Miriam Muñoz, la Magdalena de las políticas panistas

Por José Luis Vázquez Ceja

Ayer domingo de Pascua,  después de misa, los panistas se volcaron a arrancar una campaña renovada y entusiasta con miras de dejar atrás la visión de un estadio Azul semivacío,  los lapsus lingue y los mareos por baja presión de su candidata a la presidencia de la República. Pero,  ayer también, la  militante panista Miriam Muñoz Vargas cumplió 12 días en huelga de hambre en protesta por la designación que hiciera su partido, el PAN,  a favor de  Arturo de la Rosa Escalante, quien, al tener un proceso penal pendiente, se encuentra constitucional ( Art.s 38,  110, 111 112),  legal  y estatutariamente (Cofipe art. 213) impedido a contender como candidato a la diputación federal por el distrito 02 ( La Paz—Los Cabos).

De presunto delincuente a candidato diputado federal

La ex delegada de la Secretaría de Gobernación en el estado de Baja California Sur, Miriam Muñoz,  ha declarado a la prensa (Tribuna de Los Cabos, 30.03-12) que la huelga de hambre que sostiene en la banqueta, frente a las instalaciones de la sede estatal panista,  no es una cuestión personal sino debido al obscuro palomeo de las listas de los candidatos al Congreso de la Unión que hiciera la dirigencia  de su partido, en las que aparece el señor Arturo de la Rosa Escalante y no una de las mujeres que participamos en el proceso interno. La militante Miriam Muñoz  subraya: Mi lucha va hasta que mi partido retire la  candidatura del señor Arturo de la Rosa  y sea sustituida por cualquiera de nosotras. Mi lucha no sólo es física sino moral.

Cuanta razón asiste a la ex candidata a la presidencia municipal de La Paz, Miriam Muñoz,  siempre y cuando los partidos políticos fueran lo que dice nuestra Constitución (Art. 41), entidades de interés público, esto es, que los ciudadanos y sus militantes fueran  los verdaderos dueños, los que tomaran las decisiones y no las burocracias partidistas  y los gobiernos en turno, como a diario lo vemos no sólo en el PAN sino en todos los demás partidos políticos.

Un claro ejemplo  de impunidad y de esa amalgama de intereses en la toma decisiones entre gobiernos y dirigencias partidistas es el multicitado caso de Arturo de la Rosa  Escalante, quien desde de 2009  y durante la pasada Legislatura (XII) fuera denunciado  por diputados del PAN y del PANAL por el indebido uso de ocho millones de pesos del Congreso del Estado cuando éste fungía como presidente de la Gran Comisión.

Denuncia, que pese a argumentos y pruebas documentales entregados tanto al presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso como al titular del Organo de Fiscalización Superior del Poder Legislativo y al  Ministerio Público correspondiente, no sólo quedó en los archivos de las autoridades sino que éstas abrieron el camino  para que el presunto fuera después candidato a la presidencia municipal de Los Cabos,  secretario particular del C. Gobernador  del Estado y ahora, flamante candidato a diputado federal por el distrito 02 (La Paz- Los Cabos).

El caso de Arturo de la Rosa, uno entre miles

Seguramente  que la militante panista Miriam Muñoz  es  consciente también    que su demanda  de anulación de la candidatura de Arturo de la Rosa Escalante es una de los miles que están en proceso de solución no sólo por la dirigencia nacional del PAN sino por el TEPJF. Sólo para ilustrar más esta cuestión, echemos mano  del artículo de Alvaro Delgado,  “Ruptura ética en el PAN” (Proceso No. 1846), en el cual expone  cifras de los juicios que militantes de los tres partidos han promovido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ). 

Sólo en el sexenio de Felipe Calderón, recordemos que han cambiado a cuatro dirigentes panistas, Manuel Espino, Germán Martínez, Cesar Nava y el actual, Gustavo Madero, la cifra de  demandas ascendió a lo siguiente:  mientras  que los priistas promovieron 700, los del PRD duplicaron la cifra con mil 591, pero los panistas sumaron 40 mil 147. La mitad de los juicios fue declarada fundada por los magistrados del TEPJF y éstos van desde la protección de los derechos político-electorales de los militantes hasta vicios e irregularidades en los procesos de elección de candidatos y candidatas.

