Un congreso de ninis: ni estudian ni legislan

Por José Luis Vázquez ceja

Sudcalifornia desde siempre ha sido presentada con características únicas en el mundo. Ello se confirma después de que la UNESCO declaró tres de sus bienes naturales y culturales Patrimonio de la Humanidad, ubicándola después de la Ciudad de México en la entidad con más bienes de Patrimonio Mundial. Después sería también catalogada como la entidad con más áreas naturales protegidas. Sólo la Reserva de Biósfera El Vizcaíno, con dos millones y medio de hectáreas, es la más extensa del país.

En su carácter poblacional, Sudcalifornia con 600 mil habitantes también tiene la fortuna de ser la menos poblada. Ello, debería ser motivo para contar y disponer de todos los beneficios posibles para sus habitantes, tanto en lo social y económico como en lo político y cultural. Sin embargo, a la fecha, quienes han tenido el privilegio de gobernarla, no han tenido la visión de crear el modelo de desarrollo que tenga como base de crecimiento: el trabajo, la educación, el conocimiento científico y tecnológico y el aprovechamiento racional tanto sus recursos naturales, bajo normas y formas de operación ambientalmente sostenibles, como sus bienes culturales, bajo normas y protección y conservación para admirarlos y disfrutarlos. Por sus resultados, y dependencia absoluta de los recursos de la Federación, el modelo seguido por nuestros gobernantes más que lamentables son indignantes.

Poca población mucha Constitución

Sudcalifornia es la entidad menos poblada del país, con tan sólo 600 mil habitantes cualquier delegación del Distrito Federal la rebasa, sin embargo, la rige una Constitución que supera con 37 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Norma que rige a los 31 estados y al Distrito Federal, en los cuales viven 112 millones de personas. Pero no sólo es la Constitución de Sudcalifornia, con sus 167 artículos, sino el centenar y medio de leyes que se han venido decretando desde 1975 hasta la fecha, convirtiéndola en la entidad con más artículos constitucionales y más leyes por habitante. La pregunta obligada es si todo este marco constitucional y jurídico fue o sigue siendo el lazo de amarre para la creación de una infraestructura material, cultural e institucional para que sus poquísimos habitantes puedan vivir en armonía, con seguridad, equidad y dignidad, ó, sólo fue, en el mejor de los casos, un mero ejercicio de decretar leyes y leyes. Como dijera el ciudadano de la esquina, con un mínimo de sentido común, para que tantas leyes sino producimos ni el maíz para las tortillas que consumimos.

Quizá los atributos mencionados en el párrafo anterior, pese al aislamiento geográfico, fueron parte de la vida de los sudcalifornianos en no pocos momentos de su historia, más no producto del cúmulo de leyes decretadas. La mayoría de éstas sólo han sido decretas más no implementadas ni divulgadas entre la población. La mayoría sin consenso ni consulta pero si apegadas a los cánones dictados por el ejecutivo estatal en turno.

Refundar a la Sudcalifornia

Un repaso sistemático del inventario de leyes decretadas y cotidianamente violadas, incumplidas o olvidadas quizá sea el camino para la reflexión y el estudio de todos los integrantes de la actual XIII Legislatura, que además de su misión de crear leyes, es previamente conocer lo existente y a partir de ello, avanzar hacia crear las bases para la conformación de una Sudcalifornia moderna, donde impere la cultura de la legalidad (actualización de la propia Constitución y demás leyes en el marco y necesidades del Siglo XXI), como lazo que amarre al propio estado con una sociedad libre, igualitaria y corresponsable hacia ese nuevo un modelo de desarrollo tal y como fue apuntado en el segundo párrafo del presente artículo.

Ninguna Legislatura ha tenido la fortuna y el privilegio que tienen ahora señores diputados: cuatro años y medio, más un presupuesto de 126 millones de pesos para el presente año, son más que suficientes y estimulantes para avanzar en la conformación de una agenda legislativa que tenga como meta el rumbo sugerido.

Sólo tres ejemplos de leyes y sus violaciones, que la población ni siquiera percibe, pues para ella, son parte de la vida diaria.

Hasta el nombre estamos perdiendo

El 31 de diciembre de 1982, se decretó y se publicó en el boletín oficial la Ley para que se utilice el nombre completo de Baja California Sur y se suprima el calificativo “Baja”. Al respecto, sólo baste ver los directorios telefónicos, los folletos y guías turísticas, revistas y periódicos, marquesinas y anuncios en calles y avenidas de todos los pueblos y ciudades a lo largo y ancho de la Sudcalifornia para corroborar el uso tan extenso que tiene el despectivo y denigrante apocope “Baja” por Baja California Sur. No sólo, tristemente, entre extranjeros. La cadena de violadores e infractores va desde los extranjeros y los sudcalifornianos hasta los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, incluyendo notarios, corredores y actuarios. Si partimos del supuesto que el nombre del estado de Baja California Sur es el hilo que teje nuestra identidad y nuestra historia como pueblo y no el mote “Baja”. No nos extrañe que la violación se vuelva costumbre y que el uso del mote “Baja” sea la que marque el futuro, luego, nuestros hijos ya no serán sudcalifornianos sino “bajos “ o “bajeños”. Como más guste.

