Por José Luis Vázquez Ceja
Para un servidor, tener la oportunidad de dirigirme al pueblo de Sudcalifornia, desde este recinto del Poder Legislativo, en ocasión de este 37 Aniversario de la Promulgación Política del Estado de Baja California Sur, representa no sólo una distinción sino un privilegio, pues estoy seguro que en nuestra Entidad existen ciudadanos, en abundancia, con iguales o más méritos que un servidor, lo cual habla bien de nuestro Gobierno al poner en práctica políticas incluyentes de participación ciudadana, sean nativos o adoptivos. Muchas Gracias.
Cuando recibí la invitación oficial para ser orador oficial por parte de la sociedad civil, mi primera reacción fue encontrar un ejemplar impreso de la Constitución. No una impresión de la computadora, que la tengo en casa, sino una publicación de cualquier casa editorial
En mi búsqueda, recorrí las tres librerías ubicadas en el centro histórico de La Paz. Ninguna tiene registro alguno de su publicación. Igual suerte corrí en la librería de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En la del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, la amable y eficiente encargada de la librería, me comentó que veinte años atrás Anaya editores publicó en un solo libro tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la del Estado de Baja California Sur. Desafortunadamente, Anaya editores ya no dispone de los catálogos de esas fechas.
Imposible quedarme sin hacer la tarea. El paso siguiente fue visitar el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. ¡Nada! En esta Institución, sólo esta reguardado el acervo documental que data de años anteriores a 1950. De este año hasta la fecha, todos los documentos oficiales se encuentran resguardados en el Archivo General del Gobierno del Estado. En efecto, en esta Institución encontré un original de los ejemplares de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur que fueron publicados según el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en el cual está inscrito el protocolo siguiente:
Dado en el teatro “Constitución”, declarado recinto oficial del Honorable Congreso Constituyente del Estado de Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, a los 9 días de 1975.
Presidente
Diputado y profesor, Armando Trasviña Taylor
III Distrito
Vicepresidente
Diputado y licenciado, Armando Aguilar Pañagua (+)
I Distrito
Secretario
Diputado e ingeniero, Eligio Soto López
V Distrito
Diputado Armando Santiesteban Cota (+)
II Distrito
Diputado y profesor, Fernando I. Cota Sandez (+)
IV Distrito
Diputado y profesor Manuel Davis Ramírez (+)
VI Distrito
Diputada y profesora María Luisa Acevedo de Beltrán
VII Distrito
Y, Profesor Eligio Moisés Coronado, Oficial Mayor del Honorable Congreso Constituyente
Con el siguiente Bando Solemne
Félix Agramont Cota, Gobernador Provisional del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso Constituyente del Estado ha enviado para su promulgación la presente Constitución Política de Baja California Sur.
Por tanto, con esta fecha, promulgo esta Constitución por bando solemne y ordeno su publicación en el Boletín Oficial para su circulación, debida observancia y cumplimiento.
Palacio de Gobierno, La Paz, Baja California Sur, a los 15 días de Enero de 1975.
El Gobernador Provisional del Estado
Ingeniero Félix Agramont Cota
El Secretario General de Gobierno
Licenciado Ángel César Mendoza Arámburo
El Oficial Mayor de Gobierno
Licenciado Antonio Álvarez Rico.
El documento original de nuestra Constitución Política del Estado, se encuentra resguardado en un nicho de vidrio a la vista de quienes visitan la Sala de Gobernadores en el Palacio de Gobierno.
Nuestro más sincero y franco reconocimiento ciudadano a nuestra diputada y diputados Constituyentes, quienes hicieron posible la obra constitucional que hasta esta fecha continúa regulando los dos aspectos esenciales de nuestra entidad: Los derechos de los Sudcalifornianos y la organización del Estado de Baja California Sur.
Generalmente decimos que un deber cívico que tenemos todos los ciudadanos es conocer nuestra Constitución para poder exigir nuestros derechos y cumplir con las normas fundamentales de convivencia. Sin embargo, tal propósito ciudadano resulta imposible de cumplir si nuestra Constitución no ha sido publicada ni divulgada entre la población, entre las universidades, institutos, escuelas, y entre los estudiantes de nuestro Estado.
Qué mejor homenaje para nuestros Constituyentes y nuestra propia Constitución, en este 37 aniversario, que la dependencia responsable decida preparar una edición con explicaciones sencillas de cada uno de sus artículos constitucionales, con una breve introducción histórica y un amplio glosario con definiciones sencillas para hacerla más atrayente y de fácil lectura para cualquier ciudadano.
La segunda sorpresa que tuve al leer nuestra Constitución, con sus 167 artículos, sin contar los transitorios, es que tiene 31 artículos más que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que en 1975, cuando fue promulgada nuestra Constitución, la población de Sudcalifornia escasamente llegaba a los 200 mil habitantes, con residencia en los municipios de Mulegé, Comondú y La Paz.
La bondad y la nobleza de nuestros Constituyentes, quedó manifiesta en la abundancia de 167 artículos constitucionales. De los cuales, 126 regulan los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y ayuntamientos y, los 41 artículos restantes, corresponden a los principios constitucionales, a las garantías individuales sociales, a los habitantes y ciudadanos sudcalifornianos, al territorio, la soberanía y forma de gobierno.
