En La Purisima, la ambición delinea su fracaso.
Avasallados por políticos, inversionistas y Comisariados Ejidales.
Mario Santiago G.(Revista Compás)
Como si fuera una maldición o algún estigma, el sector ejidal de Baja California Sur nunca se ha distinguido por su aportación en el campo de la producción alimenticia, pero se saca un diez en las desventajosas ventas de sus tierras, principalmente las que tienen ensoñadoras playas, mismas que los ponen en la mira telescópica y con muy escasa defensa ante los compradores que les llegan de todas partes del mundo y los envuelven relativamente fácil ante la falta que tienen de orientación, capacitación, estudios, organización y una maltrecha economía que no soporta la ambición de terratenientes extranjeros y mexicanos, así como políticos locales que siempre lo condimentan con familiares, amigos y hasta compadres, aderezado por el egoísmo de los supuestos inversionistas que solamente se interesan por sus propiedades, pero que se niegan a compartir con ellos, cualquier tipo de desarrollo empresarial, aunque hasta el momento, solamente son especulativos, pues la mayoría solamente trata de revender para enriquecerse en un dos por tres.
LA PURISIMA, UNA ESCUELA DE ABUSOS.
Con toda seguridad, la joya mas preciada de la corona, en cuanto a los abusos de sus tierras se refiere, lo representa el Ejido La Purísima, enclavado en el municipio de Comondú y colindando al norte con Mulegé. Fue fundado el año de 1929 y cuenta actualmente con un padrón de 410 ejidatarios.
Es el mas grande del Estado en cuanto a su extensión geográfica se refiere y con grandes recursos naturales para desarrollarse, incluyendo las hermosas y codiciadas playas de Bahía Concepción en el. Golfo de California, así como importantes extensiones por el Océano Pacífico, pero además, incuantificables recursos pesqueros por ambos litorales, zonas propicias para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, tanto vacuno como caprino; borrego cimarrón, venado, y grandes bancos de piedra laja, por mencionar algunos.
Pero el intenso y generalmente ilícito saqueo de sus tierras, casi siempre ha contado con la complicidad o el encubrimiento de sus propios Comisarios Ejidales que se han beneficiado del cargo, poniéndose también bajo las ordenes y sugerencias de los políticos en turno que también le entran a la rebatinga, o bien, doblados y asfixiados por los intereses económicos
de donde obtienen jugosas utilidades.
Miren un ejemplo:
En el año del 2006, el Comisario Ejidal, Ramón Fernando Arce Mayoral, inició un juicio agrario (TUA-48-036-2006) para recuperar 400 mil hectáreas que fueron vendidas ilícitamente a 286 personas entre empresarios y servidores públicos, encabezados por Narciso Agúndez Montaño, Luis Raymundo Cano Hernández, Alberto Treviño Angulo, Juan Manuel González Arriola ( Notario Público en el Estado de Jalisco),Roberto Amador Orozco, Gabriel Larrea, y del Estado de Nuevo León, Adrián Israel Elizondo González y Eugenio David Elizondo Treviño.
Para justificar el requisito documentado de la residencia ejidal, el ex presidente municipal de Comondú, Francisco Javier Obregón Espinoza, les extendió a la mayoría, su respectiva acta.
La demanda caminó parcialmente, pues el 6 de marzo del 2009, obtuvieron un amparo por parte de las autoridades agrarias.
Y el mes de abril del 2010 les restituyeron 50 mil hectáreas que habían sido vendidas sin la autorización de la asamblea ejidal a la empresa SEDETUR S. A DE C. V. el l8 de diciembre del l995.
En esa fecha de la devolución, se realizó una ceremonia especial en Bahía Concepción, misma que concluyó con un festejo-comida organizada por los propios ejidatarios, que ahí mismo se prometieron a ya no malbaratar sus propiedades.
Pero gran parte del saqueo ya está consumado. Durante el periodo de José Francisco Ramírez Gutiérrez (2007-20l0), por versiones de los propios ejidatarios, se volvió millonario repentinamente y solo conducía autos de modelo muy reciente, pues negoció un sinnúmero de derechos ejidales con magníficas ubicaciones, incluyendo en el reparto a su hijo Javier Ramírez Gutiérrez (l6 derechos); 20 a favor de Manuel Salvador Rochín Higuera y l5 para Gabriela Ahumada Manríquez.
En total, Ramírez Gutiérrez gestionó más de un centenar de derechos, para favorecer a terceros, pero dañando seriamente el mordisqueado patrimonio del ejido.