Según Juan José Rodríguez Prats,  Jorge Zermeño y el propio Gustavo Madero,  panistas de abolengo y el dirigente nacional, argumentan que tales cifras responden, entre otros problemas,  al proceso interno que vivió el PAN para elegir a su candidato (a) a la presidencia de la República, a la manera como se otorgaron las candidaturas plurinominales a diputados y senadores, a las irregularidades que se cometieron en las elecciones de senadores y diputados, a vicios y conflictos  jamás vistos en tales procesos, incluidas las intervenciones de servidores públicos y sus familiares, mismos que la dirigencia nacional del partido, según estos connotados panistas, y  sin perder la ética del panismo, debe resolver, particularmente, tantas candidaturas cuestionadas a nivel nacional, como la del candidato a diputado federal Arturo de la Rosa Escalante.

La huelga de Miriam Muñoz va más allá..

Como decía el poeta Adriene Rich, allá por años 60, la lucha por los derechos de las mujeres era también una contienda contra la discriminación racial, la desigualdad social y la disparidad económica, entre otras a considerar en la larga lucha.  Luego, entonces, las luchas, como la emprendida por Miriam Muñoz, no pueden quedar  aisladas del contexto en que se crean y se manifiestan y éste no es otro que el de los partidos políticos y  la lucha por el derecho de las mujeres. Por ello,    el logro alcanzado con la fórmula 60/ 40 de candidatos/as  a puestos de elección popular   que el TRIFE y el IFE impusieron a los partidos políticos es sólo otro paso para lograr la meta, que es la paridad 50/50, clave  para la formación de un verdadero Estado Moderno.

La paridad (50/50) es el método propio de una real democracia. Es la regla práctica para medir y garantizar la proporcionalidad entre hombres y mujeres en todos los espacios donde se toman las decisiones públicas. Esta igualdad entre hombres y mujeres no sólo requiere de igualdad de oportunidades  sino de resultados en todos los ámbitos. Es también el principio público y político para subsanar de raíz la desigualdad social entre hombres y mujeres, tanto en la vida pública como en la privada (cosa pública/ hogar)

Salvo interés ajenos a una real democracia podríamos no estar de acuerdo con el paso dado por el TRIFE y el IFE al establecer la fórmula 60/40 y los partidos políticos en acatarla e implementarla, lo que significa 180 hombres y 120 mujeres, o también 180 mujeres y 120 hombres para candidatos uninominales, cuya meta es lograr la paridad (50/50) para tener una mejor representatividad en la vida de la República y consecuentemente, una mejor convivencia social y un aumento en la calidad de nuestra democracia.

Sin principios pero en el poder

Don Manuel Gómez Morín, antes de su muerte el 19 de abril de 1972, decía “Un simple cambio de personas de nada servirá para una real democracia… Nunca transigir en los principios, no aliarnos con quienes pretenden defraudar a la opinión pública y no estar por supuesto con quienes salgan de la cloaca que es el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente del actual PRI.  Claro que estos principios y postulados fueron la regla del panismo desde 1939  hasta 2005, donde jamás aceptaron “el simple cambio de personas” y sus dirigentes, siempre con civismo y honradez, lucharon contra los fraudes electorales de que fueron objeto por el gobierno y partido en el poder.

Ejemplo de estas luchas las tenemos en la huelga de hambre de Don Luis H Alvarez, en 1986; la lucha de Manuel J Cloutier “Maquio”, en 1988, contra el fraude electoral que se cometió en contra de Cuahtémoc  Cárdenas y la marcha del doctor Salvador Nava, en 1991, de San Luis Potosí a la Ciudad de México para denunciar el fraude en su contra. Incluso, el PAN, ya con Fox en el poder, no sólo exigió el recuento “voto por voto” sino tampoco reconoció las elecciones de Veracruz y Sinaloa, en el 2004, ni las de Coahuila, en el 2005.

Felipe Calderón no sólo acoge el “simple cambio de personas” sino  abraza y hace alianzas con personajes salidos de la “cloaca” a los que se refería Gómez Morín, con tal de alcanzar el poder y darle continuidad a esa “larga, muy larga simulación” de la que también hablaba Gómez Morín antes de su muerte.

Conclusión

Independientemente de la resolución que emitan tanto el TRIFE  como la dirigencia nacional del PAN sobre la candidatura impugnada por la militante panista Miriam Muñoz, su postura y lucha vienen a demostrar que después de las elecciones de 2006, los principios de Don Manuel Gómez Morín pasaron al arcón del olvido y sólo se perfila en el horizonte la imposición de un “simple cambio de personas” con tal de seguir manteniendo el poder político.