Alejandro Álvarez
Esta semana inició
la octava Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares,
popularmente conocida como prueba ENLACE. Desde su inicio esta prueba ha
provocado resistencia de una parte de los profesores de primarias y
secundarias.
Según un reciente
informe de un órgano de fiscalización del Congreso seis de cada diez
estudiantes de primaria obtienen resultados “insuficientes o elementales” en
español y ocho de cada diez tienen esas mismas bajas calificaciones en
matemáticas. Dicho en palabras llanas la mayoría de los estudiantes de primaria
en el país no aprueban ni español ni matemáticas.
Los intentos por
reconocer esta realidad han apuntado hacia la necesidad de profundizar estos
sistemas de evaluación como una de las herramientas para superar esta penosa
situación pero existe una especie de terror ancestral a la evaluación y han
tratado de desacreditarla de muchas formas. La más reciente es impedir que se
realice bajo la acusación de que los exámenes ENLACE se venden en el mercado
negro lo que impedirá obtener resultados verídicos o confiables. No hace mucho
los mismos opositores alegaban que los exámenes no se apegaban a las
condiciones específicas de cada región y de cada escuela donde, argumentan, no
se puede exigir el mismo aprendizaje a todos los estudiantes. Según este
criterio habría que darle a unos estudiantes un puntaje de aprobación si no
saben conjugar un verbo porque su aula está en malas condiciones. O aprobar a
aquellos que no pueden resolver operaciones con fracciones porque pertenecen a
una zona deprimida. En otras palabras un examen para cada condición específica
de la escuela y de los estudiantes. O mejor todavía, unos programas educativos
para una región distintos a los de otra, en unos se les exigirá aprender
trigonometría y en otros no, en unos se enseñará ortografía y en otros no. Aunque
al final sea imposible hacer así análisis comparativos del rendimiento de la
educación en el país.
Durante el gobierno
de Salinas la política para intentar mejorar el nivel de la calidad educativa
fue instaurar becas o estímulos al desempeño de los profesores según su
esfuerzo para superar o mejorar su formación docente y rendimiento laboral. El
sistema trajo indudables beneficios para el ingreso salarial de una parte del
sector académico en todos los niveles, desde el básico hasta el superior, pero
no se sabe hasta el momento cuál fue el efecto real en la calidad del
aprendizaje esperado en los alumnos. Se ha podido detectar en cambio que el
sistema de premios al desempeño se ha corrompido en varias de sus partes al
emitirse comprobantes falsos o al realizarse presuntas actividades de
superación que son sólo de forma. Existe la intención –hasta ahora en el papel-
de comprobar la real capacidad de los maestros a través de examinar su
conocimiento. Esta es una de las partes que más resistencia ha tenido la
reforma educativa sobre todo del grupo conocido como CNTE, el mismo que un día
impide el tránsito en carreteras y otro apedrea un recito gubernamental o pone
campamentos durante semanas en plazas públicas o decreta paros laborales
indefinidos. ¿Qué puede enseñar un profesor que se dedica a esas actividades
extra aula? Lógicamente serán los primeros en oponerse a ser examinados.
Está comprobado que
ningún proceso, no sólo educativo sino de cualquier tipo, puede mejorarse si no
existe una evaluación permanente de sus productos y procedimientos. Crear
recursos humanos de calidad en el amplio sentido del término implica
necesariamente no sólo examinar al alumno sino también al maestro y a la
autoridad administrativa ¿Será tan difícil de comprender esto y envolvernos en
cambio en una grilla permanente?
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