Sólo la responsabilidad social salvará a la UABCS

Por José Luis Vázquez Ceja

Independientemente de los 8 y 6 diputados que se dignaron escuchar al doctor Carlos Villavicencio y al M en C Javier Gaytán, el pasado miércoles 23 de mayo, el acto protocolario sólo vino a demostrar la conducta, posición parcial o mejor dicho, la falta de visión de la actual XIII Legislatura. Veamos los hechos o los resultados:

Primero. Es evidente que restituir la legalidad de la UABCS derogando el decreto súper express 1903, que aprobara la pasada XII Legislatura, no está en el ánimo y ni en la agenda de la actual XIII Legislatura. Restituir la legalidad y la dignidad a la primera y única Institución Pública de Educación Superior en el estado, aún con su relativa, maltratada y violada autonomía, no está en las prioridades de la actual Legislatura. La educación superior, la investigación y la difusión de la cultura no están en la agenda de sus preocupaciones legislativas. ¡El conflicto está en manos de los jueces! Fue la respuesta. ¡Vaya visión Republicana!

Segundo. Como lo dijo la diputada del Panal Guadalupe Olay Davis, el decreto 1903 estuvo mal dictaminado pero es ley. Obviamente, en los hechos, esta opinión también es aceptada por la actual XIII Legislatura. Coincidencias o continuidad política del Panal. En la pasada legislatura correspondió al más iletrado de todos los diputados, al ex diputado del Panal Silvestre de la Toba presentar al pleno dicho proyecto de decreto para su aprobación y, ahora, corresponde a la diputada del mismo partido Guadalupe Olay Davis posesionar la vigencia de dicho decreto. Pobre Universidad en manos de quienes caíste. ¿En las del Panal o en las de la Gordillo?

Tercero. La treta de enviar la demanda de derogar el multicitado decreto 1903 a la Comisión de Asuntos Educativos, que preside la diputada del Panal Guadalupe Olay Davis, sólo fue para darle tiempo al M en C Javier Gaytan y compañía para culminar con el ilegal proceso de elección de otro rector. Para Ripley, ahora, la UABCS tiene tres rectores: Uno nombrado por la legal Junta Consultiva (JC); otro, nombrado por el ilegal Consejo General Universitario (CGU), después de aprobado el decreto súper express 1903 y, uno más, el electo por el voto de las mayorías acarreadas, vigiladas y chantajeadas.

Cuarto: Ahora con las reformas y adiciones a su Ley Orgánica, la UABCS quedó muy lejos de la academia, la investigación y la difusión de la cultura y, muy cerca del autoritarismo represivo de los actuales grupos políticos y demás parientes parapetados en todos puestos universitarios, que sin recato ni principios éticos y, al igual que en sexenios anteriores, seguirán utilizando los recursos con propósitos muy ajenos a las funciones esenciales de la Universidad.

Las líneas políticas y consanguíneas son directas. Desde el gobierno estatal están representadas por Arturo de la Rosa Escalante, ex diputado y ex candidato a la alcaldía de Los Cabos, ahora, secretario particular de C. Gobernador, al igual que Rodrigo Serrano Castro, quien fuera nada menos que el abogado general de UABCS durante la rectoría de Jorge Vale, ahora ilustre director jurídico del actual gobierno estatal. Al interior de la Universidad las representaciones básicamente se reducen a dos: uno es nada menos que el hermano del secretario particular del C. Gobernador, el licenciado Adrián de La Rosa Escalante, actual abogado general de la UABCS y el otro, es el economista Gustavo Cruz Chávez, quien fue ex secretario privado del ex presidente de la Gran Comisión, Lic. Arturo de La Rosa Escalante, cuando éste fue acusado por el presunto delito de mal uso de los recursos públicos de la cámara de diputados.

Quinto. La actual legislatura, con su actuar parsimonioso o atascado en el pantano de los intereses partidistas o de otra índole, ha dejado a la UABCS, so pretexto de no violar su autonomía, no a merced de los académicos ni de los investigares, ni de los trabajadores y ni de los estudiantes sino de los camaleónicos políticos y gobernantes, que desde sexenios anteriores han echado mano de los recursos universitarios. Es mucha la tentación y muy poca la voluntad para cumplir con la normatividad en la aplicación y manejo de casi 300 millones para el presente ejercicio de la UABCS. Particularmente, ahora que se avecinas las candidaturas para senadores y diputados federales. Y, no nos extrañe nada que el clan de La Rosa Escalante u otro encumbrado panista vayan apuntando ya hacia estas lides electoreras.

