Gerardo Zúñiga Pacheco
El gabinete de Marcos Covarrubias Villaseñor encontró un estado saqueado. La auditoría hecha durante los primeros 45 días, identificó deudas por miles de millones de pesos que fueron desviados para acciones no gubernamentales por diversas áreas.
La sustracción irregular de los fondos del erario se hizo a través de compras a empresas fantasma, compras de productos y servicios inexistentes, asignación de contratos millonarios sin licitación a familiares y amigos, pago de obras y servicios que no se realizaron o ejecutaron, pago de productos a sobreprecios o estratosféricos y transferencias de dinero público a cuentas “especiales”.
Las direcciones y secretarías responsables de escamoteo fueron: la de Comunicación Social, Obra Pública, Fomento Económico y Desarrollo, Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Educación Pública, Seguridad Pública Estatal; así como la coordinación administrativa del gobernador y del comité administrador del programa estatal de construcción de escuelas en Baja California Sur.
Los presuntos responsables de esta indiscriminada depredación de recursos públicos estatales y federales, tienen nombres y apellidos:
1.- Francisco Antonio Alcántar López.
2.- Daniel Camacho Álvarez.
3.- Jorge Alberto Vale Sánchez.
4.- Guillermo Jáuregui Moreno.
5.- Omar Castro Cota.
6.- Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar.
7.- Benjamín de la Rosa Escalante.
8.- Pedro Osuna López y Gustavo Núñez Drew.
Documentos que obran en manos de este Semanario, exponen que la primera revisión y compulsa de la nueva administración reveló datos sobre estas transacciones irregulares, y que conforme a los requisitos de los trámites, la mayoría de las operaciones se desarrollaron con la venia y autorización del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, quien a partir de hoy, encabezará la lista de los denunciados por presuntos actos de ejercicio indebido de funciones, peculado y desvío de recursos públicos, entre otros cargos, según las pruebas documentales recabadas por auditores estatales y federales, responsables de coordinar la entrega-recepción, y que sustentarán el paquete de demandas a prepararse en la Contraloría General del Estado, en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y en la Secretaría de la Función Pública federal.
En esta semana que termina -del 16 al 20 de mayo-, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, tenía previsto dar a conocer de manera oficial los primeros resultados de esas revisiones, sin embargo, el anuncio fue pospuesto para las próximas horas o días, por motivos de agenda.
Las irregularidades
Con la supervisión y apoyo de la Secretaría de la Función Pública Federal, la administración emanada del Partido Acción Nacional (PAN) encontró un sinnúmero de irregularidades en la asignación de obra pública a compañías de familiares y amigos del ex gobernador perredista Narciso Agúndez Montaño.
La mayoría de los trabajos asignados directamente a contratistas y constructores, no fueron licitados como establece la ley, cuando el monto sobrepasa los 500 mil pesos, bajo el argumento de que eran “económicamente más convenientes”.
Sin embargo, en una compulsa se descubrió que los precios estaban alterados y eran mucho más elevados que las propuestas económicas de otros proveedores.
En la revisión física de las obras, se encontraron trabajos de pésima calidad, algunos de plano no se ejecutaron, aunque se haya cobrado un anticipo y hasta la liquidación del “supuesto” trabajo.
Un ejemplo dado en el expediente, fue el suministro e instalación de aire acondicionado en el Centro Cívico de Ciudad Insurgentes, Baja California Sur. El 14 de abril de 2008, la obra se adjudicó al yerno del ex gobernador, Freddy Erubey Martínez Rivera, y se dio un plazo de 30 días para ejecutar la obra, por la cual cobró un millón 159 mil 828 pesos con 92 centavos.
Hasta el cierre de esta edición, la comunidad seguía esperando la instalación del aire acondicionado en ese salón, punto de reunión para eventos importantes de la población.
Ejemplo dos: La obra asignada al esposo de la hija del ex gobernante, Argelia Agúndez Gómez, sobre la rehabilitación del Gimnasio de Usos Múltiples de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, presentó precios exorbitantes y baja calidad.
Auditores de ese proyecto detallaron a ZETA que por pintar paredes, pisos y colocar una maya ciclónica, el yerno del ex gobernador cobró un millón 137 mil 534 pesos con 97 centavos en un contrato que le adjudicaron el 18 de abril de 2008, el cual realizó solamente 10 días.
Una vez en la investigación de campo, los propios trabajadores del gimnasio atestiguaron que la maya ciclónica ya estaba puesta, y lo único que Martínez Rivera hizo fue retirar unos tubos, ponerle unas barras de concreto y listo. Pintó las paredes y los pisos, pero la pintura -sobre todo de los pisos- comenzó a caerse a los diez días de haberla colocado.
Estos trabajos no fueron supervisados por nadie de Contraloría y Obra Pública, como era la obligación de verificar la calidad. Tampoco fueron investigados, aunque el personal del gimnasio interpuso quejas.
Independientemente de la calidad de las obras y los sobreprecios, el ex gobernador y el ex secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jáuregui Moreno, además de Daniel Camacho Álvarez, ex director de Obra Pública, violentaron la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al asignar obras al yerno de Agúndez, a sabiendas de la familiaridad.