La abundancia de artículos constitucionales para regular los poderes del Estado, incluidos, los Ayuntamientos, dio lugar a que la estructura gubernamental creciera de manera exponencial y, obviamente, sería la fuente de empleos más atrayente hasta llegar a ocupar el tercer lugar dentro de la estructura económica del Estado, con las consecuentes repercusiones hasta el presente, donde cada año, tanto el Gobierno Estatal como de los Ayuntamientos, disponen de menos recursos para satisfacer las demandas de más y mejores sueldos y prestaciones de los miles y miles de trabajadores al servicio de las instituciones gubernamentales.
Esta situación, además de otros problemas que enfrentamos en Sudcalifornia, al igual que en México y en el resto del mundo y, al leer las Acciones Estratégicas a realizar durante el periodo 2011-2015 y la Visión de Estado 2030, que tiene el Gobierno del Licenciado Marcos Covarrubias Villaseñor y, al releer la Constitución Política de una República Imaginaria, de José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827), en la que con sólo 63 artículos, nada queda fuera, incluso destina un Capítulo Unico… De los ebrios, andrajosos y vagos, todo lo ello, me empuja a exponer ante Ustedes la necesidad de trabajar, Gobierno y pueblo de Sudcalifornia, en aras de recibir el 2015 con una nueva Constitución.
Una Constitución que tenga como ejes rectores las 10 funciones fundamentales de un Estado moderno, donde los sudcalifornianos podamos vivir en armonía, con calidad de vida, seguridad, justicia, equidad y dignidad.
Una Constitución que tenga como base la democracia participativa, como el único método de organización de nuestro Estado, sus leyes e instituciones. Donde nosotros, los ciudadanos, en un momento dado, decidamos qué cambios vamos a realizar en nuestras leyes e instituciones para alcanzar las metas institucionales y sociales del pueblo de Sudcalifornia.
Una Constitución que incorpore los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recién aprobados por el Congreso de la Unión en materia de derechos humanos así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, estableciendo los mecanismos institucionales para asegurar sus garantías, su protección, así como los correspondientes para erradicar la pobreza en nuestra Entidad.
Una Constitución que estipule y sea garante de la preservación, manejo y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural en beneficio de los sudcalifornianos. Tan valioso y excepcional es nuestro patrimonio, que después de la Ciudad de México, somos la entidad con más bienes de Patrimonio Mundial de la Humanidad. También ocupamos el merecido primer lugar nacional en Areas Naturales Protegidas.
Al plasmar nuestros bienes patrimoniales en una nueva Constitución, es prever o eliminar riesgos de saqueos y venta de bienes culturales, como los que se dieron en un pasado reciente en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, entre los que destacan, la venta de varias locomotoras de vapor de vía angosta, marca Baldwin, comprados en Bélgica en 1886 y vendidos a coleccionistas franceses y norteamericanos, las cuales, hoy se cotizan en millones de dólares.
Una Constitución que instituya políticas de financiamiento y mecanismos para impulsar y fortalecer la formación y la especialización de recursos humanos a través de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.
El hecho que nuestro Estado cuente con una infraestructura científica, tecnológica y de educación superior muy arriba de la media nacional, no sólo es una distinción sino potencial real para avanzar en lo que actualmente se denomina “economías del conocimiento”. Sin dejar de establecer políticas de coordinación institucional para realizar estudios o diagnósticos sobre problemas de contaminación y escasez de agua, contaminación marina y terrestre, pesca y deforestación, paisaje y urbanismo, entre otros, para apoyar en la toma de decisiones al Gobierno del Estado y/o de los Ayuntamientos ante estos y otros problemas que trae consigo la galopante modernización o globalización.
Una Constitución donde el derecho y la legalidad sean el lazo de amarre del propio Estado y sus instituciones con una sociedad libre, igualitaria, participativa, corresponsable y con una economía, que tenga como base de crecimiento, el trabaja y la educación, así como el aprovechamiento racional de los recursos naturales bajo normas y formas ambientalmente sostenibles.
Una Constitución donde no haya margen a que se violen las leyes y las instituciones que de ella emanan, como la aberrante ilegalidad que persiste en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, desde que fue burdamente violada su autonomía por los poderes Legislativo y Ejecutivo pasados. Sólo recordemos que esta Universidad, incluida su Ley Orgánica, se fundan en nuestra Constitución, y lo que ésta no establece no puede ser permitido.
Aceptando el postulado de Juan Jacobo Rousseau que dice que la voluntad del pueblo –el cuerpo político- decide qué leyes se da, incluida la Ley Suprema que es la Constitución. Somos pocos, en un territorio con recursos fuera de serie, y disponemos de tres años para organizar y diseñar mecanismos de consulta amplia, a través de todos los foros posibles, de modo tal que arribemos al 2015 con una Nueva Constitución.
Arribemos al 2015 con un nuevo pacto social, un nuevo pacto político de los ciudadanos, de las fuerzas políticas y el gobierno. Los verdaderos pactos políticos funcionan en la medida que los ciudadanos los hace suyos, en la medida que los siente y los piensa, que los defiende, los representa y los protege. Esto es de todos los días, dependiendo de que, en efecto, todos cumplamos como en el nuevo pacto político.
Nuestro más sincero y franco reconocimiento y homenaje a nuestros constituyentes que caminan por senderos del más allá y a quienes todavía nos acompañan por los bellos caminos de la vida.
Nota: texto leído en la Sala del Congreso, en mi calidad de representante de la sociedad civil
No hay comentarios:
Publicar un comentario