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miércoles, 9 de marzo de 2011

NUEVO EXCÉLSIOR. Gobernador de BCS inauguró aeródromo de narco.

Raúl Flores
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo.- En Baja California Sur, el aeropuerto privado Las Arenas es administrado por un estadunidense condenado por narcotráfico en la Unión Americana.
El 26 de febrero pasado, el gobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, participó en la reinauguración del aeródromo.
La concesión para operar y administrar la terminal, ubicada en Punta Arena de la Ventana, La Paz, fue otorgada a las empresas de Joseph Angelo Bravo, quien en 1994 fue condenado a 87 meses de cárcel por conspirar para traficar cocaína, en Nevada.
Él purgó la pena en un reclusorio de máxima seguridad y debió pagar una multa de 25 mil dólares.
La concesión se basó en el decreto de expropiación de los terrenos privados que Agúndez Montaño firmó el 11 de junio de 2010.
Se realizó pese a que el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos marca que “no podrán ser titulares de permisos las personas que hayan sido condenadas por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año.
La misma restricción se aplicará a los socios o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias”.
Además, el representante legal de Bravo es David Z. Chesnoff, el mismo de Zhenli Ye Gon, a quien se le decomisaron más de 205 millones de dólares en el DF.
Gobierno de BCS permite a ex reo operar aeródromo
Con el permiso del gobierno de Baja California Sur, encabezado por Narciso Agúndez Montaño, abogados y apoderados legales de un estadunidense que estuvo preso por narcotráfico obtuvieron la operación del aeródromo privado Las Arenas, en una zona de La Paz conocida como Punta Arena de la Ventana, donde se prevé la construcción de un exclusivo desarrollo turístico.
Agúndez Montaño, quien concluirá su administración el próximo 4 de abril, estuvo el pasado 26 de febrero al frente de la reinauguración de ese aeródromo, cuyo cierre fue ordenado  por la Dirección de Aeropuertos el 1 de octubre de 2008 mediante el oficio 4.1.202.3014-1/VUS.
Esa prohibición se debió a las constantes denuncias acerca de la presencia en esas instalaciones de hombres sin permiso para portar armas, además del constante robo de aeronaves de ese lugar que luego fueron encontradas en los límites con Estados Unidos y que presuntamente eran utilizadas para transportar estupefacientes.
La remodelación de dicho aeródromo se dio bajo el auspicio del actual gobierno estatal, que logró que la concesión de la Dirección de Aeropuertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se otorgara a las empresas del estadunidense Joseph Angelo Bravo para su operación y administración.
Lo anterior con base en el decreto de expropiación de los terrenos privados que firmó Agúndez el 11 de junio de 2010.
Pero en todo el proceso de concesión de ese aeródromo privado se pasaron por alto los
artículos 22 y 23 de la Ley de Aeropuertos, que prohíben conceder la operación y administración de ese tipo de instalaciones, directa o indirectamente, a personas con antecedentes penales.
“No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena.
“La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes, o a los socios, o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias”, indica el artículo 22 de esa ley.
En tanto que el artículo 23 señala: “Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría.
“En caso de que la Secretaría, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como aprobada.”
Documentos en poder de Excélsior demuestran que Joseph Angelo Bravo fue encarcelado en Nevada, Estados Unidos, por los delitos de “conspiración a distribuir y posesión con el intento para distribuir cocaína”, por lo que fue condenado a 87 meses (siete años y tres meses) de cárcel en un penal de máxima seguridad, además de que se le impuso una multa de 25 mil dólares.
De acuerdo con la causa penal CR-S 92-198-LDGRJJ de la Corte Federal en el estado de Nevada, fechada el 20 de enero 1994, la pena impuesta a Joseph Angelo Bravo no alcanzó el rango de libertad bajo supervisión, debido a que para ese beneficio la sentencia debe ser de cuatro a cinco años de prisión.
La pena por los delitos de “conspiración a distribuir y posesión con el intento para distribuir cocaína” tiene un castigo que va de 27 a 34 años de prisión en un penal de máxima seguridad.
Bravo obtuvo la condena de siete años y tres meses debido a que su abogado, David Z. Chesnoff, conocido defensor de varios capos del crimen organizado, logró que fuera reducida.
Abogado de capos
David Z. Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, especializado en defender a presuntos integrantes del crimen organizado de Estados Unidos, como fue el caso de Gabriel Ben Harosh, señalado como líder de la organización criminal Jerusalem Network.
