Denise Dresser
Días de carreteras deslavadas y playas anegadas y constructoras cuestionadas. Días en que problemas profundos pero previamente ocultados salen a la luz. Corrupción rampante. Viviendas construidas en zonas inapropiadas. Un proceso de privatización carretero que sólo trajo ganancias para los contratistas pero no para los consumidores. Todo ello revelado en la tragedia de Acapulco y las penurias de la Autopista del Sol. Un microcosmos de mala política pública instrumentada por funcionarios que deberían ser exhibidos, señalados, sancionados.
Por haber permitido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejara de tener seguro para la red carretera federal libre de peaje, dañada en 40% por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. Por el hecho de que esa falta de seguro en 57 de las 141 carreteras federales libres le costara al gobierno 40 mil millones de pesos. Por haber emprendido un proceso de “racionalización presupuestal” que ahora tendrá un impacto severo y negativo en el erario. Y las aseguradoras sólo pagarán el 20% de los daños.
Daños que apenas comenzamos a sopesar. 600 autos afectados por las tormentas. El colapso de la infraestructura eléctrica e hidráulica en muchos estados. El colapso aeroportuario en Acapulco. Casas habitación, escuelas, hospitales, industria y sector agropecuario destruido. Todo lo que corrobora que en tantos sectores no se tomaron las decisiones necesarias, no se construyó como se debía, no se protegió como hubiera sido indispensable. Y no sólo es un asunto que se traduce en factor de riesgo para la población. También evidencia gobiernos, pasados y presentes, que colocaron la importancia de hacer negocios por encima del imperativo de proteger a la ciudadanía.
Allí está la Autopista del Sol. Una de las vialidades más caras del mundo, con un costo estimado de 1.5 pesos el kilómetro (?)**. Una carretera mal diseñada y mal construida. Una carretera por la cual se le deberían hacer preguntas importantes al Grupo Mexicano de Desarrollo, el dueño de la concesión y el beneficiario del rescate. Una carretera que también involucra a Carlos Slim, ya que desde 2005, la compañía I+México que utiliza el nombre comercial de IAVE es encargada del costo de peaje. Una carretera sobre cuya construcción Tribasa necesita hacer aclaraciones. Y en la lista de los responsables también está Emilio Gamboa Patrón, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio salinista; la compañía Gutsa que ganó gran parte de la licitación de la reestructura de la autopista; Marco Antonio de la Peña Sánchez, actual director jurídico de Pemex quien fuera director fiduciario del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas. ¿Ellos dónde están? ¿Qué dicen? ¿Cómo responden? ¿Qué explicaciones nos van a proveer?
Siguen allí, plácidamente, en otros puestos políticos o participando en otros procesos de concesión y licitación. Sin haber rendido cuentas. Sin habernos aclarado por qué una “autopista de clase mundial” está en tan malas condiciones, sigue siendo tan cara, y ha sido “rescatada” tantas veces. Mientras ninguna de las dependencias o las personas que las dirigían o estuvieron involucradas en los procesos por los que ha pasado ha sido escrutada. Analizada. Convocada. Sancionada para que lo ocurrido no vuelva a suceder. Para que en el proceso de adjudicación haya controles. Para que en la construcción de cualquier autopista haya supervisión. Para que no haya tantos rescates financieros en el futuro. Para que nadie vuelva a “ subestimar”, como lo trató de hacer De la Peña Sánchez en una entrevista reciente, el costo fiscal de indemnización que significó para el erario el rescate de 23 de las 52 autopistas concesionadas durante el salinismo.
Una era en la que en nombre de la privatización se permitió la construcción de carreteras conocidas como “autopistas de la muerte”. Basta con recordar el caso de la que va de San Martín Texmelucan a Tlaxcala, que sólo abarca 25.5 kilómetros pero tiene un peaje de 57 pesos. Fue construida por Tribasa, ahora Pinfra, que también participó en la Autopista del Sol. No tiene acotamientos, hay “ puentes” improvisados por los pobladores para cruzar de un lado a otro y ostenta una de las cifras más altas de accidentes mortales del país. Incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes califica su peligrosidad como “alta”. Y a sus costados hay una larga secuencia de cruces blancas en honor a las personas que han muerto allí.
Por ello la importancia de usar las lluvias torrenciales como un desinfectante; de volver a los huracanes un instrumento para ver de cerca lo que dejaron a su paso; para aprender lecciones de los errores cometidos. Deslaves, colapsos, inundaciones pero más importante aún: procesos de concesionamiento, reconstrucción, mantenimiento, cobro y rescate por los cuales alguien tiene que responder. Alguien tiene dar la cara. Alguien tiene que pagar un costo. Alguien tiene que narrar exactamente qué pasó antes y después de la tormenta.
