MEXICO CORRUPTO...

Acentos
Héctor Tajonar


2009-06-10•Acentos

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Ni la utilización de la soberanía de los estados como máscara de corrupción e impunidad, ni el uso electoral del combate al crimen organizado, menos aun la aplicación de la ley con criterios partidistas, permitirán el ejercicio de una política de Estado en materia de seguridad, condición de éxito del inmenso desafío que el gobierno federal parece determinado a enfrentar.
Por política de Estado debe entenderse una responsabilidad compartida por los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la federación y los partidos políticos para superar una amenaza común que pone en riesgo a la nación toda, sin distingos sociales, geográficos o ideológicos, y que por lo tanto requiere de una acción conjunta, basada en una cooperación sin doblez que valora y busca el interés general por encima del interés particular.
No es eso lo que estamos viendo, sino exactamente lo contrario. Por una parte, los gobernadores han enarbolado el pacto federal para curarse en salud. Exigen confianza y respeto a la soberanía de sus estados cuando es patente su ineficacia en el combate a los narcos, como lo muestran los índices de criminalidad, así como su irresponsabilidad al haber dejado de ejercer el 43% en promedio de los recursos autorizados para el Fondo de Seguridad Pública. En Michoacán, Querétaro, Colima, Chiapas, Nuevo León, Baja California Sur, Veracruz, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, y Chihuahua, el subejercicio fue mayor del 50%, lo que significa que dejaron de gastar más de la mitad del dinero autorizado para compra de armamento, capacitación policíaca o tecnología para el combate a la delincuencia. “En la lucha contra el crimen, ¿qué carajo resuelven estos virreyes?” –pregunta Ciro Gómez Leyva. La respuesta es obvia: nada o muy poco.
A ello hay que agregar que el federalismo mexicano ha pasado de ser una entelequia jurídica a una perversión política: con la desaparición del presidencialismo autoritario, los gobernadores que antes estaban sometidos al poder del Ejecutivo federal, hoy se han convertido en caciques regionales que gobiernan su territorio sin controles institucionales ni rendición de cuentas. La descentralización creciente del sistema político mexicano ha dado lugar al surgimiento de múltiples presidentitos que hoy ostentan un nivel de poder y discrecionalidad en el manejo de recursos y toma de decisiones, comparable a la que ejercían los señores presidentes de antaño. Son ahora los ejecutivos estatales quienes gobiernan en una burbuja de opacidad, sin contrapesos de ninguna especie.
Si el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no serán también corruptos algunos gobernadores y ex gobernadores de los estados con mayores índices de criminalidad, que no han sido capaces de cumplir con la responsabilidad prioritaria de garantizar la seguridad de sus gobernados y en cuyos territorios el narcotráfico opera con total impunidad? ¿Con qué cara exigen confianza de parte de las autoridades civiles y militares del gobierno federal que buscan romper las redes de corrupción y complicidad entre los cárteles y los servidores públicos? No hay que caer en la trampa del “lado negro del federalismo”. (Buscaglia)
Si bien es cierto que de acuerdo con la justicia mexicana toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y que no es válido hacer acusaciones públicas de complicidad con el narcotráfico si no se cuenta con las pruebas suficientes, tampoco se puede borrar la explicable sospecha pública que pesa sobre gobernadores negligentes y omisos en materia de seguridad izando la bandera del pacto federal.
El artículo 40 constitucional establece la soberanía de los estados “en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación”, lo cual no implica impunidad de presuntos actos de corrupción en que incurran gobernadores, presidentes municipales u otros funcionarios locales que pongan en riesgo no sólo la seguridad de los habitantes de su estado sino la de la República en su conjunto, como ocurre con el narcocrimen. La Constitución no puede utilizarse para encubrir o justificar la delincuencia y la corrupción.
Igualmente condenable es el oportunismo irresponsable en que incurrieron los panistas al haber convertido la lucha contra el crimen en bandera electoral, llegando al exceso de identificar a la oposición con la delincuencia o de acusar mediática, no judicialmente, al gobernador de Reyes Baeza de vínculos con el narcotráfico.
El combate al crimen organizado requiere de una verdadera política de Estado, no de simulaciones.

htajonar@artemultimedia.com.mx