MINERIA “TOXICA” Y EL PETATE DEL MUERT0

Alejandro Alvarez

 Las últimas derivaciones de la campaña en contra de la minería han
conducido a la elaboración de la curiosa teoría de la minería “tóxica”. El
término es ingenioso pero infundado, como infundado sería emprender una
campaña similar contra la “agricultura tóxica”, la “ganadería tóxica”, el
“turismo tóxico” y otras barbaridades por el estilo. Argumentos se pueden
encontrar en el desarrollo de cualquier actividad económica para
jeringarla. En la agricultura es conocido el uso generalizado de
herbicidas, insecticidas, fertilizantes, que contaminan el suelo y el
agua. Pero a nadie se le ha ocurrido boicotear el consumo de tomate,
chiles, sandías o melones para detener el uso de esas sustancias. En la
ganadería y engorda en general de animales se conoce el uso de
concentrados y derivados hormonales, además del enigma que hay sobre el
contenido real de la calidad de las materias primas empleadas en su
elaboración ¿A alguien se le ha ocurrido que cierren las carnicerías como
una medida contra la ganadería “tóxica”? Ya no digamos el turismo, que
podríamos medir en toneladas la cantidad de sustancias ilegales (nada más
de mota) que se consumen en una temporada, sin contar el comercio de
personas y su trato discriminatorio, también cotidiano, de esas multitudes
de trabajadores migrantes que atiborran el desarrollo del turismo
“tóxico”. A ver vayan y pongan sus letritas de S.O.S. para que se larguen
las empresas turísticas con su “intoxicación” a otra parte.
Muchos de quienes han emprendido la campaña contra la minería saben de la
existencia de las estrictas regulaciones a esta actividad a través de
normas oficiales. Tal es el caso de la norma oficial mexicana que
establece los procedimientos para instrumentar planes de manejo de
residuos mineros o la norma que establece las especificaciones de
protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, o
aquella otra que establece los requisitos para la caracterización del
sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de presas de
jales (restos de la metalurgia). Pero la cosa no para ahí, más
específicamente existen normas oficiales que establecen criterios para
determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel,
plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. Así como otra que establece los
requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de
minerales de oro y plata. Todo ello sin considerar las normas generales a
las cuales la industria minera tiene que ajustarse como cualquier otra
como lo son las que establecen los limites máximos permisibles de emisión
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición y la que establece
los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos,
partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.
Por eso es que la vacilada de la minería “tóxica” es un recurso de
engañabobos, es el clásico petate del muerto, inconsistente pero además
perversa porque varios de quienes aparecen como promotores del boicot a
la minería han vivido de ella y no en sentido figurado sino de manera
directa como proveedores de servicios. Por ello los intentos de algunos
dizque diputados de la legislatura pasada para imponer leyes restrictivas
a la minería no prosperaron, por su incongruencia, por la ilegalidad que
encierran, pero sobre todo, porque son promovidas por grupos económicos
que erróneamente consideran que la minería no es compatible con el resto
de las actividades industriales y comerciales necesarias para el
desarrollo del país. Y si no que se den una vueltecita aquí nomás a
Sonora para que vean sólo en Cananea cómo se ha desarrollado la minería
durante décadas para beneficio de decenas de miles de habitantes.

SUPER BONO A DIPUTADOS
Como si su labor hubiera sido de la más alta calidad, diputados locales,
como el pelafustán de Juan Hernández Paularena, se auto asignaron un bono
de casi un millón de pesos al final de su reinado. La suma total llega a
dieciocho millones de pesos lo que significa un monumento a la impunidad y
una mentada de madre a los ciudadanos. Exactamente de la misma manera en
que lo han hecho las legislaturas que precedieron y sobre las cuales
llovieron denuncias de malversación del presupuesto que manejaron,
denuncias que nunca procedieron. Se podrían poner un diez y encontrarían
un enorme apoyo los legisladores recién desempacados si lograran que los
salientes regresaran ese dinero.