Por haber permitido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejara de tener seguro para la red carretera federal libre de peaje, dañada en 40% por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. Por el hecho de que esa falta de seguro en 57 de las 141 carreteras federales libres le costara al gobierno 40 mil millones de pesos. Por haber emprendido un proceso de “racionalización presupuestal” que ahora tendrá un impacto severo y negativo en el erario. Y las aseguradoras sólo pagarán el 20% de los daños.
Daños que apenas comenzamos a sopesar. 600 autos afectados por las tormentas. El colapso de la infraestructura eléctrica e hidráulica en muchos estados. El colapso aeroportuario en Acapulco. Casas habitación, escuelas, hospitales, industria y sector agropecuario destruido. Todo lo que corrobora que en tantos sectores no se tomaron las decisiones necesarias, no se construyó como se debía, no se protegió como hubiera sido indispensable. Y no sólo es un asunto que se traduce en factor de riesgo para la población. También evidencia gobiernos, pasados y presentes, que colocaron la importancia de hacer negocios por encima del imperativo de proteger a la ciudadanía.
Allí está la Autopista del Sol. Una de las vialidades más caras del mundo, con un costo estimado de 1.5 pesos el kilómetro (?)**. Una carretera mal diseñada y mal construida. Una carretera por la cual se le deberían hacer preguntas importantes al Grupo Mexicano de Desarrollo, el dueño de la concesión y el beneficiario del rescate. Una carretera que también involucra a Carlos Slim, ya que desde 2005, la compañía I+México que utiliza el nombre comercial de IAVE es encargada del costo de peaje. Una carretera sobre cuya construcción Tribasa necesita hacer aclaraciones. Y en la lista de los responsables también está Emilio Gamboa Patrón, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio salinista; la compañía Gutsa que ganó gran parte de la licitación de la reestructura de la autopista; Marco Antonio de la Peña Sánchez, actual director jurídico de Pemex quien fuera director fiduciario del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas. ¿Ellos dónde están? ¿Qué dicen? ¿Cómo responden? ¿Qué explicaciones nos van a proveer?
Siguen allí, plácidamente, en otros puestos políticos o participando en otros procesos de concesión y licitación. Sin haber rendido cuentas. Sin habernos aclarado por qué una “autopista de clase mundial” está en tan malas condiciones, sigue siendo tan cara, y ha sido “rescatada” tantas veces. Mientras ninguna de las dependencias o las personas que las dirigían o estuvieron involucradas en los procesos por los que ha pasado ha sido escrutada. Analizada. Convocada. Sancionada para que lo ocurrido no vuelva a suceder. Para que en el proceso de adjudicación haya controles. Para que en la construcción de cualquier autopista haya supervisión. Para que no haya tantos rescates financieros en el futuro. Para que nadie vuelva a “ subestimar”, como lo trató de hacer De la Peña Sánchez en una entrevista reciente, el costo fiscal de indemnización que significó para el erario el rescate de 23 de las 52 autopistas concesionadas durante el salinismo.
Una era en la que en nombre de la privatización se permitió la construcción de carreteras conocidas como “autopistas de la muerte”. Basta con recordar el caso de la que va de San Martín Texmelucan a Tlaxcala, que sólo abarca 25.5 kilómetros pero tiene un peaje de 57 pesos. Fue construida por Tribasa, ahora Pinfra, que también participó en la Autopista del Sol. No tiene acotamientos, hay “ puentes” improvisados por los pobladores para cruzar de un lado a otro y ostenta una de las cifras más altas de accidentes mortales del país. Incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes califica su peligrosidad como “alta”. Y a sus costados hay una larga secuencia de cruces blancas en honor a las personas que han muerto allí.
Por ello la importancia de usar las lluvias torrenciales como un desinfectante; de volver a los huracanes un instrumento para ver de cerca lo que dejaron a su paso; para aprender lecciones de los errores cometidos. Deslaves, colapsos, inundaciones pero más importante aún: procesos de concesionamiento, reconstrucción, mantenimiento, cobro y rescate por los cuales alguien tiene que responder. Alguien tiene dar la cara. Alguien tiene que pagar un costo. Alguien tiene que narrar exactamente qué pasó antes y después de la tormenta.
* La autora es investigadora universitaria, comentarista editorial.
(?)** Al parecer hay un error en el costo del Km.
No hay comentarios:
Publicar un comentario