Alejandro Alvarez
La historia completa de la universidad pública estatal está marcada, para bien o para mal, por su vínculo dependiente del gobierno estatal. Todas sus crisis han pasado por la oficina del gobernador en turno, desde donde muchas de ellas se han generado y, al menos momentáneamente, algunas se han resuelto. Puede ser este rasgo el que explique la inestabilidad de la máxima casa de estudios de la entidad, la preeminencia del interés del gobierno sobre los propósitos inherentes a una institución legal y conceptualmente autónoma y académica. El nuevo gobierno, de tono ideológico distinto a los que hasta hoy han gobernado Baja California Sur, tiene ante sí un reto: contribuir a la estabilización de la universidad estatal respetando su autonomía. Aparente paradoja, que no lo es tanto.
Hay signos ominosos de esa intervención gubernamental en la vida universitaria. Tomemos los de público y amplio conocimiento. Durante treinta y cinco años de historia, todas las generaciones de egresados –excepto una, excepción que confirma la regla, de la década de los noventas durante el rectorado de Jesús Druk– han llevado el nombre del gobernador en funciones quien ha apadrinado a esos jóvenes de extrañas coincidencias en más de tres décadas. Raro y grotesco hecho que nos “distingue” en el escenario nacional, ya no digamos en el internacional de las universidades prestigiadas, donde sus grupos de egresados buscan identificarse con personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia o de la tecnología, asentando su ilustre nombre en el acto final protocolario de su paso por la universidad.
Durante treinta años de relevos rectoriles no ha habido un solo candidato vencedor que no haya recibido el beneplácito, aval o bendición del gobernador en funciones. Sus antesalas en la casa de cantera en los periodos proselitistas son hechos innegables. Todos ellos teniendo en mira la prolongación de su vida pública en el marco de las funciones gubernamentales. Algunos han llegado al gabinetazo –Druk, Vale–, otros se han quedado en niveles inferiores –Ulises Ceseña, Ruiz Castro–, algunos incluso como candidatos derrotados han recibido su premio de consolación –Flores, Borges, Vale en su primer intento–.
En el penúltimo grave conflicto, en el año 2007, recuérdese el penoso papel del Congreso estatal que a la voz de ¡ya! del gobernador Agúndez aprobó la reforma a la Ley Orgánica que incluía la destitución del rector Jorge García junto con sus funcionarios y el nombramiento, “por única vez”, del nuevo rector por parte ni más ni menos que del gobernador. Cargo que caería en manos –o pies, por su desempeño– de Samuel Flores. En este golpe de estado flagrante del ejecutivo a la universidad contribuyó la izquierda oficial universitaria entonces atrincherada en el sindicato del personal académico, que de esta forma veía cerca la cristalización de su viejo sueño de empoderarse en la universidad. Anhelo que no se le cumplió.
Son insistentes las versiones de que el gobierno de Marcos Covarrubias insistirá en la vieja receta fallida de intervenir para intentar corregir un rumbo equivocado, según la opinión de una parte de la clase política. Pero hay otra opción hasta ahora desdeñada, permitir que los propios universitarios, sin injerencias externas, salde sus conflictos y eche a andar la reforma estructural urgente por lo menos desde hace veinte años. El nuevo gobierno puede así, empezar a diferenciarse de sus antecesores.
TRES CANDIDATOS A RECTOR
De acuerdo a la convocatoria para la elección del nuevo rector de la UABCS este lunes se realizará el registro de candidatos. Han revelado su intención de participar tres profesores investigadores de prestigio, los doctores José Urciaga García y Alfredo Beltrán Morales y el Maestro en Ciencias Gustavo Cruz Chávez. Cabe desear que, de acuerdo al espíritu universitario, el proceso se desarrolle con civilidad, apegado a las reglas y con claridad en sus proyectos de gestión universitaria. Suerte a los tres.
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