Alejandro Alvarez
Dice el refrán que al que es tragón se le nota en la forma de agarrar el taco. Y es que no hacen falta muchos elementos para identificar desde el principio a aquel que puede poseer una habilidad o defecto sobresaliente. Se están cumpliendo cien días de la toma de protesta del actual gobierno estatal, tiempo suficiente para que despuntara algún indicio de que las cosas se podrían hacer de manera distinta. Para mejorar, se entiende. O que al menos se plantearan ideas originales o renovadoras. Ni una cosa, ni otra.
En su discurso inicial como gobernador Marcos Covarrubias ofreció un gobierno "realmente cercano a la gente, sensible y comprometido". Un refrito de palabras sin contenido que pueden entenderse al calor de la euforia triunfalista. Añadió que era necesaria “la unidad de todos los actores políticos, para dejar atrás la contienda electoral y trabajar juntos por el bien de esta entidad”. Continuó con su promesa, para refrendar sus compromisos de campaña, de “entregar útiles escolares a los alumnos de primaria, becas para estudiantes, apoyo a los jóvenes emprendedores y a las madres solteras, entre otros”. No sólo las mismas palabras de hace seis años sino que además las mismas medidas que llevan al clientelismo y patrimonialismo inventado hace más de ochenta años por el PRI original, regalar dinero público, buen negocio. Más de lo mismo pero ahora bajo el auspicio de la filosofía panista. En materia de justicia pudo tocarse un tema particularmente sensible para la sociedad sudcaliforniana (recordemos los casos de la muerte del joven abogado Jonathan Hernández y la desaparición de Lisset Salinas) y afirmó en el mismo acto que:"Instruiré al nuevo procurador General de Justicia del estado a la inmediata creación de las instancias y los instrumentos jurídicos necesarios que eviten las invasiones y nos permitan perseguir con eficiencia a quienes cometan el delito de despojo”. Se siguen esperando esas “creaciones inmediatas” de los instrumentos jurídicos para castigar a los invasores de predios con legítimos propietarios. No vayamos muy lejos, el conocido invasor César Uzcanga sigue disfrutando de impunidad en su flamante territorio invadido del predio ejidal La Ballena en San José del Cabo y la familia Fiol sigue siendo víctima de invasiones dese hace cuatro años en Buenavista. Por citar sólo dos casos. También está la estrategia de grupos delictivos de invadir cauces de arroyos para ser reubicados y vender los lotes pocas semanas después de la “reubicación” y listos para la siguiente invasión. Cuento de nunca acabar y negocio redondo.
Para dar ese infaltable saborcito de explotación del morbo que nos mantiene entretenidos a los pobladores la Procuraduría de Justicia del Estado ya presentó en contra del ex gobernador Narciso Agúndez una denuncia relacionada con la enajenación de siete inmuebles ubicados en el fraccionamiento “El Pedregal” de Cabo San Lucas. A lo que el ex gober respondió presentándose con el amparo federal respectivo (ya no confía en los tribunales locales que alguna vez lo adularon) y negándolo todo como un “compló y cacería de brujas”. En ese lenguaje que es encantador el secretario de gobierno ya advirtió “que el tiempo en que habrá de obtenerse una resolución sobre las denuncias de peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores, falsedad y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos del gobierno anterior…” No está mal castigar conductas delictivas de funcionarios de los gobiernos anteriores, al contrario. Lo que no huele bien es que es la misma historia contada por presuntos nuevos gobiernos que no hacen sino repetir las mismas fórmulas de sus antecesores y con muchos de los mismos funcionarios que aparentemente persiguen judicialmente.
Ojalá no fuera así, pero si con seis años de margen los gobernadores al final se excusan de su mala administración diciendo que no fue el tiempo suficiente, ahora con cuatro y medio años de administración el gobierno dizque panista ya tiene el pretexto perfecto para justificar la falta de resultados. Seguiremos viendo listoncitos cortados en calles pavimentadas “como muestra de la modernización urbana”, regalo de motores fuera de borda “para impulsar la pesca”, autorización de incrementos a las tarifas del transporte público “para garantizar su mejoría” y un larguísimo etcétera, etcétera.
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