De acuerdo a una carta que el 19 de abril del 2011 hizo pública el entonces comisariado, Daniel Raúl Vizcarra Angulo, Ramírez Gutiérrez contó con la complicidad del Magistrado Agrario, Andrés Islas Soria, quien en lugar de defender los intereses de los ejidatarios, autorizaba los trámites incompletos que le presentaban, permitiendo con ello, la adjudicación de valiosas parcelas, pese a que no contaban con el insalvable requisito del visto bueno de la asamblea.
Esto al final, le resultó muy caro a Javier Ramírez, pues a partir del mes de agosto del 2010 y ahora si, por acuerdo unánime de la asamblea, fue suspendido de sus derechos ejidales por un periodo de 30 años y además, determinaron desconocer cualquier tipo de transacción mercantil que haya realizado durante su periodo.
DESTITUYEN A RAUL VIZCARRA.
El 25 de marzo del 2011, el Tribunal Agrario aprobó la destitución de Daniel Raúl Vizcarra Angulo como Presidente del Comisariado al violar, cuando fue electo, el artículo 38 de la Ley Agraria que obliga a los integrantes de la mesa directiva, trabajar y vivir en el ejido, un mínimo de seis meses antes de la elección, requisito que no cumplió, pues radica y trabaja en esta ciudad de La Paz.
Para complementar su periodo que vence el próximo mes de marzo, fue elegido Filiberto Arvizu Higuera, pero según información de los propios socios, en sus primeras decisiones dotó con derechos agrarios a su hija Karla Denisse Arvizu Preciado; a Iván de Jesús Higuera, hijo del secretario y a Juan Rosario Avilés Angulo, esposo de la licenciada Miriam Haydee Orozco Luna, abogada del ejido.
Así cuando.
UNA HEBRA DEMASIADO LARGA.
¿Hasta donde y hasta cuando podría terminar la deshilvanada y extensa hebra de abusos en contra del Ejido La Purísima?.
Tal vez hasta que los genuinos ejidatarios sean totalmente despojados de sus mejore tierras y se queden solamente con las que no tienen ningún valor y por lo tanto, las que carecen de algún futuro.
El 16 de enero del presente año, un grupo de ejidatarios denunció por este mismo medio informativo, que durante el periodo de Bernardino Higuera Meza (2005-2007) se otorgó un elevado número de derechos a personas ajenas al ejido, entre ellas 12 parcelas que con diversas argucias le arrebataron a don Luis Arce Espinosa, pidiéndole al titular del Registro Agrario Nacional que las nulifique y las regrese a su verdadero dueño, por haberse concedido sin la autorización de la asamblea y entregadas a Martín Roberto Taylor García, cuñado de Vizcarra Angulo.
El 23 de enero, también de este año, los mismos ejidatarios, denunciaron públicamente que Ana Karina Angulo Esquer aparece con 14 mil hectáreas y otras 1,600 a nombre del ingeniero Salvador Sarabia Vázquez.
Un cuento de nunca acabar, como el de las mil y un noches.
LOS EJIDOS DEL ESTADO, VICTIMAS DE LA AMBICIÓN.
Ningún rincón del Estado, sea ejidal, pequeña propiedad o terrenos nacionales, se ha escapado de esta acción depredatoria, tanto de extranjeros de diversas partes del mundo, de nuestro propio país y de esta misma entidad. Se calcula que en todo el Estado operan un poco mas de 100 negocios de Bienes Raíces, entre norteamericanos (90%), ingleses, españoles y nacionales.
No ha sido una acción reciente, sino producto de muchos años, pero en los doce años que gobernaron los izquierdistas, encabezados por Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño, el saqueo que descaradamente alentaron y del que también participaron, llegó a sus niveles mas exagerados.
Vamos a darle una revisada muy general.
En Ensenada de Muertos y Punta Arena, los dueños de esas extensiones de tierra que tienen playas que ambionaria cualquier país del mundo, con el pretexto de invertir en grandes complejos turísticos, construyeron casetas de paso con pesadas plumas para controlar la entrada, grúas y guardias blancas montadas en cuatrimotos, para impedir el acceso a los habitantes de esa región, que ya no pueden disfrutar libremente, de las hermosas y pacíficas playas y los pescadores ribereños de la región que enfrentan grandes dificultades para salir de pesca y poder llevar el sustento a sus familia. Los inversionistas contaron con todo el respaldo del “socialista” y entonces Presidente Municipal de La Paz, Víctor Castro Cosio.
En todos Santos y en gran medida El Pescadero, los dueños generacionales de las huertas, las vendieron a precios irrisorios y ahora son los peones de lo que antes era suyo.
Y prácticamente sus nuevos dueños, son inmigrantes norteamericanos.
