Alejandro
Alvarez
La semana
pasada fue motivo de encendidos comentarios descubrir que en un sector del
centro de la ciudad de La Paz la red municipal de agua potable se encontraba
contaminada por aguas negras. Destaca la
lentitud de reflejos de las autoridades municipales y su escasa solvencia
técnica para tomar medidas de emergencia. Cosa aparte es la tradicional falta
de respeto a la inteligencia de la ciudadanía cuando de dar explicaciones se
trata.
Aunque el
hecho ya era de conocimiento público el lunes 8 no fue sino hasta el viernes 12
que el organismo operador municipal salió a dar la cara oficialmente en una
rueda de prensa. El usuario, que tiene
sentido práctico, cuando vio que el agua no era incolora e inodora sino turbia y maloliente (con sentido común no
se puso a averiguar si era insípida) dedujo de inmediato que estaba contaminada
por aguas residuales y así lo denunció de inmediato. La autoridad, que anda en
otros asuntos, informó hasta el día 11 que ya había tomado muestras de ese
líquido extraño que salía por la red de agua potable. Si le hubieran preguntado
a cualquier ciudadano se habrían ahorrado la inversión en análisis, esa agua
tiene bacterias fecales y compuestos orgánicos muy por arriba de la norma ¿qué
más necesita saber? De cualquier forma al momento de escribir esta nota no se
daba a conocer el resultado del acucioso estudio.
El señor
Ruiz Padilla, director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado
de La Paz, en la rueda de prensa referida
señaló que “el problema de intrusión de aguas residuales, se está dando en la
calle Belisario Domínguez del tramo de la Sonora a la Márquez de León y ya
están los estudios necesarios para que se pueda iniciar la construcción del
acueducto hacia el Carrizal”. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya encarrerado también hubiera comentado la
crisis de la selección nacional de futbol. Lo cierto es que es ilógico que la
contaminación en una red de agua potable siga un patrón exclusivamente lineal
porque el sistema de distribución no es sobre calles aisladas unas de otras
sino sobre sectores que incluyen varias manzanas. La contaminación debe
presentarse en varias calles paralelas y perpendiculares a las señaladas por el
funcionario ¿a quién le quieren ver la cara?
En su sesuda declaración el señor Ruiz Padilla añadió que “la red de
agua potable y de alcantarillado de esa parte de la ciudad, data de 1960, esto
quiere decir que tienen 53 años de antigüedad y que más de dos décadas (sic),
los materiales empleados en ello cumplieron su vida útil…”. Redacción aparte –o
dicción del declarante– lo que se entiende es que esas redes tienen más de
veinte años que debieron haberse renovado y que la ruptura de ambas en el
subsuelo provoca su mezcla. En el clásico escurrimiento del bulto de las
autoridades actuales a sus predecesoras habría que buscar en los archivos a
quién echarle la culpa de que esa tubería tenga hoy esas deficiencias y que los
habitantes estén bajo riesgo sanitario. Pero la cosa no para ahí porque
entonces quiere decir que el usuario ha estado consumiendo agua contaminada
desde vaya usted a saber hace cuantos lustros porque es de suponer que la
contaminación no apareció repentinamente sino que ha ido aumentando hasta que
llegó a los niveles escandalosos actuales. ¿En quién recaerá eventualmente la
ley de responsabilidades de los servidores públicos en el hipotético –e
improbable– caso de que ésta se llegara a aplicar? Podemos adelantar la
respuesta. En nadie. ¿Y qué harán en aquellos sectores de la ciudad,
particularmente del centro, donde la antigüedad de la infraestructura hidráulica
y sanitaria es similar? No hay planes. Ni ideas.
El caso
ilustra a la perfección la falta de profesionalismo y respeto de los
gobernantes hacia los gobernados. No es privativo de la autoridad municipal.
Casos existen en el ámbito federal y estatal para aventar para arriba. Donde en
realidad se aplican los políticos -y ya están desde ahora bien atrincherados-
es en la búsqueda del siguiente trapecio a donde saltar en este circo en que
han convertido la vida pública nacional.
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