Tulio Ortiz Uribe. REVISTA LA TIJERETA. LA PAZ BCS.
Hace apenas siete años Antonio Alcántar López vivía en una pequeña casa de interés social. La propiedad, con un terreno de 147 metros cuadrados y 70 de construcción, consistía de dos dormitorios, un baño, cocina y una modesta sala. Adquirida en agosto de 1994 a nombre de su esposa Luz de Monserrat Pérez Robinson, se ubica en la calle Hortensia número 4345, colonia Girasoles, un sector habitado por empleados de clase baja sin mayores pretensiones.
Pero el joven reportero era demasiado ambicioso. Aprendió que el periodismo por consigna abre puertas y otorga privilegios. Entonces su suerte con el dinero comenzó a cambiarle la vida, no sólo con su nombramiento en marzo de 2005 como vocero del gobierno perredista de Narciso Agúndez Montaño, sino desde que se convirtió en jefe de información del diario El Sudcaliforniano, en el 2001. Hoy, su patrimonio como funcionario público suma varios millones de pesos y está por inaugurar una segunda residencia en el fraccionamiento Fidepaz.
Periodista de a tanto la línea, durante 10 años sirvió a los intereses del régimen en turno. Todavía se recuerda cómo en 1998 y principios del siguiente año, a través de las páginas del Diario Peninsular, llamaba “traidor, tránsfuga, iluminado, renegado y mesías” al candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del Estado, Leonel Cota Montaño. Como “columnista”, escribía sobre la presunción de que hubo un manejo oscuro en la venta del cerro “La Calavera”; que se usaron recursos municipales para la campaña del político; que el PRD era un partido violento y que “los leonelistas quieren conquistar por la fuerza lo que el pueblo no les ha querido dar”, todo ello salpicado de insultos y medias verdades.
Pero Leonel Cota olvidó los agravios. Aparte de influir para que Alcántar se hiciera de la jefatura de información en El Sudcaliforniano, en junio de 2001 le autorizó un crédito a la palabra por 150 mil pesos, a través de un programa para la creación de empresas familiares, que permitiría “alentar la economía de los sectores más desprotegidos”. Hasta finales de 2007 no había cubierto el adeudo, según informó a este reportero el entonces director del Fondo Social para el Desarrollo de Baja California Sur, licenciado Ramiro Ruiz Flores. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Finanzas, dicha deuda sumaría al día de hoy 350 mil 146 pesos por la acumulación de intereses.
Con el dinero del crédito y faltando a su compromiso de invertirlo en un proyecto productivo, le compró a la empresa Ric-Mex, del norteamericano Richard Stephens y cuyo representante legal era el licenciado Pedro Solana Martínez, dos lotes de terreno en el fraccionamiento Fidepaz: uno por 64 mil pesos en la calle Olas con 180 metros cuadrados de extensión y otro en la avenida Tiburón, de 346 metros, en 96 mil 922 pesos, registrado éste mediante la escritura pública número 48308 y clave catastral 101-013-125-070. Previsor, ambas propiedades las inscribió a nombre de su esposa Monserrat Pérez Robinson.
Posteriormente pusieron en venta el terreno de la calle Olas y la casita de la colonia Girasoles, e inició la construcción de un edificio de departamentos en el terreno de la avenida Tiburón. Mientras, vivirían con sus suegros.
Usando sus influencias de periodista, consiguió un permiso de construcción en la administración municipal de Víctor Guluarte Castro que violaba el uso del suelo, ya que en esa área del fraccionamiento no están permitidas las unidades condominiales. Hubo quejas de los vecinos, que no prosperaron, entre otras la del biólogo Aradith Castellanos Vera, quien, según comentó, fue amenazado por un familiar de Alcántar López. La Asociación de Colonos de Fidepaz interpuso un recurso de revisión ante la Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, pero el expediente se guardó en la congeladora. Guluarte Castro también lo exentó del pago por diversos derechos municipales.
Originario de Guaymas, Sonora, donde nació el 25 de febrero de 1971, Alcántar López trataba de cerrar todas las rendijas por donde el Fondo Social para el Desarrollo pudiera iniciarle un procedimiento legal para la recuperación del crédito. A finales de 2003, promovió un juicio de jurisdicción voluntaria para deshacer su sociedad conyugal con Monserrat Pérez, y en febrero de 2004 el Juzgado Segundo del Primera Instancia del Ramo Familiar emitió la sentencia 550/2003, que liquidó dicha sociedad. Así, él y su esposa pasaron al régimen de separación de bienes. Pero aún no quedaba satisfecho.
