en donde es difícil
distinguir los límites y perfiles entre los grupos criminales, los aparentes
grupos armados de ciudadanos y las autoridades formales. En agosto del año pasado publiqué en este
espacio el artículo “Legalizar el consumo de la mariguana”, en él expresaba: “Despenalizar el uso de estupefacientes no es
la llave mágica pero significa romper la secuencia de enriquecimiento de las
bandas criminales y con ello la magnificación de su poder que todo lo corrompe
ya lo mencionamos, policías, jueces, representantes
populares, gobiernos, todo. No es
necesario ser un analista profundo para ver cómo se pierden enormidades de
recursos humanos y financieros de origen público en una guerra que parece no
tener fin”.
Al
inicio de su sexenio el presidente Peña Nieto aplicó la famosa técnica de tapar
el sol con un dedo al omitir de su discurso al narcotráfico y todas sus
secuelas, hoy ha tenido que reconocer la
gravedad del problema que representa el poder amasado por los cárteles y, en
particular, la ausencia de autoridad de
las instituciones en amplios territorios del país, pero muy notablemente en todo
el territorio michoacano. Ninguna de las reformas estructurales tan
cacaraqueadas como el gran éxito de Enrique Peña Nieto tendrá viabilidad en un
país sin seguridad, con decenas de municipios sin autoridad constitucional. Del
desenlace de este conflicto puede depender el futuro del sexenio. Y no parece
ir por buen camino. Ya el presidente Calderón en el sexenio pasado recorrió el
camino de la invasión de Michoacán por parte del ejército y la policía federal,
remitió a varios presidentes municipales y delincuentes a la cárcel acusados de
ligas con el narco. ¿Resultado? Todos libres ante las resoluciones de los
jueces de su inocencia o la inconsistencia de las pruebas acusatorias por parte
de los ministerios públicos. Por una puerta el Ejército y la Marina entregando
delincuentes a las autoridades judiciales y éstas dejándolos en libertad por
la puerta trasera. ¿Con esos mismos
ministerios públicos y jueces se castigará a las personas que ahora se atrapen?
Sí, como no.
La
naturaleza y propósitos de los llamados grupos de “autodefensa” son por lo
menos confusos. Su discurso tampoco es nuevo, años antes el cártel de La
Familia michoacana apareció enarbolando la lucha contra los Zetas. Después el
cártel de Los caballeros templarios empezó a ejecutar miembros de La Familia michoacana
por “secuestradores y ladrones”. Ahora las autodefensas dicen combatir a Los
templarios y ya hay brotes de violencia contra las “autodefensas” por otros
grupos de civiles armados.
El
rescate de territorios por parte de las fuerzas armadas no tendrá éxito si todo
el edificio de corrupción y negocio del narco permanece intacto. Se sabe que
empezando por las policías muncipales y terminando por los poderes judicial,
ejecutivo y legislativo del estado michoacano y de otras entidades están
penetrados por el narco en cualquiera de sus modalidades de organización,
incluyendo el eufemismo inventado por el jefe de gobierno del DF que los llamó
simplemente “pandillas”.
Los líderes visibles de las
“autodefensas” declaran tener 20 mil hombres armados. Eso cuesta mucho dinero.
En el mercado negro las armas largas que lucen estos comandos cuestan hasta 18
mil pesos por metralleta. Ya no digamos el pago de sueldos, vehículos y
combustibles de todo ese ejército informal movilizándose por los municipios que
controlan. José Manuel Mireles Valverde, uno de los líderes de las
“autodefensas” que más publicidad han recibido fue arrestado el 8 de noviembre de 1988 en su domicilio en el
municipio de Tepalcatepec en posesión de 86 kilos de mariguana. El
proceso penal que se le siguió a Mireles Valverde fue por el delito contra la
salud en su modalidad de siembra, cultivo, cosecha, posesión y venta de
mariguana. Por estos hechos, Mireles recibió una sentencia de siete años y tres
meses, aunque estuvo en prisión sólo tres años y ocho meses (Excélsior, 17 de
enero-2014). No es necesaria mucha investigación para inferir el origen de los
fondos de las “autodefensas”.
El
trato privilegiado que el gobierno federal ha proporcionado para atender la
salud (que ya quisieran las indígenas embarazadas) de al menos los dos
cabecillas de las “autodefensas” -uno de ellos Mireles- supone que una de las
estrategias del gobierno federal será apoyarse en las “autodefensas” para combatir
a los Templarios y lo que queda de los otros cárteles. Si así lo hiciera
estaría jugando con fuego. Ya hay señales alarmantes de ello. Una de ellas es
tolerar o aceptar la existencia y operación de grupos armadas ilegales en
funciones de autoridad. La prensa informa que “grupos
de autodefensa asentados en el municipio de Parácuaro, Michoacán, aseguraron la
casa del líder de los Caballeros Templarios en la zona apodado ‘El Botas’"
(El Universal 18 de enero-2014). Sólo falta que esos mismos grupos atrapen,
hagan el juicio y sentencien a “El Botas”.
Insistiremos
en la idea expuesta en el artículo referido al principio. La enormes rentas que
le deja a la delincuencia organizada el mercado ilegal de las drogas le
permitirá seguir corrompiendo a tiros y troyanos, controlando territorios y
seguirá poniendo contra la pared a las autoridades. Hoy hizo crisis en
Michoacán, ayer fue en Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, mañana será en
Guerrero o Oaxaca o Chiapas, y luego volverá a donde empezó. La base del poder
de los cárteles está en las fortunas que le deja ese negocio. El esquema de
perseguir a los consumidores de droga ha fracasado una y otra vez. Seguirá
fracasando. En contraposición en varios estados de Norteamérica se ha
legalizado por lo menos el consumo de mariguana y en Uruguay se despenalizó ese
consumo en todo el país. Eso permite un control de ese mercado pero
también, y es lo más importante,
permitiría una política de rehabilitación y prevención de las adicciones de
manera más efectiva. Mientras eso no suceda el país seguirá dilapidando
recursos en esa guerra absurda.
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