miércoles 9 de marzo de 2011
JUAN LUIS ROJAS AGUILAR
Nunca podremos medir cuánto daño ha significado para el proyecto perredista la persistente complicidad Agúndez–Alcántar, pero lo que sí podemos decir es que para ningún ciudadano observador pasó desapercibida esa misteriosa relación entre el comunicador y su jefe el gobernante.
En la extraña relación personal de Narciso Agúndez Montaño (NAM) y Antonio Alcántar López (AAL), no todo ha sido miel sobre hojuelas.
El miércoles 7 de marzo de 2001, la noticia principal del diario El Peninsular recogía una denuncia contra el alcalde y el síndico del VII Ayuntamiento de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño y Gabriel Larrea Santana, respectivamente, por haber pagado 50 mil dólares cada uno para adquirir derechos agrarios del ejido La Purísima, con lo que dichos funcionarios habrían “incurrido en una grave irregularidad al haber obtenido por parte del comisariado ejidal cartas que los acreditan como avecindados y como poseedores de derechos propios de avecindados”. La nota fue firmada por el reportero Alcántar.
La indignación expresada entonces por AAL provenía, seguramente, del reconocimiento de que tras la pasión personal de los funcionarios por la tierra se escondía, en realidad, la ambición por la especulación inmobiliaria. Ambición que insultaba la honradez del periodista, asombrado porque en un gobierno de transición como el que Narciso representaba tuvieran cabida prácticas tan deleznables como las que habían sido comunes en el pasado reciente.
Así lo hacía ver el prócer del periodismo local: “Esta fue una práctica común durante el sexenio mercadista –escribía AAL–, cuando funcionarios y políticos se apropiaron de valiosas extensiones ejidales en Todos Santos, La Ventana, Pescadero y Plutarco Elías Calles; abusando de los empobrecidos campesinos hasta despojarlos de sus más atractivas tierras mediante el pago de sumas simbólicas, canonjías y promesas que jamás se cumplieron”.
Nadie podrá dudar de la legítima indignación del redactor frente a semejante ignominia; tampoco menospreciar el profundo dolor que lo embargaba al señalar que las aspiraciones populares del movimiento ciudadano del 99 estaban siendo traicionadas. El mismo 7 de marzo, terminaba su nota informativa con una expresión que era mezcla de resignación y desesperanza: “Sin duda, la historia se repite: el ejido está a merced de políticos ambiciosos”.
Pero no crean ustedes que el paladín guaymense iba a darse por vencido ante los primeros avatares. ¡No! Aún tenía fibra para deshacer entuertos y enderezar jorobados. El jueves 22 de marzo de 2001, de nuevo en la portada de El Peninsular, Alcántar clamaba que el ministerio público debía investigar a Narciso Agúndez, pues “al ostentarse y firmar como profesionista, el presidente del VII Ayuntamiento de Los Cabos incurre en una flagrante violación de la Ley para el Ejercicio de Profesiones del Estado de Baja California Sur”; y que Narciso Agúndez “no cuenta con título ni cédula profesional. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Baja California Sur informó que en sus archivos no existen elementos de que el munícipe haya obtenido el título correspondiente”.
No vayan ustedes a pensar que el noble periodista escribía sin sustentar con pruebas lo que afirmaba. El martes 27 de marzo de 2001, El Peninsular publicó en su portada un oficio de la Secretaría de Educación Pública, firmado por el director de Autorización y Registro Profesional, Roberto Sandoval Hernández, en el que se informa “que de acuerdo con la consulta formulada al Centro de Cómputo y al Archivo General de esta Unidad Administrativa, resultó que no se tiene antecedente alguno, al día 12 de enero del presente año, a favor del C. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, que lo faculte para ejercer como INGENIERO”. La nota que ese mismo día redactó Antonio Alcántar terminaba así: “Al respecto, es necesario puntualizar que el presidente municipal de Los Cabos no ha explicado aún por qué se ostenta y firma como ingeniero, cuando la SEP y la Universidad Autónoma de Baja California Sur han ratificado que carece de título y de cédula profesional”.
Es abundante el material periodístico que AAL generó sobre el “alcalde mitómano”, así como sobre la condición de profesionista espurio y de falso ejidatario de Narciso Agúndez Montaño. En la relación personal Agúndez–Alcántar, estas notas representan la hiel.
Pero del odio al amor hay un solo paso. Una nueva relación empezaría justo el día en que Rodimiro Amaya –a quien AAL sirvió como responsable de prensa– fue derrotado tras la precampaña por la candidatura perredista a gobernador. La misma noche en que se conoció el resultado de la consulta, AAL (quien para entonces fungía también como jefe de información del diario El Sudcaliforniano) se entrevistó con el precandidato triunfante, Narciso Agúndez, con quien desde aquella entrevista nocturna forjó una relación personal de la que hasta hoy sólo se han conocido mieles.
Esa entrevista fue posible porque Alcántar, en sus locos afanes por lograr que Narciso lo acogiera como coordinador del equipo de prensa de campaña a pesar de las graves ofensas personales que le había infligido desde El Peninsular, recurrió al padrinazgo de un influyente locutor radiofónico, quien a su vez, para lograr el objetivo de que el agraviado Narciso aceptara semejante imposición, obtuvo un decisivo respaldo del más alto nivel político.
