Por José Luis Vázquez Ceja.
Aún cuando el panorama heredado no es el deseado en nada disminuyen las bondades de esta maravillosa tierra para ser bien gobernada. ¿Quién tiene el privilegio de ser gobernador de una entidad con sólo un poco más de 600 mil habitantes? Nadie, sólo en Sudcalifornia. Además, con el nada despreciable presupuesto inicial de 10 mil millones de pesos para el 2011.
Sudcalifornia sin proyecto de desarrollo
¿Por qué Sudcalifornia no ha creado la infraestructura material, cultural e institucional para ser un real y legitimo estado moderno, con un desarrollo tal donde todos pudiéramos vivir en armonía, con seguridad, justicia y dignidad? ¿Por qué? Si nuestra entidad es poseedora de una cadena de recursos naturales fuera de serie y una planta de científicos, investigadores y tecnólogos muy por arriba de la media nacional que, obviamente, no hemos sido capaces de aprovechar en beneficio del desarrollo del estado. Sólo dos casos para ilustrar esta situación: tenemos tres veces más territorio que Israel y no producimos ni 400 millones de dólares en productos del campo, mientras que aquel país produce dos mil millones de dólares anuales (La Tijereta, No.117). Ni que hablar respecto a los productos pesqueros. En el otro caso la situación es aún peor: nuestros litorales, playas, ensenadas y ejidos sólo están enriqueciendo a unos cuantos, con los mejores lastres sociales como ganancias para nosotros y, en el mejor de los casos, nos vamos como sirvientes de los nuevos dueños.
¿Por qué no hemos avanzado en la calidad y la dignidad ciudadana deseada? Por qué nos encontramos sin un proyecto estatal-- no confundir con los planes de desarrollo sexenales--; sin un rumbo definido y dijo, sólo esperando la inversión externa o los capitales “golonfrinos”, sin importar su procedencia, y, obviamente, esperando cada año-- esa crónica dependencia--, los recursos presupuestales de la Federación.
El entramado constitucional.
Quizá nuestro problema venga desde la conversión de territorio a estado. En términos del 40 constitucional, somos un estado con facultades para darnos libremente nuestra propia constitución, sin más limitaciones que las materias y facultades que en forma expresa la Constitución Federal reserva a los órganos y funcionarios de la Federación. Luego, uno se pregunta, a 35 años de la conversión de territorio a estado de Baja California Sur, en aquel entonces, con una población escasamente de 200 mil, aún en la actualidad con 600 mil habitantes, nos hayamos dado una Constitución Política con 31 artículos más que la Constitución Federal. ¡Increíble¡ Tenemos menos habitantes que cualquier delegación del Distrito Federal, pero una Constitución Estatal con mucho más artículos que la Federal. Con la presente legislatura, vamos en la décimo tercera y ninguna ha tenido la curiosidad de estudiar y analizar nuestra Constitución, particularmente en cuanto al torrente de leyes que de ella se han derivado, muchas de las cuales sin aplicación ni vigencia alguna. En estos cuatro años y medio de esta Legislatura, seguramente nuestra Constitución será digna de ser estudiada y analizada y, legislar consecuencia.
Las 10 funciones esenciales de un estado moderno.
Derivado del mare mágnum de leyes y reglamentos que cada día hacen más ineficiente el entramado institucional y, obviamente, esto conlleva al descredito y desconfianza de la población en sus instituciones, en el marco de los principios constitucionales de libertad de expresión e igualdad se proponen las 10 funciones esenciales dignas de cualquier estado moderno, que tanga como metas: la justicia, la seguridad, la equidad, y la dignidad de sus ciudadanos para vivir en armonía (1).
