Desde hace buen tiempo, la UABCS padece serias dificultades de funcionamiento que no es fácil atribuirle a una sola situación la causa de ese problema tan agudo que nos afecta a todos como institución. Los malos efectos se evidencian y las soluciones, a jalones y estirones apenas parece que algunas se quieren dar, pero por lo visto, se requiere mucho más que un buen deseo para solventar y dejar atrás esa inercia de titubeo institucional y de mala vibra que nos trae por la calle de la amargura.
La fundación de la UABCS fue un gran logro político, que si lo vemos como el nacimiento de un hijo, a estas alturas es un retoño de 33 años de edad y que, a pesar de esa edad, el gobierno mantiene todavía su patria potestad, ya que interviene en su vida privada y no lo deja tomar sus propias decisiones como hijo adulto que debe ser.
La Universidad nace sin infraestructura pero con sueños legítimos de grandeza académica cuya línea ascendente empezó después de su primer conflicto político del 78 al instituirse la anterior Ley Orgánica que estabiliza la vida política y académico-administrativa de la UABCS. En los años 80 y 90 se construye la mayor parte de la infraestructura física y académica que hoy tenemos, se vigoriza la docencia y la investigación sin que se consolide el trabajo colegiado en las áreas interdisciplinarias; la extensión y difusión cultural se apoyan en menor cuantía sin que el extensionismo y las actividades culturales, artísticas y deportivas trascendieran lo suficiente, aunque hubo esfuerzos aislados dignos de contar.
El manejo presupuestal era ajustado pero no crítico, mientras la Universidad no creciera sustancialmente le alcanzaba en lo general para lo que había, se ejercía con criterios distributivos muy discrecionales que hasta hoy son vigentes, con la diferencia de que el momento actual es mucho más crítico porque la UABCS al llegar el nuevo milenio creció de manera importante pero desordenada, al grado que su presupuesto en los últimos 8 años no respondió a la exigencia académico-administrativa y su manejo terminó siendo ineficiente y sucio.
La emergente Ley Orgánica del 78 fue vigente hasta el otoño del 2007, si bien es cierto no era perfecta, fue útil en su momento, su paquete legislativo fue vital al dar estabilidad en el despegue institucional. En su periodo, las revisiones de contrato colectivo y los cambios de gobierno universitario se identifican como las épocas críticas para la vida política universitaria. Por un lado, en el proceso de consolidación sindical, siempre se luchó por lograr las mejores condiciones posibles de seguridad laboral dentro del contexto universitario de la época. Por otro lado, la elección de Rector siempre generó conflictos, debido al diseño de la propia ley que permitía la reelección y un control excesivo del proceso electoral, en cuyo mecanismo discriminante se inducía al candidato preferido dentro de una terna amañada del CGU para que en el siguiente paso 5 Consejeros Consultivos lo designaran Rector. La candidatura ¨del bueno¨ pesó mucho, al grado que autoridades y seguidores pregonaban la buena relación ¨del bueno¨ con el gobernador en turno y por supuesto él era el único capaz de sacar del hoyo a la UABCS, los otros no, lo que los descalificaba, induciendo así el entreguismo universitario.
Esta forma de mantener poder y el actuar impune llevó a prácticas burdas de control político pro autoridad, que por ese afán cayó en la indecencia y provocó incredibilidad e inestabilidad institucional de manera permanente, al grado que en sus últimos 10 años se incrementó como nunca el número de huelgas.
Al iniciar el nuevo milenio, la Universidad crece con carreras masivas de corte neoliberal que duplican la matrícula de alumnos, se crean extensiones y Direcciones administrativas que no consideraba la Ley del 78, forzando la estructura académico-administrativa y la capacidad de infraestructura institucional, y dentro de ese contexto, la autoridad se aferra por mantener la obsoleta Ley Orgánica del 78 que orilló, entre otras cosas, a un manejo ilegal e ineficiente del presupuesto que se apretó más y cada vez alcanzaba menos para lo sustantivo, la autoridad empezó a desviar recursos, echó mano del fondo de jubilación de académicos e hizo mal uso de recursos fiscales, acciones que la autoridad ¨justificaba¨ como una necesidad ¨institucional¨, culpando a las prestaciones sindicales del contrato colectivo y diciendo que el fondo no era viable, lo cual ahora se sabe no era cierto, al descubrirse el manejo inmoral de las nóminas que inició Jorge Vale.
El control del gobierno universitario a través del CGU pecaba de burdo, era tácita la incondicionalidad de las autoridades académicas y la función de la mayoría de los consejeros representantes desconectada de sus bases y proclives al poder, con sus aisladas y honrosas excepciones, que hacía presa fácil al CGU de un control político que se volvió cultura del poder universitario, de tal modo que desde ahí se justificaban muchas decisiones importantes para mantener un poder negociado cupularmente y exhibido como auténtico ante el pueblo sudcaliforniano y el gobierno estatal. El respeto a la Ley Orgánica y su autonomía se difundía, lo que funcionaba en tiempos de crisis políticas para generar una corriente de opinión pro autoridad y negativa contra quienes dañaran el andamiaje político establecido, pero en lo general, el desprestigio social como institución inestable provocado por las huelgas, lo absorbe la UABCS.
