Contra la minería, la intolerancia asoma

Alejandro Alvarez
El pasado miércoles se realizó la primera reunión pública de información sobre el proyecto minero San Antonio. El hecho concitó la movilización de muchas personas, entre ellas decenas de pobladores de esa histórica región minera que portaban carteles a favor del desarrollo minero. También era sobresaliente la presencia de jóvenes que, igualmente con cartulinas y mantas, expresaban su rechazo al proyecto. El ambiente se aproximaba más al de una arena boxística que a un acto donde los asistentes se sientan a escuchar información para normar sus criterios. Es altamente improbable que alguien haya salido con una opinión distinta a la que tenía al entrar. Este ambiente poco propicio al intercambio de ideas ya se vislumbraba desde hace tiempo. Como parte de esta polémica he publicado en este espacio argumentos contra información imprecisa o definitivamente falsa en contra de la actividad minera. En razón de lo anterior me atreví a solicitar una intervención en la reunión referida y transcribo a continuación su contenido.
 “Es innegable que los proyectos mineros son parte de una polémica estatal sobre su pertinencia o viabilidad, al menos para la región sur del estado, específicamente para la vieja zona minera que genéricamente se conoce como El Triunfo-San Antonio. El evento al que hoy  acudimos forma parte de la metodología y enfoque de la teoría de evaluación de impacto ambiental dentro de la cual un componente importante es la aceptación social del proyecto, doy por descontado que la viabilidad económica es un hecho, si no fuera así simplemente no habría proyecto. Como la sociedad no es un ente uniforme es muy comprensible que existan opiniones no sólo distintas sino incluso opuestas sobre un mismo proyecto. El problema es cómo superar estas discrepancias bajo el supuesto que las partes actúan de buena fe, que están dispuestas a escucharse unas a otras y que sus posiciones no son irreconciliables. A mi parecer es ésta la médula de la situación que ahora nos reúne. Por ello el propósito de mi participación es proponer alternativas de consenso más que entrar en la explicación técnica de aquellas partes del proyecto minero más cuestionadas. La misma teoría de la evaluación de impacto sugiere que una vez identificados los impactos y establecidas sus medidas de mitigación se debe establecer un programa de monitoreo para evitar que la operación del proyecto se separe de la ruta previamente autorizada. Voy a poner un ejemplo, si los críticos del proyecto minero afirman que el uso de explosivos afectará la seguridad de la población por las vibraciones que se producirán se pueden realizar ahora mismo pruebas previas de la sismicidad provocada con cargas idénticas a las que se emplearán en la operación. Propongo que las organizaciones académicas, empresariales y no gubernamentales junto con representantes de la empresa minera integren una comisión de monitoreo de este tipo de pruebas en las que se demuestre con grupos técnicos imparciales -aceptados por las partes- el alcance de las alteraciones que producirían las actividades mineras. Así se puede proceder con cualquier parte del proceso minero cuestionado. Con base en la participación social a través de las organizaciones representativas, se garantizaría no sólo el conocimiento preciso de la magnitud de los impactos propiciados por la actividad minera sino también se garantizaría que las medidas de mitigación originalmente propuestas se lleven a cabo estrictamente. La única condición para que esto prospere es que se vaya sin prejuicios a observar lo que la experiencia técnica y científica dicte y no ideas preconcebidas o radicalizadas”. En cuanto concluí la lectura del texto unas jovencitas sentadas en primera fila me gritaron: ¡vendido! Igual que hacían con todos aquellos que no coincidieran con sus pancartas anti mineras. Ojalá me equivoque pero se percibía el fétido olor de la intolerancia en el ambiente.