Sexto. El ilegal decreto 1903, heredado por la pasada legislatura y arropado por la actual, se ha utilizado como el arma para fundamentar y justificar todos los atropellos, irregularidades y abusos posibles por el poder de facto universitario. Su principal disparador: el todo poderoso Consejo General Universitario (CGU), ahora convertido en juez, ejecutivo, legislativo y hasta en judicial. Sólo baste leer el texto del acuerdo que acaba de suscribir y dirigir a toda la Comunidad Universitaria, que ni en las mejores épocas represivas de Gustavo Díaz Ordaz o de Echeverría Alvares, las vimos o sufrimos. Tal cual se transcribe “….El Consejo General Universitario acordó por consenso mandatar al rector para que adopte las medidas necesarias para proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables de atentar contra el patrimonio universitario y la inestabilidad de universidad…”

Solo para estimar la calidad ética y profesional del M en C Javier Gaytán y del Lic. Gustavo Cruz Chávez , tomando como referencia sus llamados públicos al diálogo, a la reconciliación y al acuerdo intimidatorio del CGU antes transcrito, que atenta contra los derechos humanos de los universitarios, bien vale preguntarles sobre el rosario de asuntos que se vienen arrastrando y que la Comunidad Universitaria y la sociedad no tienen la menor idea del estado en que se encuentran. El más reciente:

• En un pasado inmediato, con un costo de 5 millones de pesos, el gobierno del estado transfirió tecnología en informática para modernizar los sistemas administrativos y financieros de la Universidad. Después de la configuración y adecuación de cada uno de los 15 módulos de los sistemas transferidos, capacitado el personal y entregados para su operación, las autoridades ordenaron su aplicación, menos dos: el módulo del Sistema de Nóminas y el correspondiente a la Cajas de Ahorro de los trabajadores universitarios. Continuar con el manejo manual y discrecional de la nómina, como una vil “lista de raya” y la Caja de Ahorro de los trabajadores es una de las grandes incógnitas o aberraciones administrativas de una institución pública como la UABCS.

• Otra perla de la poca transparencia la podemos ver en programas como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFE-Sep) y sobre las retenciones del ISR a los trabajadores y no depositados a donde corresponde, sólo en éstos el monto de las desviaciones (años del 06 al 09) sumaron los 20 millones 430 mil pesos. Respecto a las retenciones del ISR, el SAT fincó a la Universidad un crédito fiscal, multas, actualizaciones y recargos (exp. GAD 4300007/07) por el orden de más de 14 millones de pesos. Esto es, las autoridades no cumplen no observan las reglas de operación de los programas ni tampoco cumplen en tiempo y forma con las obligaciones fiscales.

• El Fondo de Jubilaciones de los Sindicatos de los trabajadores administrativos y académicos andan por el mismo viacrucis. Sólo una pizca de este marasmo, en el 2008 se hizo un depósito al fideicomiso por el orden del 30 millones de pesos sólo para regularizar los adeudos que se tenían, con el consecuente daño al patrimonio universitario (Ojalá que el veterinario y abogado Palacios ponga en vigencia el acuerdo citado), por cobro de intereses y penalizaciones, así como las pérdidas de los rendimientos bancarios.

No se trata de lanzar llamados al diálogo y a la reconciliación sino de cumplir con las responsabilidades como servidores públicos, porque los rectores son eso, tal cual lo marca la Constitución, esto es, servir en primer lugar a la Comunidad Universitaria y después a la sociedad, esa es su función esencial.

Conclusión

Señores diputados: Ojalá pasen de la sorpresa por el “bochornoso” último lugar en que se ubica a la Legislatura al decoro y la dignidad aplicando las Constituciones tanto Federal como Estatal. Iniciar el procedimiento para el juicio político es lo mínimo que se merecen los responsables de tal “bochorno” y, los tienen a la mano: Uno, ocupando un encumbrado puesto en el municipio de Los Cabos y el otro, está mucho más cerca, en las oficinas del C. Gobernador.

En cuanto a la UABCS, que también anda por el antepenúltimo lugar dentro de las evaluaciones del listado de universidades públicas, en respeto al espíritu constitucional y autonomía de esta Casa de Estudios, habrá que decirles a sus servidores públicos que corresponderá a la propia Comunidad Universitaria y a la sociedad juzgar y sancionar moralmente a quienes resulten inculpados.

Como preámbulo del presente artículo cabe anotar que cualquier ley, como Ley Orgánica de la UABCS, no es una norma inmutable, inalterable. Se puede reformar, adicionar o modificar, pero, para ello, es preciso seguir el proceso que, generalmente, esta marcado en la propia Ley. Esto es, consultar a la propia Comunidad Universitaria. Por eso, aún cuando resulte obvio y reiterativo, cabe subrayar que el decreto 1903 del pasado 11 de febrero de 2011 no sólo fue violatorio de la autonomía de la UABCS sino los más elementales principios jurídicos y procesos legislativos. Lo autores y actores de tales atropellos: La XII Legislatura, el ejecutivo Estatal y la servil participación de unos cuantos universitarios, comandados por el M en C Javier Gaytán y el médico veterinario y abogado Alejandro Palacios Espinosa.