El Artículo 46, apartados XI y XII de esa ley, es claro: los gobernantes y sus subalternos deberán “excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado”.
El hecho de que los dos funcionarios agundistas hayan avalado la adjudicación de contratos directos a favor del yerno, expone por sí solo que participaron en la asignación ilícita de obras, según comentó uno de los auditores. Por estos mismos hechos, según el profesional, también resultarían corresponsables:
1.- El ex contralor general del Estado, Pablo Román Rangel Pinedo.
2.- El ex director de Obras y Contraloría Social de la Contraloría General del Estado, Antonio Rincón Contreras.
3.- El ex coordinador jurídico de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Camacho Flores.
4.- El ex director de Auditoría Gubernamental, Ricardo Garza Espíritu.
La revisión expone que Freddy Erubey Martínez no fue el único familiar del ex gobernador beneficiado.
La tía del ex mandatario estatal, Rosa María Agúndez, así como su esposo, Herminio Betancourt Geraldo, son propietarios de la compañía Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A de C.V., una de los más favorecidas en el sexenio.
Hasta el cierre de esta edición, los auditores ya habían detectado decenas de obras asignadas a los parientes del ex gobernante del estado. Una de éstas adjudicada el 12 de junio de 2009 para pavimentar con carpeta de concreto asfaltico, sanear guarniciones, banquetas y alumbrado público sobre la calle Las Playitas del tramo San Juan de la Costa a San Juan de Los Planes, Baja California Sur. Por este concepto, los Betancourt Agúndez cobraron un millón 623 mil 151 pesos con 45 centavos, a pesar de que, por ley, debieron haberles rechazado su participación en la asignación de obras públicas.
Más sobreprecios
En esta primera revisión, también ha generado sospechas la aprobación de pagos millonarios por concepto de “precios extraordinarios” a las siguientes personas y compañías, cuando ya habían terminado sus trabajos, tras pactar un precio.
1.- Gustavo Sánchez Porras, propietario de Urbanizadora y Edificadora GEMA, S.A. de C.V. y Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos, S.A de C.V.
2.- Constructora Eyco, S.A de C.V.
3.- Construcciones Cobanaro, S.A de C.V.
4.- Hugo Arturo Ojeda Ibarra.
5.- José Edgardo Sánchez Landa.
6.- Fernando Aarón Talamantes Amador.
7.- Enrique Ramírez Fisher.
8.- Servicios de Construcción en General, S.A de C.V.
9.- Roselío Ocampo Nieva.
10.- Construcciones Sistemáticas, S.A de C.V.
11.- Osvaldo Redames Godínez Luna.
12.- Urbanizadora y Edificadora Eléctrica del Pacifico, S.A de C.V.
13.- Constructora Nopoló, S.A de C.V.
14.- Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez.
15.- Norma Lizeth Briseño González.
16.- María del Socorro Moreno Villela.
17.- Sergio Andrade Banda.
18.- Ramón Arturo Burgoin Guerrero.
19.- Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A de C.V.
20.- Rodolfo Cotera Orozco.
21.- Carlos Arturo Valdivia Flores.
22.- Angelina Tapia Rivera.
Esta última, una supuesta contratista que cobró millones de pesos en obras públicas y sin tener un domicilio fijo u oficina. La última dirección que registró, fue Calle Valentín Gómez Farías, entre Colima y P. Navidad, La Paz, Baja California Sur. Sin embargo, nadie tiene referencias de ella en esa dirección.
En el caso de Cotera Orozco, propietario de las constructoras Cise de México, S.A de C.V. y Ceseco, S.A de C.V., entre otras compañías registradas a nombre de sus hijos -Ricardo y Rodolfo Cotera Fuentes, ambos estudiantes de preparatoria-, facturaron millones de pesos en obras públicas.
Los cómplices
A la lista de ex funcionarios que serán sometidos a investigación, se habrán de sumar los nombres que resulten en el deslinde de responsabilidades en contra de los secretarios y directivos que se excusaron de intervenir e investigar los desvíos del dinero público, cuando tuvieron en sus manos las pruebas -y el tiempo necesario- para actuar desde la Contraloría.
De acuerdo con el reglamento interior de esa entidad, los ex servidores públicos, algunos de los cuales permanecen en sus cargos porque se han negado a renunciar y pretenden ser liquidados, en el ámbito de su competencia y facultades estaban obligados a vigilar el buen uso y destino del dinero público, como lo marca el Artículo 6 en los siguientes incisos:
X. Establecer políticas y estrategias de prevención de conductas ilícitas en materia de administración pública, fomentando la conducta ética de los servidores públicos.
XI. Vigilar el registro, ejecución, avance físico y financiero, publicación, liquidación y entrega de recursos que mantenga el Gobierno del Estado.
XV. Vigilar que en las licitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así como las adquisiciones de bienes o servicios, se observen las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
XVIII. Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades de los servidores públicos, sustanciar el procedimiento administrativo disciplinario que establezca la ley de la materia y, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes.
