COMPLICADO CAMINO HACIA LA LEGALIDAD Y LA NO VIOLENCIA

Alejandro Alvarez



Hacer un recuento de las formas honestas de ganarse la vida es tarea imposible, ya no se diga de las formas delincuenciales que deben rebasar a las primeras, lo cual no quiere decir que la gente de bien laborar haya sido rebasada por los malandros sino que éstos generalmente realizan más de una forma de delito y van evolucionando en este siniestro camino, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Un amante de lo ajeno puede en un breve tiempo convertirse en capo, pasando por narcomenudista, lenón, secuestrador y sicario. De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la XVIII Conferencia Internacional de Combate contra las Drogas, un delincuente puede tardar apenas un mes en pasar de ladrón a sicario o a combatir a las autoridades en México, frente a los 15 años que transcurrían en esta carrera en el pasado.

Como sucede en otros campos, en el de la malandronería las leyes del mercado fijan el ritmo de las empresas exitosas y de aquellas que no prosperan, pero en el mercado del delito su prosperidad social en general está directamente asociada al fracaso de los mecanismos institucionales que lo deben perseguir y castigar. Si las policías municipales, estatales o federales están infiltradas por los delincuentes o éstos son al mismo tiempo policías no sé en qué mente puede caber que esas policías lleguen a capturar a los maleantes. Pero aun suponiendo que por equis causas un gran delincuente llegue a pisar la cárcel todavía le quedan varios recursos para recuperar su libertad o seguir dedicándose a lo mismo. Uno es que el agente del ministerio público arme una acusación con un expediente tan endeble y mal hecho que el juez no tenga ninguna dificultad en declararlo libre por insuficiencia de pruebas. Otro es que el juez simplemente se haga de la vista gorda incluso ante pruebas contundentes. Recientemente el caso de un junior hijo de un difunto político mexiquense es emblemático y dramáticamente aleccionador al respecto. Pero no es único, ni excepcional y la cosa no acaba ahí porque volviendo a suponer que el juez sentencie al acusado a varios años de prisión le queda al delincuente la alternativa de la fuga (Tamaulipas es un caso para dar escalofríos) o simplemente seguir delinquiendo desde la cárcel. En ambos casos se contará invariablemente con la complicidad de custodios y funcionarios carcelarios que pueden alcanzar hasta al director del “centro de rehabilitación”.

En una reciente campaña nacional de exigencia de justicia encabezada por conocido poeta ha resurgido con fuerza el debate sobre las mejores medidas para enfrentar el clima de inseguridad en el país. Estas van desde pedir el juicio político del presidente Calderón, el regreso del ejército a los cuarteles, hasta el fortalecimiento de las facultades y atribuciones del ejército en su actual lucha contra el crimen organizado. Entre estos extremos hay muchísimas otras opiniones. Las discusiones suelen ser acaloradas y rozar los límites de la tolerancia pero una cosa es clara, la solución no depende de una sola decisión del gobierno federal, mucho menos de los siguientes órdenes de gobierno. Tampoco habrá solución real sin una masiva participación ciudadana empezando por la erradicación de las cotidianas formas de impunidad y evasión de las leyes que los conciudadanos practican a diario. Por ahí empieza la solución a largo plazo de nuestro grave problema.

En el último reporte de Transparencia Internacional sobre su Índice de Percepción de la Corrupción nuestro país, con una calificación de 3.1en una escala de cero a diez, ocupó el lugar 98 entre 178 países evaluados. Nuestra propensión a los actos de corrupción es uno de los cimientos sobre los cuales se ha fincado ese monstruo de la narcoviolencia que hemos visto crecer hasta límites insospechados.



PERSECUCIÓN A EX GOBERNADOR

El ex gobernador y otros funcionarios públicos han sido acusados por el gobierno actual de diversos delitos. Este diario ha dado cuenta detallada de la noticia. Los acusadores deben presentar las pruebas contundentes de su dicho, los acusados tienen el derecho inalienable de su defensa y a un juicio justo. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer en detalle paso a paso del proceso. Los jueces están obligados, en bien de las instituciones, a realizar su trabajo en forma expedita y sin sospechas.