Esta cultura de control político asimilada por más de 30 años se trasminó hacia todos los sectores universitarios, de tal modo que la mayoría de académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, apáticamente han visto normal que desde el gobierno estatal se decida el mando universitario sin entender la esencia y valor de la autonomía.
La Ley Orgánica del 78 si bien es cierto dio orden en su momento, con ese pretexto, a pesar de sus contradicciones recrudecidas con el crecimiento institucional, los rectores y los gobiernos estatales en turno siempre la quisieron mantener, pero fue un acicate para algunos universitarios que pensaban diferente, quienes como ¨cuchillito de palo¨ la rechazaban por antidemocrática, y además, por causar contradicciones e ilegalidades del poder que provocaban caos institucional.
Cuando Vale entra de Rector su visión fue remachar esas contradicciones de la Ley y del poder, le da prioridad al control político sobre lo académico, lo lleva a su máxima expresión al violar frecuentemente varias disposiciones de la LO, entre ellas, nombra algunas autoridades académicas y administrativas que no cumplen requisitos legales, corre gente no afín con él, y con ese mismo argumento destruye programas académicos de postgrado ya establecidos y comprometidos institucionalmente, ceba operadores políticos, abandona Pichilingue, congela plazas de tiempo completo y contrata profesores de asignatura que usa para sabotear asambleas sindicales y pretensiones legítimas de lo laboral, interviene la vida estudiantil con fin político y trastoca valores formativos, maneja becas estudiantiles políticamente, utiliza la caricatura, la prensa y la radio para desprestigiar a su oposición y trabaja una imagen pública falaz ¨orgullo de sudcalifornia¨ y ¨cercana a la comunidad¨ que simula la acción social. Integra el CGU, Consejos Técnicos, Consejo Consultivo y Junta Hacendaria con gente incondicional y controla mañosamente su gobierno.
Con el Tesorero Lemus y Miguel Ángel Ojeda en Servicios Administrativos, arma su andamiaje político de poder y control, usa la prebenda económica al aumentar exageradamente el sueldo de autoridades, da compensaciones ilegales e inmorales a sus autoridades académicas, personal directivo y de confianza, a ciertos académicos y administrativos, hace pagos indebidos a personal de confianza, académico y administrativo con sueldos de puestos que ya no cubren, permite que personal académico de tiempo completo cobre sin trabajar, desvía recursos federales PIFI sin poder comprobar su gasto, descuenta el impuesto al trabajador y prorratea una parte para la SHCP, la otra la desvía indebidamente en un manejo oscuro sin aclarar su destino; todas estas tropelías las continúa Pámanes cuando llega a Rector impuesto por Vale para que lo remede en su cargo, le cubre las espaldas y le otorga poder a distancia.
Mientras tanto, el quehacer académico va en picada, los indicadores educativos caen y se desacredita la UABCS ante la SEP, la acreditación de carreras se demora y muchos universitarios que reciben su compensación o su canonjía, se convierten automáticamente en fieles operadores políticos que por agradecer no ven el disfraz de ese gobierno universitario que vive en el despego legal y la impunidad.
Al terminar su gestión, Vale aprueba las tres cuentas anuales de sus últimos tres años en una sola y última sesión de CGU, pero además, el gobernador Narcizo Agúndez lo nombra Secretario de Desarrollo, siendo funcionario de gobierno y Rector al mismo tiempo mientras se designaba a su refrito, en una burla total a los universitarios, a su legislación y a la administración pública.
Para eso el trabajo de un grupo de inconformes con la anacrónica Ley Orgánica del 78 persistía de tiempo atrás en cambiarla con un nuevo proyecto ante el Congreso del Estado a pesar del rechazo de autoridades universitarias y su manipulación del CGU, de la ceguera de los incondicionales y la apatía de muchos universitarios, en reflejo fiel del tipo de Universidad construida en todos esos años, muy distinta a la que alguna vez llegaron a soñar sus fundadores.
Se descubre el fraude impositivo y la Universidad se va a huelga en agosto del 2007. La insensatez y cerrazón de Pámanes alarga el conflicto y el gobierno estatal asume que no se garantiza una solución viable. El Congreso con base en su encargo declara el cambio de Ley Orgánica, destituye a Pámanes y a sus autoridades y nombra a Samuel Flores como Rector Interino para dar término al conflicto laboral.
El rectorado de Samuel fue pésimo, no concibió su papel como Rector Interino, no entendió que había una nueva Ley anti reelección ni que su papel fuera dar orden legal y preparar las primeras elecciones, imitó a sus antecesores, su CGU sirvió a sus propósitos al grado que este enfrentó y se burló de la Junta Consultiva sin respetar su función oficial, permitió el choque de trenes y finalmente no pudo ser lo que quería. En esa transición hubo mucha gente que se prestó a sus pretensiones, incluso muchos que habían participado sindicalmente en el proceso de cambio lo ayudaron sin disimulo, manejaron la elaboración de reglamentos y convocatorias de elección para que el Rector actual se pudiera registrar al no poder él, tiempos en los que se presume hubo alianza con Vale que dirigía sus hilos desde la Secretaría de Desarrollo, con la consigna de que no llegaran a Rectoría los que impulsaron el cambio de Ley Orgánica.