XIX. Procurar el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados a la administración pública del estado por la actividad irregular u omisión de los servidores públicos.
Nada de esto sucedió. Por el contrario, protegieron y dejaron pasar el tiempo para que -según versión de auditores federales- los procesos abiertos fenecieran y no hubiera forma de proceder legal y jurídicamente en contra de los responsables.
Tal fue el caso del ex vocero de Agúndez, Francisco Antonio Alcántar López, presunto responsable de un desvío de 14 millones de pesos, quien no va poder ser enjuiciado por este asunto, sin embargo, tendrá que demostrar en los tribunales -explicaron los auditores- el origen de sus cuantiosas propiedades en una denuncia penal por enriquecimiento inexplicable.
De esta lista tampoco escapan la mayoría de los ex diputados locales de la anterior Legislatura, quienes aprobaron las cuentas del gobierno de Narciso Agúndez, sin haber revisado un sola foja o expediente de gastos, como el que recibieron del ex director de Comunicación Social en el año 2005, cuyo ejercicio fue aprobado, a pesar de que la Contraloría General del Estado exponía entre sus documentos que muchos de los gastos de documentación no habían sido sustentados, y que había alteración de precios y proveedores inexistentes.
5 comentarios:
SR EDMUNDO LIZARDI ,LE COMENTO EN RELACION A LA LISTA DE SOSPECHAS DE SOBREPRECIOS QUE ALGUNAS CONSTRUCTORAS COBRAMOS SIEMPRE SE AUTORIZARON POR EL ING. JAUREGUI, DANIEL CAMACHO Y CONTRALORIA...ES UN TEMA MUY COMPLEJO QUE ALGUNAS CONSTRUCTORA APROVECHARON PARA INFLAR PRESUPUESTOS ... QUE YA MUCHOS SABEMOS QUIENES FUERON ..HABLO DE UN RODOLFO COTERA ,OSCAR GUTIERREZ,BETANCOURT,PERO TAMBIEN ES JUSTO SEÑALAR QUE YO APARESCO EN SU LISTA Y POR DENUNCIAR ESTO EN SU MOMENTO ME VETARON Y FUI VICTIMA DE CASERIA DE BRUJAS POR PARTEDE DE AUDITORIA DE FINANZAS ...POR LO Q EN SU DEBIDO MOMENTO PONDRE A DISPOCISION DETODA LA INFORMACION QUE OBRA EN MI PODER PARA DEMOSTRAR CON DOCUMENTOS . SOLOLE COMENTO QUE A LA FECHA EL GOBIERNO ANTERIORAUN ME DEBE OBRAS QUE SI EJECUTE Y Q SI EXISTEN FISICAMENTE ... DESGRACIADAMENTE VAMOS JUSTOS CON PECADORES ....SALUDOS
SU INFORMACION RESPECTO AL COMENTARIO EN EL QUE DICE En esta primera revisión, también ha generado sospechas la aprobación de pagos millonarios por concepto de “precios extraordinarios” a las siguientes personas y compañías, cuando ya habían terminado sus trabajos, tras pactar un precio.
los sobrepecios fueron originados x errores gravisimos que en los presupuestos de obras ya cerradas omitio el depto.y tecnico de obras publicas ...aqui estamos justos con rateros por que no todos los constructores de su lista somos millonarios como comenta...hablan de compulsa cuando a mi en lo personal no me han solicitado informacion alguna que con gusto proporcionare....saludos !
Estos precios fue una arma de dos filos por que se cumplio en tiempo y forma, pero muchos aprovecharon para asi cotizar obrar y adjudicarselas llamese los favoritos de Agundez que de todos es muy conocido quienes . c irresponsable que tomen los nombres de una lista de constructoras que tuvimos obras con el pasado gobierno ..no es justo difamar hasta no tener bien sustentados con do
sr. edmundo veo que hace señalamientos directos pero muy tivios para los mencionados, si lla va a destapar la cloaca porque no hacerlo con nombres directos asi como las obras adjudicadas. en el caso de ANGELINA TAPIA RIVERA por que no publicar de una vez el nombre de quien es en realidad la empresa ya que de todos es savido que ese es simplemente un nombre que se usa, esde el dominio publico asi como al interior de sepui y la secretaria de obras publicas que esa empresa es en realidad de EDGAR BRICEÑO MADRIGAL que es entenado del ing. jauregui asi como tambien desempeña un cargo asta la fecha en la (sepui) secretaria de planeacion urbana e infraestructura. en su momento con el ing. jauregui hoy al lado del actual secretario roberto avilez rocha. saludos..........
Le agradezco sus comentarios sobre el tema.
Este reportaje, como lo señalamos desde la cabeza, o el titlar, lo retomamos del semanario Zeta, de Tijuana. No estaría por demás que enviará ete mismo comentario de usted a Malekón, a la seccíon de correspondencia de ese semanario fronterizo.
Saludos.
SON UNA BOLA DE RATEROS, METANLOS A UNA HOLLA HIRVIENDO SOBRE TODO A RODOLFO COTERA QUE NO SIRVE PARA NADA MAS QUE PARA SEGUIR ROBANDO!
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