DIARIO REFORMA: BCS: OTRO DESPOJO,,,

Sergio Sarmiento
31 Mar. 11

“Es imposible introducir a la sociedad [...]un mal mayor que [...]convertir la ley en un instrumento de despojo”.

Frédéric Bastiat

En México hacer inversiones productivas es siempre un peligro. La falta de un Estado de derecho hace que uno ponga en riesgo no sólo el capital sino la libertad o incluso la vida. Esto lo ha aprendido de la forma más salvaje posible el empresario estadounidense Kerry Rogers, quien se atrevió a invertir en unos terrenos turísticos en Baja California Sur.

Rogers tuvo el sueño de construir un desarrollo turístico en una zona paradisiaca de Baja California Sur: Punta Arena de La Ventana. Compró los terrenos en breña a sus legítimos propietarios. Durante meses vivió en el lugar en un camper mientras preparaba los planes de un esfuerzo que comprometía todos sus recursos.

Cometió el error de hacer una sociedad con un abogado y otras personas de Las Vegas -David Chesnoff, Rafael Brito Anderson, Joseph Angelo Bravo y Eckely Keach- a fin de obtener recursos para un proyecto que no tenía capacidad de desarrollar por sí mismo. Los socios pronto buscaron despojarlo de su parte. Para esto han contado con el respaldo de autoridades, jueces e incluso del gobernador saliente de Baja California Sur, Narciso Agúndez.

Rogers, quien ha venido sosteniendo un juicio civil con sus socios, fue secuestrado/detenido sin una orden de cateo en su casa de Hermosillo, Sonora, el 21 de abril de 2010 y llevado en un avión privado a Baja California Sur. Por una acusación penal de administración fraudulenta de poco más de 100 mil dólares (1.2 millones de pesos), un juez local le dictó auto de formal prisión y le fijó una fianza imposible de pagar de 777 millones de pesos. El propósito era mantenerlo en la cárcel para presionarlo y obligarlo a abandonar el juicio civil para dejar los terrenos en manos de sus socios.

El juez se negó a considerar todas las pruebas de descargo, incluso la más evidente de todas: en caso de haber ocurrido el fraude, la acción legal ya había prescrito. El juez, de hecho, impidió que los abogados de Rogers entraran al juzgado mientras se ventilaba el caso.

En la cárcel de La Paz, Rogers fue amenazado en varias ocasiones para que dejara los derechos de los terrenos a los socios. Se le colocó en la zona de reos peligrosos pese a estar detenido por una disputa civil. Fue golpeado y le rompieron la mandíbula. La dirección del penal le negó atención médica.

Como aun así no accedía a entregar su patrimonio, le fue sembrada droga en la celda. Tuvo que enfrentar un proceso federal por narcomenudeo del que quedó exonerado ya que se demostró en los tribunales federales que las bolsas de droga no tenían sus huellas digitales y él no tenía posibilidad de haberlas adquirido.

El gobernador Agúndez, en conni- vencia con los socios defraudadores, expropió una parte del terreno en que se encuentra un aeródromo, pero no para algún propósito de utilidad pública sino para entregarlo a los socios, a pesar de que uno de ellos, Bravo, tenía una condena en Estados Unidos por posesión y distribución de cocaína, lo que lo inhabilitaba para manejar el aeródromo. Los abogados de Rogers averiguaron esto gracias a la transparencia judicial en Estados Unidos que en México no existe.

La lista completa de abusos de este caso no cabe en un artículo de este tamaño. Pero lo que ha aprendido Rogers tras permanecer casi un año privado de la libertad es que en México prevalece la ley del más fuerte; y que en estados como Baja California Sur, los gobernadores y jueces se unen a las mafias gangsteriles para definir por la fuerza las disputas que deberían ser resueltas por la justicia.