1. Hacer efectiva la legalidad o el estado de derecho.
Un Estado donde impere la legalidad como lazo que amarre al propio Estado con una sociedad libre, igualitaria, corresponsable y con una economía, que tenga como base de crecimiento el trabajo y la educación, el conocimiento científico y tecnológico; la conservación y aprovechamiento racional de sus recursos naturales bajo normas y formas de operación ambientalmente sostenibles, teniendo como prioridades el rescate y fortalecimiento de la producción agropecuaria y pesquera, el mercado local; regulación efectiva de las inversiones en infraestructura inmobiliaria, turística y corporaciones comerciales, enmarcándolas como medios y no como fines para alcanzar objetivos económicos y de desarrollo social de mediano y largo plazo locales, y desterrar así las vergonzosas desigualdades sociales que hoy tenemos, producto de la ignorancia y la inequitativa distribución de la riqueza.
2. Decretar y reformar leyes e instituciones en materia de prevención de la seguridad y garantizar la seguridad de todos.
Nuestra sociedad requiere de un Estado con visión de futuro para enfrentar de modo inteligente y sin derroche de recursos tanto a la violencia institucional (judicial, federales o estatales, policías y militares) como a la delincuencia y la inseguridad (calles, carreteras, centros públicos y aún en domicilios). Un Estado generador de confianza y credibilidad ciudadana en sus instituciones y agentes responsables de la prevención y seguridad pública de la población; de la impartición de justicia; defensor y protector de las garantías individuales, sociales, derechos humanos, derecho de reunión y libertad de expresión, consagradas en nuestras Constituciones y en los tratados internacionales.
Es urgente decretar o reformar leyes e instituciones en materia de prevención—no existe ley alguna en esta materia—a partir de sus raíces sociales, culturales, económicas e institucionales. Requerimos construir una cultura de la legalidad como soporte del Estado a fin que este no quede a merced de los intereses de grupos sociales, económicos, empresariales, sindicales o bajo influencias de organizaciones delictivas. Un Estado donde el costo económico de la inseguridad no sea el prioritario o determinante en el desarrollo social sino la educación, la salud y el empleo, pues sólo esta inversión es la que da seguridad y confianza en nuestras leyes e instituciones y es la que estimula el crecimiento económico
3. Implantar y hacer efectiva la vigencia del servicio civil de carrera en los aparatos burocráticos de los gobiernos estatal y municipal.
Somos el estado con más burócratas por habitante. Mientras la norma internacional marca un burócrata por cada 250 habitantes, nosotros tenemos dos por esa misma cantidad. Mantenemos y sostenemos un aparato burocrático muy por arriba al requerido por cualquier administración moderna e eficiente.
Desde antaño este aparato burocrático se ha venido conformado no por los mejores-- profesionalmente hablando-- sino por los políticamente confiables. Los puestos o plazas vacantes no se llenan por convocatoria, concurso o según requerimientos –profesionales o experiencia—del puesto o plaza sino por influencias o el llamado “amiguismo”. Los puestos de “confianza” son asignados por los altos directivo y los de “base” por los dirigentes sindicales o a través de negociaciones políticas o económicas. Sin pasar por alto, en esta opaca mecánica burocrática, ese “derecho” patrimonialista o hereditario que se han abrogado los mandos burocrático y sindicales.. En este proceso, la corrupción y las componendas están más que documentadas. Baste ver al término de cada administración, tanto estatal como municipal, como los aparatos burocráticos aumentan, mientras los recursos para pagar dismunuyen. Esta consabida situación conlleva a que las autoridades en turno ejecuten la empobrecedora y desfachatada práctica de subastar nuestros bienes patrimoniales o aumentar la deuda pública, vía préstamos bancarios, aprobados, obviamente, por los cabildos y/o congreso del Estado.