El 5 de diciembre de 2008, el funcionario acudió ante el Notario Público 22, de Los Barriles, Karim Martínez Lizárraga, para realizar un contrato de donación a título gratuito, con el fin de cederle a su hijo menor de edad, Jesús Antonio Alcántar Pérez, el edificio de departamentos de la avenida Tiburón, en Fidepaz. El documento, consultado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, consigna que el inmueble tiene 653.70 metros cuadrados de construcción, sobre un terreno de 346 metros. El ingeniero Juan Manuel Rivera Amador realizó un avalúo pericial (259/2008) sobre la propiedad y le adjudicó un valor catastral de 2 millones 317 mil 666 pesos, para efectos del pago de impuestos, por lo que el edificio podría tener un valor comercial cercano a los cinco millones de pesos.
Este fue el final de un préstamo que estaba orientado “al fortalecimiento de la economía familiar y la generación de empleo” en Baja California Sur.
Pero el ascenso económico de Antonio Alcántar no se detuvo. El 26 de enero de 2009, le compró a su vecina Magaly González Cosío la propiedad colindante en la avenida Tiburón, consistente en un lote de terreno de 242 metros cuadrados con una construcción de 87 metros. El precio convenido fue de 900 mil pesos. El predio está registrado con la clave catastral 101-013-125-043 y el notario que formalizó la escritura de compraventa fue el mencionado Karim Martínez Lizárraga. Aunque el inmueble quedó a nombre del funcionario, éste siguió otra estrategia: hipotecó la propiedad en el Banco Mercantil del Norte (Banorte) por 15 años, de forma que, si algún día enfrenta un juicio legal, el banco goza de preferencia sobre otros acreedores.
Sobre esa base, Alcántar López construyó una moderna residencia de dos pisos y acabados de primera. Cuenta con 400 metros cuadrados de construcción que, de acuerdo con arquitectos consultados, habrían tenido un costo de dos millones de pesos. En los archivos de la Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del municipio no se encontró ninguna solicitud de licencia de construcción relacionada con la clave catastral 101-013-125-043. Un pequeño desliz que le ahorró unos pesos, pero que retrata la estatura moral de este funcionario de la administración de Narciso Agúndez Montaño.
Cobijado por la impunidad
Aún está cercano el día (23 de septiembre 2008) en que la diputada Graciela Treviño Garza, secretaria de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, leyó ante el pleno del Congreso una iniciativa de acuerdo económico para citar a comparecer a Antonio Alcántar López.
Treviño Garza dijo que “por existir el temor fundado de que el coordinador de Comunicación Social del gobierno del Estado no está cumpliendo con un manejo apegado a la ley de los recursos presupuestarios que tiene asignados para administrarlos, se le cita a comparecer en una fecha que será determinada posteriormente”
Agregó la legisladora que en meses anteriores le fue instituido a dicho funcionario “un procedimiento administrativo por parte de la contraloría del gobierno del Estado, en donde se señala un déficit originado probablemente por el desvío de recursos por un monto de 16 millones de pesos, cifra determinada por la auditoria del año 2006”.
Dicha iniciativa había sido presentada cuatro meses antes por la diputada Sonia Murillo Macías, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, pero permaneció congelada al no existir consenso entre las diferentes fracciones parlamentarias.
Graciela Treviño, diputada por el distrito XVI de Los Cabos, dijo que “existe la duda razonable de que como funcionario público con nivel de coordinador, haya adquirido cuantiosos bienes inmuebles, que no van de acuerdo con su salario”
Señaló que hasta la fecha no se le ha sancionado (al funcionario) ni en su caso separado del cargo, “lo cual desestima socialmente los esfuerzos que día a día realiza la administración pública federal, por lograr transparencia en la información de los recursos públicos destinados a las dependencias del gobierno”
La diputada Garza Treviño terminó diciendo que la comisión permanente de asuntos fiscales y administrativos “concuerda en la necesidad de la comparecencia de Antonio Alcántar López, ante esta soberanía popular”, conforme a las facultades que le otorga al Congreso la Constitución Política del Estado.
Luego de año y medio del pronunciamiento, esa “soberanía popular” aún espera el permiso del gobernador para que el funcionario de marras comparezca y explique el fin que tuvieron los 16 millones de pesos.
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