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martes, 9 de noviembre de 2010

SOSPECHOSA CELERIDAD JUDICIAL EN EL CASO DE “TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA”

Mientras el grueso de la ciudadanía debe padecer indignantes retrasos en la administración e impartición de justicia en el Estado, cuando el expediente en cuestión viene “recomendado”, entonces resulta asombrosa y admirable la celeridad con que la autoridad judicial realiza su encomienda.

Si usted es un ciudadano común y corriente, para presentar una denuncia de Robo ante el Ministerio Público del fuero común, debe llenar una serie de requisitos burocráticos, la mayoría de ellos injustificados. Pareciera que la existencia de tales requisitos, tiene como objetivo “desanimar” a los afectados a formular su denuncia. Así las cosas, ante tanto requisito, las personas afectadas por un robo, optan por no perder más tiempo y se retiran sin formular denuncia. Así la procuraduría de justicia presume que “han abatido a la delincuencia” porque cada vez hay menos denuncias, cuando la realidad es que la actividad delictiva se encuentra al alza, y lo que ha disminuido es la confianza de las personas afectadas, que no denuncian por tantas trabas que le ponen en la Agencia del Ministerio Público.

Pero si usted es el chofer del candidato oficial, entonces, así, nada más por su dicho, sin que se acredite la propiedad de la unidad motriz, no solo levantan a toda velocidad el acta, sino que detienen y consignan a las personas detenidas y relacionadas con la denuncia.

Y si usted es un ciudadano común y corriente, y logra presentar su denuncia, tarda meses para poder integrar, si bien le va, su expediente de indagatoria, y meses más para que se consigne al juzgado, y meses más para que se inicie el proceso penal, a menos, claro, que “motive” convenientemente al personal de actuaciones.

Tratándose del chofer del candidato, eso no es problema. En cuestión de horas, se consignó el expediente, y en cuestión de horas, se dictó auto de formal prisión a los supuestos comisores del delito de Robo con violencia en grado de tentativa.

En el expediente 257/2010 que se instruye en la mesa 3 del Juzgado Primero Penal de esta Ciudad, en cuestión de horas, se dictó un auto de formal prisión en contra de JOSUÉ ULISES CINCO DUARTE y ADÁN VERDUGO MARTÍNEZ, por el delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA.

Nos llama la atención la velocidad con que se emitió el auto judicial, porque lo usual es que tarden tres días. Si a todos los procesados se les tratara con esa celeridad, no habría rezagos en la administración de justicia.

Llama la atención también el hecho de que en el expediente no se menciona ni al propietario de la unidad motriz que supuestamente se iban a robar, ni se acredita la propiedad de la misma. “no es necesario”, dice el Juez en su resolutivo, y tiene razón. Ahora necesitamos que eso se lo digan al procurador para que a su vez, instruya a los Agentes del Ministerio Público, para que YA NO EXIJAN ese requisito para poder levantar una denuncia de robo, o ¿solo aplica cuando se trata del candidato oficial? Que el Ciudadano Procurador nos lo aclare.
Llama la atención la declaración del chofer denunciante y de sus dos testigos WENSESLAO MARRON CASTRO, CRISTIAN FABRIZIO DEL CASTILLO MIRANDA y MONSERRAT CALDERÓN HINOJOSA, respectivamente.

Los tres declaran de una manera asombrosamente similar. Utilizan las mismas inflexiones tonales y de estilo, describen de manera idéntica el evento, y coinciden sistemáticamente en modismos y localismos. Es decir: a la luz de una prueba experticial en ESTILOMETRÍA, fácilmente se podría constatar que tales declaraciones, las del denunciante y sus testigos, fueron “elaboradas” por el mismo redactor. Estaríamos entonces en presencia de una denuncia “armada” y “maquillada” convenientemente, para hacer parecer ciertos hechos que pudieran resultar falsos.

Mas grave resulta la supuesta confesión de los indiciados, pues adolece de las mismas “coincidencias armónicas”, que llevarían a la luz de una prueba pericial, a la convicción de que tales confesiones son FALSAS.

En ningún momento se refieren en el término judicial, al hecho socialmente relevante que más nos impactó en el evento: UN SER HUMANO PERDIÓ LA VIDA A MANOS DE OTRO. Es como si no hubiera pasado. Se soslaya en el expediente.
Se habla de armas de fuego y de disparos, y de un lesionado, pero siempre apuntando a que el agente que dijo ser elemento de la SSPE "comisionado para prestar servicio de seguridad en una casa de Fidepaz donde vive un funcionario que requiere protección"actuó en legítima defensa, cuando la narración del evento es ridículamente inadmisible. La mecánica descriptiva no soporta en análisis pericial. Es como si todo se hubiera bordado para proteger a quienes participaron activamente en el evento que derivó en la muerte del hoy occiso.

Y para alcanzar la “confesión” de los indiciados, al decir de sus familiares, se recurrió a la tortura física y moral más abyecta de que se tenga memoria en el Estado.
Por lo anterior, a petición de la familia de los procesados, se formulará una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que cuenta con una fiscalía especializada para este tipo de eventos. La denuncia la presentaremos directamente en la Ciudad de México, y se espera que como consecuencia de la misma, se destaque un grupo especial de la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos, acompañado de peritos en las materias pertinentes, se hagan cargo de la integración de la indagatoria, con plena independencia de la indagatoria que por atracción de competencia, han solicitado los senadores de la República.


Lic Arturo Rubio Ruiz

RUBIO Y ASOCIADOS

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