Una sociedad enferma y sin recursos

La tradición para atender a los enfermos viene de muchos años atrás. Desde eu creación, a finales del siglo antepasado, el hospital Juan María de Salvatierra ha marcado, como institución, el rumbo a seguir. Sin embargo, y pese a la Ley de Salud y los enormes presupuestos que se destinan a la salud, los retos sin insuperables, como afrontar epidemias, alcoholismo, tabaquismo, venta y tráfico de sustancias prohibidas, adiciones, contaminación ambiental y auditiva, además que continua muy por arriba de la media nacional en diabetes, embarazos precoces, suicidios y enfermedades mentales, entre otras. Sin embargo, el mayor reto que tienes quienes aplican la Ley de Salud es en prohibir la comercialización de alimentos y bebidas chatarra en las 502 primarias y secundarias públicas y en los dos centenares de planteles privados. No parar ahora la obesidad de los niños no sólo los recursos económicos serán insuficientes sino abriendo las puertas de la muerte temprana de las futuras generaciones. No aplicar la Ley de Salud en letra y en espíritu y, sin campañas preventivas de salud, los enormes costos en salud seguirán aumentando al igual que los padecimientos y las enfermedades.

El entramado burocrático e institucional seguirá creciendo

Pese a la falta de recursos económicos y a las deudas impagables de los municipios y del gobierno estatal, la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Centralizada del Estadio de BCS (decreto no. 1721), al igual que la Ley de Desarrollo Institucional de Estado de BCS (decreto no. 1707), continúan añejándose en los archivos del Congreso ó de la Contraloría del Estado, cuya pretensión es profesionalizar el aparato burocrático así modernizar y simplificar los proceso y procedimientos de las instituciones públicas, como única vía para hacer eficientes los servicios, ahorrar recursos y cambiar la pésima imagen que la sociedad tiene de la obesa burocracia. Sudcalifornia es la entidad con más burócratas por habitante. La norma internacional marca un burócrata por cada 250 habitantes. Nosotros tenemos 2.5 burócratas por esos mismos 250 habitantes.

Desde antaño el aparato burocrático estatal y municipal se ha venido conformado no por los mejores-- profesionalmente hablando-- sino por los políticamente confiables. Los puestos o plazas vacantes no se llenan por convocatoria, concurso o requerimientos –profesionales o experiencia—del puesto o plaza sino por influencias o el llamado “amiguismo”. Los puestos de “confianza” son asignados por los altos directivo y los de “base” por los dirigentes sindicales o a través de negociaciones políticas o económicas. Sin pasar por alto, en esta opaca mecánica burocrática, ese “derecho” patrimonialista o hereditario que se han abrogado los mandos burocrático y sindicales. Baste ver al término de cada administración, tanto estatal como municipal, como los aparatos burocráticos aumentan, mientras los recursos para pagar son cada vez más insuficientes, esta situación conlleva a que las autoridades en turno ejecuten la empobrecedora y desfachatada práctica de subastar los bienes patrimoniales o aumentar la deuda pública, vía préstamos bancarios, aprobados, obviamente, por los cabildos y/o congreso del Estado.

La transparencia y el acceso a la información muy lejos todavía

Fiscalizar es poder juzgar, condenar y castigar a los que cumplen cargos o encargos públicos. La transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, son responsabilidades no sólo legales sino éticas y morales de quienes nos gobiernan. Estos tienen la obligación de informar sobre cualquier asunto y nosotros a corroborar o cuestionar lo informado. Esto que debería ser la esencia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información (decreto no. 1522), hoy en día, duerme el sueño de los justos mientras los responsables siguen cobrando cada quincena. El argumento es hasta baladí: el sistema denominado Infomex, herramienta informática que se proporcionó al al gobierno del estado sin costo alguno por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), fue implantado al 100% (sistemas, equipos y capacitación) previamente a la aprobación del decreto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pero como la Ley no fue aprobada tal y como se presentó la propuesta original, corresponde, ahora, al Secretario General de Gobierno ordenas a los servidores públicos del ITAI a que retomen el Informex y, en base a la Ley decretada y publicada, hagan las adecuaciones y actualizaciones correspondientes, con la participación, obviamente, del IFAI. Aún cuando el sistema se eche andar, creemos, sin embargo, según experiencias de todos conocidas, que la impunidad y la corrupción tanto pública como privada sólo serán erradicadas cuando el pueblo asuma y opere las instituciones participativas de fiscalización.

Conclusión

Sudcalifornia, al igual que México y el resto del mundo, padece problemas serios y crónicos. No sólo estamos perdiendo el nombre y la identidad, la tierra y el agua sino la esperanza y la certidumbre en el futuro. Las manifestaciones de indignación y hartazgo de los jóvenes no sólo es una cuestión de lucha por abrir oportunidades de trabajo y estudios para los famosos ninis, sino de generar recursos para la cultura, el arte, los valores y la creación de ambientes culturales, en un sociedad, como la nuestra, sobre todo en sus gobernantes, que de pronto parece que los han perdido. No caer en el ridículo como lo hicieron los representantes que los antecedieron, que por corrupción, incapacidad e ignorancia, llevaron a esa Institución Legislativa a un desprestigio tal, que hoy Ustedes califican como “bochornoso”.

Post Data. Señores diputados, ojalá tengan tiempo para leer La Constitución Política de una República Imaginaria, de José Joaquín Fernández de Lizardi, en su quinta edición por nuestra UNAM, 1992. En esta magna Constitución, de tan sólo 63 artículos, se tratan todos asuntos relativos a los derechos del hombre y la organización del Estado y sus relaciones de éste con el resto de las naciones. Nada queda fuera, incluso, se destina un Capítulo Unico…De los ebrios, tahúres, andrajosos y vagos.