Ben Harosh, de nacionalidad israelí, fue detenido en Canadá en 2004 y extraditado a Estados Unidos, acusado de introducir y distribuir éxtasis a narcomenudistas en los centros nocturnos de Las Vegas.
Otros de sus clientes son Anthony Spilotro, representante de la mafia de Chicago en Las Vegas, y Stephen Caracappa, ex detective de la policía de Nueva York que trabajaba para la familia Lucchese, de la mafia neoyorquina.
David Z. Chesnoff también representa legalmente a Zhenli Ye Gon, como lo demuestra un documento obtenido por Excélsior.Ye Gon fue detenido el 23 de julio de 2007 por autoridades de Estados Unidos en Rockville, Maryland.
Contra Zhenli hay orden de aprehensión en México por delincuencia organizada, contra la salud en sus modalidades de introducción al país y transportación de derivados de efedrina y seudoefedrina, posesión y producción de sales y derivados de efedrina, seudoefedrina y derivados de  metanfetamina y desvío de químicos esenciales.
En sociedad
Chesnoff representó legalmente a Joseph Angelo Bravo durante su proceso legal en Estados Unidos. Esa representación se trasladó a México para estar al frente de dos empresas propiedad de Angelo Bravo en Baja California Sur.
Se trata de Punta Arena de la Ventana S.A de C.V. y Boca de Salinas S.A de C.V., cuyo presidente es David Z. Chesnoff.
Según documentos de esas empresas no hay ninguna persona física entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A de C.V, sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones, con razón social Achibes Investments Inc. y Mis American Investments Inc.
Boca de Salinas S.A de C.V. tiene como inversionistas a Atlas Investments Inc. y Aetna Investments Inc. En Baja California Sur, David Z. Chesnoff aparece como el presidente y representante legal de las cuatro empresas.
La representación legal de Punta Arena de la Ventana S.A de C.V y Boca de Salinas S.A de C.V. están detrás del proyecto turístico denominado Punta de Arena, proyectado para ser edificado en las playas del mar de Cortés.
De acuerdo a los testimonios de los propietarios de terrenos  de esa zona, que en su mayoría son pescadores, para las 900 hectáreas donde se pretende edificar ese nuevo centro turístico hay una oferta de compra de 2.60 dólares por metro cuadrado.
Ante la negativa de los pobladores de vender a ese precio, fueron dadas de alta 12 empresas con razón social Cihuatán I a Cihuatán XII, y cada una se hace pasar como legitima dueña de los 12 predios que los pescadores locales se niegan a vender a las empresas representadas por David Z. Chesnoff.
Los supuestos títulos de propiedad de las empresas dadas de alta se encuentran en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Paz, Baja California Sur, donde también están los documentos legales de los legítimos dueños.
Presumió la inversión
En la reapertura del aeródromo Las Arenas, cabe señalar, el gobernador Narciso Agúndez Montaño señaló que una de las principales responsabilidades de las autoridades es alimentar  la confianza para que la iniciativa privada genere las fuentes de empleo que requieren los ciudadanos para alcanzar mejores niveles de vida.
Lleva a cuestas pasado oscuro
En todo el asunto de la concesión de un aeródromo en La Paz para un estadunidense que estuvo en la cárcel por narcotráfico y de un representante legal que se ha especializado en defender a criminales, aparece el nombre de otro personaje envuelto en problemas legales: Kerry Rogers.
Las empresas cuya propiedad es acreditada a Joseph Angelo Bravo y que encabeza el abogado David Z. Chesnoff tuvieron en 2010 como director general a Kerry Rogers, quien en los 80 estuvo preso por tentativa de fraude por 22 millones de dólares contra un banco en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Según medios de información de Baja California Sur, Kerry Rogers Lee fue nombrado director general del proyecto turístico de Punta Arenas por un grupo de inversionistas extranjeros, cargo en el que estuvo tres años.
La inversión llegaría a través de las compañías Punta Arena de La Ventana SA de CV y Boca de  Salinas SA de CV, de Joseph Angelo Bravo.
Sin embargo, estas empresas acusaron a Rogers de administración indebida, por lo que fue aprehendido el 21 de abril de 2010 en Hermosillo, Sonora, y trasladado a un penal de La Paz, donde antes el gobierno estatal lo había presumido como el inversionista estelar.


NUEVO EXCÉLSIOR
FRENTES POLÍTICOS
I. Al final de su gestión, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, ayudó para que un empresario de Estados Unidos, acusado y encarcelado en un penal de Nevada por delitos contra la salud, obtuviera la concesión para administrar un aeródromo que anteriormente fue clausurado pues estaba presuntamente al servicio del narcotráfico. Incluso dicen que el mandatario no oculta su amistad con ese tipo de empresarios ligados al crimen organizado. Es el caso de Joseph Angelo Bravo, a quien se juzga por los delitos de introducción y distribución de cocaína en la Unión Americana.

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