4. Manejo sano, eficiente y transparente de las finanzas públicas.
El presupuesto y los ingresos del Estado deberían ser el medio indiscutible y fundamental para balancear los derechos y deberes ciudadanos. Debería ser la regla de oro para los gobiernos de Baja California Sur. Pero, la transparencia e información pública del gasto es opaca y discrecional. Ocupamos el antepenúltimo lugar nacional en opacidad, según la Métrica de Transparencia 2010, CIDE/UNAM, Sept. 2010. Lo lamentable y pese que la Federación invirtió recursos en equipos, programas y personal para la implantación del Sistema Infomex, para que todo mundo tuviera acceso a la información pública del gasto, este no es accesible, lo mismo valga decir de la creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIBCS), se quedó en el intento. El edificio está cerrado pero los recursos siguen fluyendo.
Por tanto, la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, son corresponsabilidades no sólo legales sino éticas de quienes nos gobiernan. Estos tienen la obligación de informar sobre cualquier asunto y nosotros a corroborar o cuestionar lo informado. Utilizando todos los medios legales y públicamente disponibles. La impunidad y la corrupción tanto pública como privada sólo serán erradicadas cuando el pueblo asuma y opere las instituciones participativas de fiscalización.
5. Establecer políticas públicas para acrecentar y fortalecer la formación de recursos humanos a través de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Un Estado moderno que tenga la noble tarea de rescatar e instituir prácticas elementales que nos han enseñado y demostrado que es en la casa y en la escuela donde aprendemos y aceptamos a respetar a los demás y donde descubrimos nuestras vocaciones y nuestras preferencias como individuos. Instituir estas premisas en el proceso formativo y productivo de nuestra sociedad, seguramente, tanto gobierno como sociedad, veremos con más claridad y urgencia la necesidad de articular de manera inteligente y eficiente la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico a un proyecto integral de desarrollo del Estado, al igual que fortalecerlas sin condición alguna, por obvia necesidad, puesto que son éstas las que van a potenciar y fortalecer nuestro desarrollo económico y social actual y futuro.
El hecho que nuestro Estado cuente con una planta de científicos y tecnólogos por arriba de la media nacional o por habitante (profesionales, maestros en ciencias, doctores, tecnólogos e inventores) no solo es un privilegio sino una mina de oro para construir y expandir lo que actualmente se denomina “economías del conocimiento”. Dar prioridad a una línea de trabajo como ésta no sólo es estar a la vanguardia y asegurar el futuro en cuanto a generar recursos económicos, vía patentes e innovaciones tecnológicas, sino instituir políticas para favorecer, fortalecer y aprovechar la infraestructura científica, tecnológica y la educación superior del Estado.
6. Contar y disponer oportuna y eficientemente de los servicios de salud y de las políticas preventivas en la materia a fin de tener una población sana.
Pese a la gran inversión en salud, nuestra entidad se encuentra muy por arriba de la media nacional en enfermedades y padecimientos, como diabetes, enfermedades mentales, embarazos precoces, suicidios, entre otras, y igual que el resto de México, Baja California Sur, ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad en niños y el segundo en adultos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En cuanto a los recursos para enfrentar éstos y otras enfermedades, según datos de la OCDE y de la Facultad de Medicina de la UNAM, si cada mexicano destinara mil pesos anuales en campañas preventivas permanentes de salud, nos ahorraríamos miles de millones de pesos, de los 7,200 pesos que gasta cada persona anualmente en asistencia médica, más 4.5 pesos diarios del ingreso de los hogares en servicios complementarios de salud.
Sin voluntad política ni autoridad para regular o prohibir la distribución y venta de comida “chatarra” en escuelas y espacios públicos, al igual que la puesta en marcha de campañas preventivas permanentes de sobrepeso y obesidad, diabetes, VIH/sida, alcoholismo, tabaquismo, entre otras enfermedades y padecimientos, los enormes costos económicos en servicios de salud continuarán aumentando al igual que los padecimientos y las enfermedades. No sólo continuaremos siendo una entidad dependiente de los recursos de la Federación sino pobre y enferma
7. Fomentar y promover la creación de ciudadanos a través de una verdadera política social.
Una responsabilidad fundamental del Estado es, en primerísimo lugar, tapar los grandes abismos existentes entre la pobreza y la riqueza existe. No puede haber identidad ni pertenencia en el Estado mientras persistan estos extremos. Para ello, se requiere crear cierta igualdad en las oportunidades de la vida social, económica, cultural y educativa, que sirva de base al sentido de unidad, pertenencia y de destino común. Crear y abrir estas oportunidades, particularmente en el ámbito de la educación, implica formar ciudadanos, ciudadanos que reconozcan sus obligaciones y las cumplan , sus derechos y los exijan.