En la primera elección de Rector en esta nueva etapa universitaria, fue notorio el desbalance en las votaciones, Alfredo Beltrán candidato que representaba al grupo de vanguardia que impulsó la nueva Ley Orgánica, tuvo una aceptación cercana al 30 % con mayoría de académicos, contra el 31 % de Rodrigo Guerrero que ganó con mayoría de administrativos y estudiantes; pero los candidatos ¨Valistas¨ juntos sumaron el 33 % mostrando convocatoria política en todos los sectores universitarios a pesar de su destitución por fraude cometido en su administración, reflejándose el efecto del ¨maiceo¨ a través de las nóminas inmorales, lo que da una idea clara que gran parte de ese 64 % de electores decidió su voto bajo el influjo del ¨maiceo valista¨ y por ¨la influencia del poder¨ que Samuel como Rector ejerció descaradamente a favor de Rodrigo.
La gente que votó en contra del proyecto del Colectivo de Unidad, en su mayoría es un porcentaje que potencialmente siempre va a estar ahí impidiendo el verdadero cambio, por lo que representan los valores políticos y éticos mostrados. De algún modo, en las recientes elecciones de jefes de departamento se evidenció ya esa alianza, cuyo fin es que el CGU esté a modo y permita desde ahí seguir con el poder controlado que provoca conflicto. Con todos estos malos augurios que suponen las tendencias del maiceo, valdría la pena reglamentar la transparencia y promover el código de ética universitaria, ¿no creen?
A fines del 2007 llega al CGU un oficio de la Auditoria Mayor de la Federación solicitando una sanción administrativa por desvío de fondos universitarios contra Vale, Lemus y Díaz, el CGU los destituye como universitarios, Vale inconforme mete amparo pero este se rechaza a fines del 2008, estando ya Rodrigo Guerrero como Rector.
Lo curioso es que Rodrigo Guerrero en su discurso de toma de posesión culpa irresponsablemente a las prestaciones sindicales de la crisis financiera, lo que de algún modo se entiende por su trayectoria antisindical y por la manera como se registra como candidato, y además, porque entonces se desconocía de fondo el escamoteo de las nóminas de Vale y Pámanes, pero ahora que lo sabe, como Rector no promueve la sanción penal contra Jorge Vale por hechos delictivos probados en contra de la UABCS.
El asunto es que Pámanes, Samuel y él siguieron igual con el uso incorrecto de la nómina, sólo que Rodrigo a diferencia de los otros dice que quiere ser transparente en su relación con la prensa, pero no lo demuestra todavía, a la mejor se anima algún día, pero más que eso, debe hacerlo.
Todas estas actitudes y acciones adversas han dado pauta para que la nueva Ley Orgánica no se reconozca del todo y mucho menos se respete, ya que esa falla de entendimiento en sus principios y valores provocan improvisación, desacatos y pretextos que tienen a la UABCS aun sin rumbo, lo que demuestra falta de carácter para dirigir y servir a la UABCS como se debe.
Lo que se advierte es que todas esas acciones infortunadas que han mantenido el control político universitario mediante la prebenda, el fraude, la influencia del poder y el doble discurso, son problemas morales de origen que no se borran de la noche a la mañana, no importa que tengamos otra Ley Orgánica, no, esto es un mal endémico que parece una enfermedad adictiva que quizás sólo se cure con voluntad propia, de otro modo se ve muy difícil, lo que hace suponer que el futuro inmediato de la UABCS no es muy halagüeño, y de ser así, de poco o nada servirá el brío dedicado en las aulas y bibliotecas, y mucho menos los grandes esfuerzos que Rector y gobierno están haciendo ante la Secretaría de Hacienda para conseguir recursos y condonaciones de adeudos.
Con la reciente condonación de deuda en la SHCP aflora la travesura Vale-Pámanes de los descuentos indebidos, en el sentido de que el dinero descontado al trabajador no se sabe en que y cómo se usó, se debe investigar, pero aparte de eso, ese dinero es un adeudo real de la UABCS hacia el trabajador, ¿O no? ¿O acaso esas gestiones son también para condonar el ilícito a los culpables?
Ahora bien, no estoy en contra de que el trabajador universitario gane más dinero y sobre todo si lo justifica, por el contrario, ojala y todos tuviéramos mejor sueldo. En lo que sí estoy en contra es que ese dinero institucional se use inmoralmente y con fines de control político, para unos sí y para otros no, sobre todo que se echen al olvido la academia y su complemento cultural. Además, urge reestructurar, regular y sistematizar sueldos y compensaciones de todos los trabajadores en la UABCS.
Universitarios y gobierno estatal, todos debemos ser respetuosos con nuestra Ley Orgánica y con su espíritu democrático, y a partir de ahí, tengan la seguridad que los sueños legítimos de grandeza académica de la UABCS se podrán cumplir sin reparo alguno, siempre y cuando el rumbo sea el de la integridad y la transparencia
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