A partir de entonces, AAL no enrojeció ni de ira ni de pena por servir a un falso ejidatario, falaz profesionista y político mitómano, motes con los que invariablemente se había referido hasta el hartazgo al político cabeño que gobernaría BCS de 2005 a 2011; por el contrario, desde el momento en que el nuevo gobernador se aposentó en su oficina, AAL empezó a ver en él virtudes antes insospechadas, que iban desde una inmensa capacidad de trabajo hasta su gran intuición de estadista y gestor, casi un semidiós cuya sola presencia lo sobrecogía.
La creciente admiración pública de AAL por NAM colmaba de almíbar los boletines de prensa en los que se contaban las más increíbles epopeyas del caballero andante de Los Cabos en las ardientes tierras sudcalifornianas.
Y mientras Narciso cosechaba triunfos, narrados exquisitamente por una pluma inspirada, el Homero sonorense, junto a reconocimientos y fama, también empezó a obtener consideraciones especiales y múltiples propiedades, así como persistentes señalamientos por un manejo presuntamente irregular de los fondos públicos a su cargo. El contralor del estado hizo en 2007 declaraciones públicas en ese sentido.
Para el tercer año de gobierno, fuertes rumores de enriquecimiento (in)explicable acompañaban la figura del poderoso vocero gubernamental. En el último periodo ordinario de sesiones de 2008, el Congreso del Estado, a propuesta de la diputada Graciela Treviño, llamó a Antonio Alcántar a comparecer ante esa soberanía para que rindiera cuentas por los más de 16 millones de pesos que, a juicio del contralor Román Rangel Pinedo, habían sido administrados irregularmente.
Pero el manto de protección de Agúndez mantuvo en esa ocasión a salvo la figura del vocero, quien no se presentó en el Congreso.
A partir de la comparecencia fallida, no hubo una sola semana en que los medios de comunicación, y particularmente las redes sociales, dejaran de hacer mofa de la protección que el divo sonorense recibía del gran demandador de lisonjas.
En octubre de 2010, en pleno proceso electoral y en medio de airadas expresiones públicas sobre una presunta conducta deshonesta del director de Comunicación Social, el Congreso de nuevo lo llamó a comparecer. Sin duda con la anuencia de Agúndez, AAL desoyó una vez más la convocatoria del Poder Legislativo.
El miércoles 7 de marzo de 2001, la noticia principal del diario El Peninsular recogía una denuncia contra el alcalde y el síndico del VII Ayuntamiento de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño y Gabriel Larrea Santana, respectivamente, por haber pagado 50 mil dólares cada uno para adquirir derechos agrarios del ejido La Purísima, con lo que dichos funcionarios habrían “incurrido en una grave irregularidad al haber obtenido por parte del comisariado ejidal cartas que los acreditan como avecindados y como poseedores de derechos propios de avecindados”. La nota fue firmada por el reportero Alcántar.
La indignación expresada entonces por AAL provenía, seguramente, del reconocimiento de que tras la pasión personal de los funcionarios por la tierra se escondía, en realidad, la ambición por la especulación inmobiliaria. Ambición que insultaba la honradez del periodista, asombrado porque en un gobierno de transición como el que Narciso representaba tuvieran cabida prácticas tan deleznables como las que habían sido comunes en el pasado reciente.
Así lo hacía ver el prócer del periodismo local: “Esta fue una práctica común durante el sexenio mercadista –escribía AAL–, cuando funcionarios y políticos se apropiaron de valiosas extensiones ejidales en Todos Santos, La Ventana, Pescadero y Plutarco Elías Calles; abusando de los empobrecidos campesinos hasta despojarlos de sus más atractivas tierras mediante el pago de sumas simbólicas, canonjías y promesas que jamás se cumplieron”.
Nadie podrá dudar de la legítima indignación del redactor frente a semejante ignominia; tampoco menospreciar el profundo dolor que lo embargaba al señalar que las aspiraciones populares del movimiento ciudadano del 99 estaban siendo traicionadas. El mismo 7 de marzo, terminaba su nota informativa con una expresión que era mezcla de resignación y desesperanza: “Sin duda, la historia se repite: el ejido está a merced de políticos ambiciosos”.
Pero no crean ustedes que el paladín guaymense iba a darse por vencido ante los primeros avatares. ¡No! Aún tenía fibra para deshacer entuertos y enderezar jorobados. El jueves 22 de marzo de 2001, de nuevo en la portada de El Peninsular, Alcántar clamaba que el ministerio público debía investigar a Narciso Agúndez, pues “al ostentarse y firmar como profesionista, el presidente del VII Ayuntamiento de Los Cabos incurre en una flagrante violación de la Ley para el Ejercicio de Profesiones del Estado de Baja California Sur”; y que Narciso Agúndez “no cuenta con título ni cédula profesional. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Baja California Sur informó que en sus archivos no existen elementos de que el munícipe haya obtenido el título correspondiente”.