8. El Estado como rector y regulador del mercado interno.
Un Estado rector para regular la producción y distribución de bienes, servicios y mercancías. Un Estado con capacidad para evitar el predominio de unos cuantos en el mercado, desde el inmobiliario hasta la venta de tierras y productos “chatarra”. Un estado que estimule la creación y el fomento de la ampliación del mercado interno-local para producir y distribuir productos y mercancías de alto valor alimenticio y nutricional sino un mercado ampliado con capacidad de producir y distribuir productos y mercancías de alto valor alimenticio o nutricional Un estado capaz de sacudirse las corporaciones nacionales o extranjeras inmiscuidas en la compra y especulación tierras, bienes inmuebles, cadenas comerciales, entre otras.
9. Administrar, manejar y controlar los bienes públicos del Estado en apego a la legalidad y al interés colectivo de los sudcalifornianos.
Tierras y minerales, litorales, ensenadas y bahías, bienes culturales y naturales, , equipos e instalaciones públicas, bosques y desiertos, agua, mares e islas, constituyen, sin duda alguna, la herencia más entrañable de los sudcalifornianos. En ésta se encuentran nuestras raíces, nuestras identidades, nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Tan valiosos y excepcionales son estos bienes, , que después de la Ciudad de México, somos la entidad con mas bienes de Patrimonio de la Humanidad. También ocupamos el merecido primer lugar nacional en Áreas Naturales Protegidas y, de un valor incalculable, nuestros bienes culturales, como las misiones jesuíticas, nuestros ranchos y antiguos panteones, nuestra arquitectura vernácula, cada día más escasa, en nuestros centros históricos. Todos constituyen esa herencia, que estamos obligados, tanto gobierno como ciudadanos a conservar y aprovechar de la mejor manera. Lo lamentable, pese, a la existencia de leyes decretadas ex profeso, es que hasta el nombre de Baja California estamos perdiendo por el despectivo y denigrante apócope “baja”.
10. Manejar eficiente y transparentemente la deuda pública del estatal y los municipales.
Este es un vicio crónico tanto del gobierno estatal como de los gobiernos municipales. Tanto las legislaturas como las cabildos han sido incapaces enfrentar a los gobernantes en turno. La deuda pública ha aumentado hasta convertirla en impagable, sin que haya la certeza en que se aplicaron tales recursos. No son los gobernantes los que se quedan con la deuda sino las futuras generaciones de sudcalifornianos. La información y la transparencia en este y otros renglones han sido letra muerta. Como ya se indicó en la función número 4, estos perniciosos males legales y administrativos sólo serán erradicados cuando el pueblo de Sudcalifornia asuma y opere las instituciones participativas de fiscalización.
Conclusión
Señor Gobernador Electo, Marcos Covarrubias Villaseñor, asumimos que gobernar esta mítica Sudcalifornia es un privilegio, pero también una inmensa responsabilidad. Estamos seguros que la lucha de todos los sudcalifornianos es por desterrar esa cultura política que obstruye un real y verdadero régimen democrático, representativo y participativo y, también estamos seguros que la impunidad y la corrupción, tanto pública como privada, sólo serán erradicadas cuando el pueblo asuma y opere las instituciones participativas de fiscalización.
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(1). Estas funciones no son nuevas, vienen desde la República de Platón, la Utopía de Tomas Moro y, en nuestra tierra, cuando llegaron los jesuitas en 1698, con la pretensión de poblarla sólo con “hombres de razón”.
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