Excélsior 29 Julio 2010
Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Tres negociaciones peligrosas que en realidad son cuatro, pero una es clandestina. La primera es la del Gobierno con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvieron un primer encuentro en Gobernación el lunes en la noche y nadie sabe en realidad qué se trató: una vez más se dejó que la vocería del encuentro la tuviera Martín Esparza, que tampoco se sabe bien a quién representa, pero que quiere la toma de nota de su comité ejecutivo para apropiarse de los recursos que están congelados: se ha dicho que éstos suman más de 400 millones de pesos, pero esas son sólo las cuentas bancarias, lo suculento viene en las propiedades que en total suman unos siete mil millones de pesos.
Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Tres negociaciones peligrosas que en realidad son cuatro, pero una es clandestina. La primera es la del Gobierno con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvieron un primer encuentro en Gobernación el lunes en la noche y nadie sabe en realidad qué se trató: una vez más se dejó que la vocería del encuentro la tuviera Martín Esparza, que tampoco se sabe bien a quién representa, pero que quiere la toma de nota de su comité ejecutivo para apropiarse de los recursos que están congelados: se ha dicho que éstos suman más de 400 millones de pesos, pero esas son sólo las cuentas bancarias, lo suculento viene en las propiedades que en total suman unos siete mil millones de pesos.
Esparza se dijo convencido de que recibirán la toma de nota. No existe argumento legal alguno que pueda respaldar ese optimismo del controvertido líder sindical. Más de la mitad de los trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro ya se liquidaron, los seguidores del “líder” son cada vez menos, ha quedado en claro que no hubo ninguna huelga de hambre y que todo fue un engaño que sectores del Gobierno, algunos partidos y medios aceptaron ingenua o maliciosamente. Y que varios miles de supuestos trabajadores de LyFC simplemente parece que no existían, y que como los salarios se pagaban en efectivo y la distribución la controlaba el sindicato, simplemente se iban a los bolsillos de los líderes. No hablamos de poco dinero: la empresa nos costaba 40 mil millones de pesos al año.
Pero además, si finalmente, por medio de una negociación con el SME se da la toma de nota a Esparza el Gobierno federal se enfrentará a una crisis interna, de menor o mayor magnitud, pero que será tan inocultable como aquella que llevó al entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont a renunciar a su militancia en el PAN. Con un agravante: ninguna decisión de esta Administración tuvo tanto apoyo social como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro: ¿qué lógica puede tener echarse para atrás en lo que ha tenido mayor respaldo social? ¿qué puede trascender ese hecho como para negociar con la gente de Esparza? ¿Qué están negociando en Gobernación con el SME? Nadie lo sabe y eso no es una buena señal.
La segunda negociación se ha dado en Veracruz. Javier Duarte es ya el Gobernador electo del Estado, ha recibido la constancia de mayoría y la correspondiente llamada del presidente Calderón. Ya se rumora que Miguel ángel Yunes regresa a una posición en el Gobierno federal y más importante, Duarte ya designó como su coordinador en el proceso de transición nada menos que a Tomás Ruiz, un funcionario hacendario que fue parte central del proyecto de Nueva Alianza con Elba Esther Gordillo y que tiene excelentes calificaciones profesionales. No sé si la relación de Tomás con la maestra sigue siendo tan cercana como lo fue en el pasado, creo que no, pero la señal política es evidente, porque Ruiz también es cercano a buena parte del equipo económico de la actual Administración federal. Ruiz sería un hombre confiable para el Gobierno federal en la Administración de Duarte. Y puede haber otra sorpresa si el ex Procurador General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha finalmente aparece como el responsable de la seguridad pública en el estado. Sería otro mensaje con demasiados destinatarios.
Una tercera negociación se ha dado en otro ámbito, el de la seguridad, en un tema que parece menor pero que es eminentemente político. El Sistema Nacional de Seguridad Pública anunció que el ICESI, este instituto privado que encabeza Luis de la Barreda y en el que participan desde instituciones empresariales hasta universidades públicas y privadas, ya no realizará las encuestas sobre delincuencia y seguridad en los estados y que las mismas las efectuará el INEGI. No es que el ICESI cumpliera mal con su tarea: el problema es que lo hizo muy bien y demostró cuáles eran los verdaderos índices delictivos en las distintas entidades. A muchas, en primer lugar el DF, no les gustó lo que se reflejaba en el espejo y la decisión fue entonces evitarse problemas y dejar al ICESI de lado. Los índices delictivos también terminaron siendo parte de una negociación.
Y hay una cuarta negociación que es clandestina y delincuencial, pero que también es política. La del secuestro de Diego.
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