No vayan ustedes a pensar que el noble periodista escribía sin sustentar con pruebas lo que afirmaba. El martes 27 de marzo de 2001, El Peninsular publicó en su portada un oficio de la Secretaría de Educación Pública, firmado por el director de Autorización y Registro Profesional, Roberto Sandoval Hernández, en el que se informa “que de acuerdo con la consulta formulada al Centro de Cómputo y al Archivo General de esta Unidad Administrativa, resultó que no se tiene antecedente alguno, al día 12 de enero del presente año, a favor del C. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, que lo faculte para ejercer como INGENIERO”. La nota que ese mismo día redactó Antonio Alcántar terminaba así: “Al respecto, es necesario puntualizar que el presidente municipal de Los Cabos no ha explicado aún por qué se ostenta y firma como ingeniero, cuando la SEP y la Universidad Autónoma de Baja California Sur han ratificado que carece de título y de cédula profesional”.
Es abundante el material periodístico que AAL generó sobre el “alcalde mitómano”, así como sobre la condición de profesionista espurio y de falso ejidatario de Narciso Agúndez Montaño. En la relación personal Agúndez–Alcántar, estas notas representan la hiel.
Pero del odio al amor hay un solo paso. Una nueva relación empezaría justo el día en que Rodimiro Amaya –a quien AAL sirvió como responsable de prensa– fue derrotado tras la precampaña por la candidatura perredista a gobernador. La misma noche en que se conoció el resultado de la consulta, AAL (quien para entonces fungía también como jefe de información del diario El Sudcaliforniano) se entrevistó con el precandidato triunfante, Narciso Agúndez, con quien desde aquella entrevista nocturna forjó una relación personal de la que hasta hoy sólo se han conocido mieles.
Esa entrevista fue posible porque Alcántar, en sus locos afanes por lograr que Narciso lo acogiera como coordinador del equipo de prensa de campaña a pesar de las graves ofensas personales que le había infligido desde El Peninsular, recurrió al padrinazgo de un influyente locutor radiofónico, quien a su vez, para lograr el objetivo de que el agraviado Narciso aceptara semejante imposición, obtuvo un decisivo respaldo del más alto nivel político.
A partir de entonces, AAL no enrojeció ni de ira ni de pena por servir a un falso ejidatario, falaz profesionista y político mitómano, motes con los que invariablemente se había referido hasta el hartazgo al político cabeño que gobernaría BCS de 2005 a 2011; por el contrario, desde el momento en que el nuevo gobernador se aposentó en su oficina, AAL empezó a ver en él virtudes antes insospechadas, que iban desde una inmensa capacidad de trabajo hasta su gran intuición de estadista y gestor, casi un semidiós cuya sola presencia lo sobrecogía.
La creciente admiración pública de AAL por NAM colmaba de almíbar los boletines de prensa en los que se contaban las más increíbles epopeyas del caballero andante de Los Cabos en las ardientes tierras sudcalifornianas.
Y mientras Narciso cosechaba triunfos, narrados exquisitamente por una pluma inspirada, el Homero sonorense, junto a reconocimientos y fama, también empezó a obtener consideraciones especiales y múltiples propiedades, así como persistentes señalamientos por un manejo presuntamente irregular de los fondos públicos a su cargo. El contralor del estado hizo en 2007 declaraciones públicas en ese sentido.
Para el tercer año de gobierno, fuertes rumores de enriquecimiento (in)explicable acompañaban la figura del poderoso vocero gubernamental. En el último periodo ordinario de sesiones de 2008, el Congreso del Estado, a propuesta de la diputada Graciela Treviño, llamó a Antonio Alcántar a comparecer ante esa soberanía para que rindiera cuentas por los más de 16 millones de pesos que, a juicio del contralor Román Rangel Pinedo, habían sido administrados irregularmente.
Pero el manto de protección de Agúndez mantuvo en esa ocasión a salvo la figura del vocero, quien no se presentó en el Congreso.
A partir de la comparecencia fallida, no hubo una sola semana en que los medios de comunicación, y particularmente las redes sociales, dejaran de hacer mofa de la protección que el divo sonorense recibía del gran demandador de lisonjas.
En octubre de 2010, en pleno proceso electoral y en medio de airadas expresiones públicas sobre una presunta conducta deshonesta del director de Comunicación Social, el Congreso de nuevo lo llamó a comparecer. Sin duda con la anuencia de Agúndez, AAL desoyó una vez más la convocatoria del Poder Legislativo.
No podemos comprender aún cómo ha sido posible que a pesar de tantos reclamos ciudadanos por una correcta rendición de cuentas, el gobernador Agúndez se haya empecinado en mantener a su protegido al margen del cumplimiento de la ley y en desacato al poder legislativo, con lo que el titular del Ejecutivo se muestra como el principal solapador de este funcionario que se ha convertido en el personaje emblemático de la arrogancia y la ilegalidad en la administración pública sudcaliforniana.
Nunca podremos medir cuánto daño ha significado para el proyecto perredista la persistente complicidad Agúndez–Alcántar, pero lo que sí podemos decir es que para ningún ciudadano observador pasó desapercibida esa misteriosa relación entre el comunicador y su jefe el gobernante.
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