1 Agosto, 2010 - 23:39
CREDITO:
Alberto Aguirre M. EL ECONOMISTA.
Debía entenderse como un golpazo a las estructuras criminales, en la vieja cuna del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Debía entenderse como un golpazo a las estructuras criminales, en la vieja cuna del cártel de los hermanos Arellano Félix. Y vaya que sí lo era: en la operación más grande ocurrida en Tijuana en los últimos 18 meses, tropas militares aprehendieron a 62 elementos policiacos, supuestamente al servicio de la delincuencia organizada.
El nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, amerita golpes de impacto para acrecentar su imagen ante la opinión pública nacional. Y el PAN local, después de su derrota en las elecciones del pasado 4 de julio -perdieron las cinco alcaldías y los 10 distritos electorales de Baja California– también necesitaba algo de oxígeno suplementario ante el avance del PRI.
En el hangar de la Fuerza Aérea desfilarían, para que fueran filmados y retratados por los representantes de los medios informativos, 40 agentes de la policía municipal de Tijuana, 16 policías ministeriales y seis exuniformados, quienes ya habían sido separados del servicio público.
La columna de presuntos policías corruptos avanzaba en el escenario,
cuando ocurrió un incidente estremecedor: uno de los detenidos encaró a uno de los soldados que lucía su uniforme negro, pasamontañas y un fusil de asalto R-15; lo despojó de su arma y volviéndola contra sí mismo, imploraba al militar que terminara con su vergüenza y jalara el gatillo.
cuando ocurrió un incidente estremecedor: uno de los detenidos encaró a uno de los soldados que lucía su uniforme negro, pasamontañas y un fusil de asalto R-15; lo despojó de su arma y volviéndola contra sí mismo, imploraba al militar que terminara con su vergüenza y jalara el gatillo.
La exhibición se tornó en caos. “Chinga tu madre De la Rosa”, gritaba uno de los municipales a David, secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento y mudo testigo de esa degradación de facto. “Hemos sido fieles a la Procuraduría”, espetó otro agente al titular de esa dependencia, Rommel Moreno Manjarrez, a quien incluso trató de golpear, pero fue contenido por sus captores.
Quedó materializado el enojo de los policías de a pie con sus jefes. Y de la peor manera. Un enojo justificado, además. Cuando iniciaba la redada contra los uniformados, el acalde Jorge Ramos inauguraba un lujoso restaurante en La Revo, la avenida más famosa de Tijuana. Eso sí, protegido por media docena de guardias de seguridad.
La semana previa había sido detenido el director de enlace institucional de la Procuraduría, Jesús Quiñones Vázquez, a quien el gobernador José Guadalupe Osuna Millán había conferido el mando del Programa Alerta Ámber para recuperar a niños secuestrados. Con acceso a informes de inteligencia, según el FBI, no tardó en comenzar a trabajar para la organización de Fernando Sánchez Arellano, el capo de lo que antes se conocía como el Cártel de Tijuana.
Los interrogatorios a Quiñones Vázquez habrían arrojado la información que logró ubicar a los policías -cuatro mujeres, entre ellos- que trabajaban para el crimen organizado. La madrugada del viernes, unas horas después de su fallida presentación, fueron llevados de la penitenciaría de La Mesa al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez y, a bordo de un jet de la Policía Federal Preventiva, remitidos a Veracruz, donde fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social 5-Oriente, de Villatlán.
Ahora resuenan las advertencias formuladas por el general Sergio Aponte Polito, quien hace dos años advirtió sobre la infiltración del crimen organizado a las corporaciones de seguridad pública de Baja California. Hacer pública esa denuncia le costó ser relevado de la comandancia de la Segunda Zona Militar.
Este tipo de operativos, enfocados más a la promoción de los funcionarios bajacalifornianos que ahora se pondrán al frente del aparato de seguridad calderonista, que a eficientizar la lucha contra el crimen organizado, desincentivan cualquier esfuerzo para reparar la imagen y el atractivo de Tijuana, que como muchas otras urbes del país, actualmente batalla por captar más empleos, turistas e inversionistas extranjeros. Ahora queda claro que reparar la imagen de México ante Estados Unidos requiere de más tiempo y de otro tipo de medidas.
EFECTOS SECUNDARIOS
MENSAJES CIFRADOS. Tras de una semana negra para el periodismo mexicano, se mantiene un halo de misterio en torno del secuestro sufrido por cuatro colegas en Gómez Palacio, Durango.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, atribuyó a El Chapo Guzmán la orden de retener a los reporteros y estos mismos señalaron que sus empleadores –Milenio TV y Televisa– tendrían que divulgar un mensaje del crimen organizado a cambio de preservar su vida. Nada nos hace dudar de esta explicación. Pero faltan más explicaciones.
¿Cuál era el mensaje que querían emitir? En círculos gubernamentales en Durango se tiene la certeza de que se trataba de ofrecer una réplica a la versión oficial sobre lo ocurrido en el Cereso no. 2 y las supuestas salidas nocturnas de los reos. Tal versión involucraría a García Luna con el crimen organizado.
POSTURA. En el mismo tema, hoy escuchamos en W Radio un pronunciamiento, que dice en su parte medular: “Los delincuentes han decidido declararle la guerra también a los medios de comunicación, porque buscan así cancelar el ejercicio libre de nuestra profesión, indispensable para la democracia. Apuestan, pues, por matar al periodismo y ponerlo a su servicio, lo que por desgracia ya ocurre en algunas regiones del país… No cederemos”.
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