Leonel Cota remató 300 hectáreas del tradicional y emblemático Mogote al terrateniente Luis Cano, quien compró en 17 pesos el metro cuadrado y cuyo dinero no se supo con claridad donde quedó y como se invirtió. El complejo turístico, que supuestamente en el 2005 daría empleo a 5 mil personas, actualmente se encuentra semi abandonado y con el dueño repleto de demandas por no haber cumplido los tiempos de construcción pactados con los inversionistas y con los compradores de condominios.
En San Bruno (Mulegé), sus ejidatarios fueron asediados por el entonces influyente Grupo de Los Cabos, que deseaban adquirir a precios de regalo, las bellas playas de Punta Chivato, esto apenas en el 2008.
En el ejido de Agua Verde, que tiene unas playas de ensueño, David Allen Smith se adueño de 330 hectáreas y para que las devolviera, los ejidatarios de esa comunidad y San José de la Noria se organizaron para evitar el despojo, cerrando el camino que es la única vía de acceso.
En Caduaño, del municipio de Los Cabos, un grupo de agundistas encabezados por Luis Cano para variar, se disfrazaron de ejidatarios para obtener tierras a precios muy ventajosos.
En San Vicente de los Planes estuvo de cocol, pues la asamblea ejidal nombró como su apoderado legal a Jorge Cota Carrillo para que comercializara 113 hectáreas, incluyendo un kilómetro de playa, pero abusando de la confianza que le otorgaron, se adueño de ellas y al parecer hizo un negocio particular, vendiendo a inmobiliaria COPSA S.A. DE C.V., oficialmente en 11 millones de pesos, aunque algunos ejidatarios aseguran que fueron 60.
Ninguna demanda les valió. Perdieron tierra y no recibieron ningún centavo. Cota Carrillo siempre se ostentó como amigo íntimo de Narciso Agundez. Lo cierto es que la justicia que pedían los ejidatarios, nunca caminó.
En el famoso predio ejidal El Gallito (Mulegé), la familia Meza Romero fue despojada de 2500 hectáreas, señalándose como orquestadores del ilícito a Leonel Cota y Narciso Agúndez con la complicidad del entonces Notario Público, Guillermo Santillán, quien curiosamente es ahora Presidente Municipal de Mulegé.
NAM, en su sexto informe de gobierno, anunció que la isla de San Lázaro en el complejo de Bahía Magdalena (Comondú), se construiría una nueva Cozumel. Los cooperativistas pesqueros del Puerto San Carlos se sintieron engañados por el entonces gobernador que llegaba en helicóptero a dicha isla, siempre acompañado por Luis Cano, supuestamente en vista de cortesía aunque en el fondo era una estrategia de acercamiento para apoderarse de dicha extensión a través de su socio favorito.
En el predio de San Simón (San Antonio) Sobeida Elizondo Domínguez, se aprovechó de una carta poder, para adueñarse de 1,755 hectáreas, propiedad del modesto e ingenuo ranchero, don Jesús Perfecto Aguilar Núñez que no sabe leer ni escribir.
En el predio ejidal conocido como La Ballena, Cesar Uzcanga, también del grupo agundista y actualmente preso en el penal de Los Cabos, se hizo millonario vendiendo tierras ilegales, comerciando el agua potable, la energía eléctrica y desde luego, las cuotas económicas por el terreno. Luis Armando Díaz, ex Secretario General de Gobierno, nunca fue ajeno a esta invasión, especulándose que ni a sus utilidades.
En el Coyote, contiguo a Playa Balandra en esta capital, Ray Novelli, con el respaldo de las autoridades del estado, también durante el sexenio de NAM, se apodero de 1,750 hectáreas, supuestamente para construir un complejo millonario denominado Maravía Resort. Los terrenos pertenecían a Victoria Cota 400 hectáreas y 1,400 a Vitoria Liera.
En el Rosario, de la juridicción, de las Vinoramas, Miguel Ángel Álvarez Rivas, cuñado del ex procurador Fernando Gonzáles Rubio, se apodero por la fuerza de 93 hectáreas.
Las suyas, las canjeo arbitrariamente por otras que no le convenían, pero sin la autorización de los legítimos propietarios.
En San Isidro, Placido Rodríguez Higuera, compadre de LCM, compró ventajosamente una importante extensión de tierras ejidales, las fraccionó y las vendió entre uno y dos millones de pesos cada una. Lo acusaron en los medios informativos de evadir los impuestos correspondientes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
En San Bruno (Mulegé), una inversionista norteamericano arrendó 4,500 hectáreas a los ejidatarios por un lapso de 30 años, pero dejándolos fuera del proyecto turístico que anunciaba, lo que propició una demanda de los campesinos para que les regresaran sus tierras, pues solo deseaban participar como socios de una inversión que nunca se llevo a cabo.
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