EL CRISTALAZO DE RAFAEL CARDONA: MENSAJES CIUDADANOS...Periodistas sudcalifornianos agredidos.

Quizá algo de lo mejor para un periodista es sentir la confianza de los lectores. Cuando algunos de ellos se toman la molestia de enviar quejas, denuncias o simples comentarios, mal haría quien soslayara el interés público por el espacio elegido.

Por esa razón hoy reproduzco algunos de los mensajes de los lectores. Son asuntos diversos. En un caso las violaciones de derechos humanos contra compañeros periodistas en Baja California Sur (todo puede esperarse de Agúndez y el PRD) y en otro una llamada de alerta contra el patrimonio nacional en la isla de Cozumel.

“En lo que va del año, tres reporteros de distintos medios de comunicación en Baja California Sur —dice el colectivo de periodistas de allá—, han sido objeto de intimidación y ataques en estrecha relación con el ejercicio libre de su profesión”.

El primer caso tiene relación con la reportera del periódico La Voz de Los Cabos, Paula Montero Becerril, quien cubría información relacionada con la muerte de la canadiense Tania Lee “y cuando tomaba gráficas de familiares de la víctima en las instalaciones de la procuraduría en San Lucas, gorilas salvajes de la ministerial se le fueron encima y le despojaron de su cámara para borrar las fotos”.

El segundo asunto de esta naturaleza fue protagonizado por “el coordinador de prensa de Narciso Agúndez Montaño, Antonio Alcántar López, que el viernes 13 de febrero agredió verbalmente e intimidó a la reportera Berenice Rangel, de Cabo Mil, cuando realizaba una cobertura especial para el programa “Los Cabos a la Carta” de Armando Figaredo, durante la celebración de una reunión de funcionarios federales y estatales en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo”.

El tercer caso ya parece cuento de Mario Puzzo: “La madrugada del domingo 1 de marzo, dos automóviles propiedad del corresponsal del Canal 10 de Televisión en Ciudad Constitución, fueron incendiados. Martín Valtierra García, visiblemente afectado por este atentado a su patrimonio, dirige sus sospechas a funcionarios del ayuntamiento perredista de Comondú, principalmente del secretario particular, quien a la vez es hijo del alcalde de aquella región, Jesús Antonio Villegas Martínez”.

Por esta razón, el colectivo Periodistas sin Fronteras de Baja California Sur, hace un extrañamiento a las autoridades que están vinculadas a estos actos intimidatorios, que vulneran el estado de derecho y son totalmente opuestos a la postura oficial del gobierno federal de permitir que con plenitud los periodistas ejerzan su función social de bien informar sin cortapisas.

Y en el otro caso se trata del intento de despojo hacia la comunidad cozumeleña, a la cual se le quiere arrebatar parte de su suelo mediante la extracción de siete millones de metros cúbicos de arena sin tomar en cuenta “la afectación de la que va a ser objeto esta isla”.

“...Hago del conocimiento de esta autoridad —dice Guadalupe Álvarez Ch. de Azueta, remitente de la llamada de alerta—, que en 20 años que tengo como ambientalista nunca había escuchado que la Comisión Federal de Electricidad tenga que ver con la extracción de arena y mucho menos tenga la autoridad para encabezar a un grupo de inversionistas para que vean el lugar de la extracción, ahí lo que menos vimos fue a personal de Semarnat o de Áreas Naturales Protegidas.

“... Hago del conocimiento de esta autoridad que existe un estudio previo justificativo (de 2007) para el establecimiento del área de Protección de la Flora y la Fauna de la Isla de Cozumel, Quintana Roo, que abarca toda la Punta Norte y su área marina, en este estudio se encuentra el área donde se pretende extraer los siete millones de metros cúbicos o sea que es el área que nos ocupa...”

Este estudio fue realizado por el biólogo Albert Franquesa Rinos; el maestro en ciencias, Gonzalo Merediz Alonso; el biólogo Marco a Lazcano-Barrero (de Amigos de Sian- ká an); el doctor Alfredo Cuarón; la maestra en ciencias, Sandra Bautista Denis y algunos otros científicos más, cuya labor fue auspiciada por varios organismos internacionales, como el North American Wetland Conservation Council (NAWCC) y The Nature Conservancy (TNC), con el apoyo de Investigación, Conservación y Desarrollo del Caribe Mexicano (Incodecam).

Pero al parecer estas opiniones nunca son tomadas en cuenta.

“Hago del conocimiento de esta autoridad —prosigue en su denuncia la señora Guadalupe Álvarez—, que el acuerdo que se firmo el 2 de febrero del 2009, para la preservación de los humedales y manglares del norte de la Isla de Cozumel (Acuerdo Ramsar), no se estaría cumpliendo por parte del gobierno federal, así como tampoco el decreto por tres años para la preservación del Caracol Rosa (Strombus gigas) en el banco de la Isla de Cozumel y el banco de arena de Cozumel, es ese donde se pretende extraer los siete millones de metros cúbicos.

“...Por tratarse de una obra que puede generar desequilibrio ecológico y daños a la salud pública y a los ecosistemas marinos y terrestres del litoral de Cozumel, se solicita a esta secretaría (Semarnat) que organice una reunión pública de información en la que el promovente deberá explicar los aspectos técnicos y ambientales de la obra o actividad de que se trate”.



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