Alejandro Álvarez
Han transcurrido más de tres semanas desde la explosión
en uno de los edificios administrativos de Pemex en la Ciudad de México. Ha
sido demostrada por especialistas en temas de gases y de explosivos la endeble
estructura de la versión oficial; no hay explicación ni sobre el origen del gas,
ni sobre su composición. Ni qué decir sobre los contratos millonarios de
mantenimiento que debieron detectar o reportar alguna anomalía previa al
siniestro. Menos sobre los sistemas de vigilancia del complejo administrativo.
En Internet circulan mil versiones producto de supuestos no demostrados pero
indudable y morbosamente atractivos: que si un autoatentado, que si los zetas,
que los que quieren vender Pemex, que si los que no lo quieren vender, que si
documentación archi recontra secreta ha desaparecido, que si las computadoras,
en fin. Especulaciones para dar y prestar. El tiempo opera a favor de la
imaginación popular y las autoridades parece no preocuparles mayor cosa. Da la
impresión de que a solas dicen los gobernantes: que piensen lo que quieran;
incluyendo las opiniones técnicas que han puesto en un predicamento la historia
del gas metano y la chispa misteriosa que lo encendió.
Todo apunta a que el asunto se dejará podrir con uno que
otro manoseo alrededor de lo mismo, para
no hacer olas a pesar de aquel concepto jurídico básico que obliga a
deslindar responsabilidades donde quiera que exista una muerte violenta. Para
estar a tono con la tónica gubernamental, se puede estar cocinando una buena
birria de chivo expiatorio.
Sin embargo la pieza del desastre de Pemex y su secuela
no está tan fuera de lugar en la atmósfera creada en el poco tiempo de este
nuevo gobierno. La presión a los ministros de la Suprema Corte para dejar libre
a la francesa secuestradora, el perdón a las deudas millonarias de los
municipios, la aparición de grupos armados de autovigilancia “popular”, la
reforma apresurada de leyes para logar la liberación de vándalos que destruyen la vía pública o que se
apoderan de centros educativos, o que les prenden fuego y luego exigen una mesa
de negociación siempre y cuando, claro, no se les haga ninguna demanda
judicial. Ese es el tejido de la “nueva” política priísta, no muy diferente de
la panista, ni de la perredista en los estados que los amarillos han gobernado.
Baja California Sur sin ir más lejos.
Una sola frase sintetiza la “nueva” política: el
desprecio por los gobernados. Los partidos ya se pusieron de acuerdo, ya les
dijeron y se dijeron: pa’ todos hay, nomás bien alineaditos. Y efectivamente,
ahí están azules, rojos, amarillos, y los colores que resulten, tendiendo la
mano para recibir su rebanada de poder en una “civilizada sociedad democrática”
en la que “pa’ todos hay”. ¿Entonces para qué es el Pacto?
Ah! y en el reparto no puede faltar la sociedad civil
encarnada en las organizaciones no gubernamentales que no hace mucho se
desgañitaban queriendo llevar a juicio a Calderón por las miles muertes violentas
de las cuales según ellos era directo responsable el presidente Calderón y
ahora están muy calladitos sin que asome para nada lo que sería la nueva
cantaleta de “los muertos de Peña” ante el desfile de ajusticiamientos del
crimen bien organizado que no ha visto en el cambio de gobierno motivos
suficientes para cambiar de estrategia. Mala señal.
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