SUPREMA CORTE, UN PASITO PARA ATRÁS

Alejandro Alvarez

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las leyes que sobre el aborto tienen los estados de Baja California (BC) y San Luis Potosí (SLP), las cuales prohíben su práctica y establece el derecho a la vida desde la concepción. El tema, complicado de discutir por sus implicaciones éticas, religiosas y de salud pública, algunos la han reducido mañosamente a  una aparente polarización entre los defensores de la vida y los contrarios a ella o entre los abortistas y los no abortistas. Falso, la discusión no es esa y seguramente el debate no queda zanjado con la última decisión de la SCJN que explícitamente lo que hizo fue reconocer cierta autonomía de los congresos estatales para tomar la decisión que consideren adecuada en el tema (“libertad de configuración” le llaman los magistrados con ese lenguaje que sólo ellos entienden). Es decir, evadió elegantemente la materia central con un pasito para atrás.

Antes de las resoluciones el jefe de gobierno del Distrito Federal (DF) señalaba que “no podría haber o habría una contradicción entre el avance de derechos en el DF y su restricción en el caso para otros estados… parecería contradictoria una cosa con la otra, si finalmente se tomase otra decisión, cómo se sustentaría la diferencia de norma, sería difícil de explicarlo”. Como es sabido, la misma Corte había avalado hace tres años para el DF la interrupción del embarazo hasta la semana doce de la concepción con el siguiente argumento del magistrado Guillermo Ortiz: "La SCJN no penaliza ni despenaliza el aborto. No es facultad de este tribunal constitucional establecer los delitos de las penas. Hemos determinado únicamente la constitucionalidad de una norma aprobada por el órgano respectivo (el Congreso del DF) y hemos participado en una definición de trascendencia nacional”.

Dicho de otra manera los magistrados supremos han sabido enredar el bulto; dejaran de ser abogados (con todo respeto). Dentro de las curiosidades de la democracia del poder judicial destaca que con sólo tres votos de los magistrados se mantuvo la vigencia de la ley antiaborto en BC y SLP, contra la opinión de los otros siete magistrados. Pero como señalamos al inicio, seguramente esto no significa la desaparición de las opiniones distintas acerca del derecho de las mujeres (y de sus parejas) a interrumpir el embarazo. Conviene por ello tratar de abordar aquellos aspectos que parecen los medulares. Para empezar, la discrepancia sobre el aborto no está entre quienes lo quieren y no lo quieren. Nadie, en disfrute de sus cabales, puede salir a defender el aborto simplemente por el gusto o placer que le produzca su práctica. El origen de lo que está por dirimirse es si la práctica del aborto deba ser causa de penalización o no. Nueve de cada diez adultos conoce a alguna mujer que ha acudido a un aborto clandestino y podrá constatar que ninguna de esas mujeres ha recurrido a esa práctica por gusto o capricho, sino como un recurso extremo que, por las causas que se quiera, no deseaba. La muerte materna por la práctica del aborto en condiciones inseguras ocupa el tercer lugar en el país y pudiera ser que una de cada tres mujeres que realiza esta práctica en estas condiciones muera. En México, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, habría anualmente 850 mil abortos ilegales lo que provocaría la muerte de casi nueve mil mujeres cada año. Todas las estimaciones estadísticas de acciones o procesos no legales tienen un margen de error que generalmente subestima las cifras reales, éste es también el caso del aborto. De entre las consecuencias de un aborto realizado en condiciones inseguras (las del clandestinaje) están la pérdida de la capacidad reproductiva ulterior de la mujer, infecciones, trastornos menstruales y emocionales, infecciones y la muerte. Quienes realizan hasta ahora este servicio en la ilegalidad (como será el caso de BC y SLP y todos los estados con ese tipo de legislación) van desde médicos hasta fanfarrones inexpertos que obtienen ganancias que oscilan entre diez y quince mil pesos por intervención. La mayor parte de las mujeres que recurren a esa práctica son de escasos recursos, por lo que además las implicaciones económicas son brutales. En el caso de la discusión sobre la despenalización del aborto, poco o nada tendrían que ver las creencias religiosas o fanatismos ideológicos sino el bienestar, salud  física y emocional y la seguridad social de los ciudadanos, sus condiciones concretas de vida y trabajo cotidianas. ¿Es tan complicado entender que deban ser las mujeres implicadas en el asunto las únicas que decidan sobre su capacidad reproductiva?