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jueves, 20 de enero de 2011

Aunque no votes, sí cuentas



Sandino Gámez Vázquez

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El pueblo sudcaliforniano habrá de demostrar la validez de este dicho durante y después de las elecciones locales del próximo 6 de febrero de 2011. Es la primera y quizá la única vez que los sudcalifornianos podrán elegir ayuntamientos y una legislatura con un periodo de duración de cuatro años y medio, en lugar de los tres años comunes. Esto significa que los regidores y los presidentes municipales tendrán el tiempo suficiente para establecer administraciones competentes y solucionar los graves problemas que arrastran los ayuntamientos. También, al contar con una mitad más que su periodo regular, los diputados locales podrán debatir, consensuar y expedir las leyes que requiere Baja California Sur para favorecer los intereses de la sociedad local.
            Bajo esta circunstancia histórica, insisto: probablemente irrepetible, los sudcalifornianos deberían estar más interesados en comprender y valorar las propuestas de las planillas edilicias, la orientación ideológica de los candidatos a diputados y la plataforma política de los partidos que los tienen en sus listas. Tal vez acudiendo a las oficinas de los partidos políticos o quizá a las casas de campaña de los candidatos se puedan conseguir estos documentos básicos. Deben existir en alguna parte, porque se supone que es un requisito obligatorio exigido por el Instituto Estatal Electoral para registrar candidatos o planillas (artículos 32 a 37 de la Ley Electoral de B.C.S.). En los hechos, lo único que el ciudadano común tiene a su disposición para decidir su voto son las declaraciones públicas, los eslóganes de campaña, los volantes y trípticos y, en mayor medida, las fotos de los rostros de los candidatos. En estas condiciones, ¿cómo decidir cuál es la propuesta política, el perfil ideológico y el plan de acciones que mejor conviene a nuestros municipios y estado?
            Se trata de una ficción pura, lo sabe la mayoría del electorado. Los partidos son sombras grises de lo establecido no sólo por la teoría política, sino especialmente por la Constitución Mexicana: “entidades de interés público” cuyo fin es “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y, “como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan” (Art. 41,i).
            Pero incluso si los partidos mostraran una plataforma ideológica, la escasa relación entre partidos y candidatos en la última década no ayudan al ciudadano elector a establecer una diferencia significativa entre los candidatos sobre los que debe elegir. A esto hay que agregar, además, que al menos en Baja California Sur el Instituto Estatal Electoral en su campaña promocional de las elecciones locales no ha advertido en ningún momento a los ciudadanos sobre cuáles son las atribuciones y cómo es el funcionamiento interno de los ayuntamientos y el congreso del estado.
            Dado el elevado costo del Instituto Estatal Electoral y el hecho de que sólo se nota su actividad en la víspera de una elección estatal, ¿cómo es que no cumple su responsabilidad manifiesta de “promover y difundir los principios y valores de la cultura democrática” (Art. 86 de la Ley Estatal Electoral de Baja California Sur). Lo que hace en la actualidad es solamente llamar a votar. ¿Acaso no es lo más básico explicar clara y sencillamente al ciudadano el poder que está delegando con su voto?
            Si los ciudadanos supieran más sobre el funcionamiento del congreso local y las funciones de los diputados, ¿no tendrían mayores oportunidades para discernir cuál es el candidato más conveniente para representarlo? En una sociedad que se rige por leyes, leyes aprobadas por diputados, ¿no es necesario pedir un mínimo de sabiduría de la vida y respeto por la justicia en el candidato de nuestra elección?
            En el caso de los ayuntamientos esto es aún más complejo porque la suma de los regidores tiene más peso en las decisiones del cabildo que el presidente municipal. ¿Pero quién escoge a los regidores? Esta es la parte más opaca del sistema electoral de Baja California Sur y la que tiene las consecuencias más graves sobre la sociedad local. Porque los regidores deciden los cambios de uso de suelo, aprueban la instalación de los nuevos asentamientos humanos, otorgan los permisos para la instalación de expendios de bebidas embriagantes, donan o venden las áreas de uso común o “demasías” en ciudades o pueblos, fraccionamientos o colonias, entre muchas otras facultades sobre el desarrollo territorial y costero de los municipios.
            Es tan grande el poder de los regidores que a ellos les debemos en los últimos cinco años la instalación de las macroplazas comerciales en los cruces de las principales vialidades de La Paz, la escasa aportación financiera de los “desarrollos turísticos” a los municipios y los conflictos de tráfico en todos los nuevos asentamientos urbanos de esta capital. ¿Quién escogió a estos regidores tan poco útiles para el interés colectivo de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos? En apariencia los ciudadanos que acuden a votar. Pero no. No hay siquiera un proceso interno en los partidos para su selección. Las listas de regidores se establecen por cuotas de poder o sobre la base de favores económicos para la campaña electoral. Por ello el nivel político de los regidores con gran frecuencia es mínimo: son familiares cercanos de políticos influyentes, empleados de confianza de empresarios o líderes de partidos familiares o de membrete. Pese a su carácter determinante en la conducción de la cosa pública en los municipios, prácticamente ningún regidor es conocido o, mejor, reconocido al final de su gestión.
            En los hechos, el sistema electoral sudcaliforniano está diseñado para que los electores sólo pongan atención en los candidatos a gobernador y a presidentes municipales. Se nos pide, de esta manera, que votemos por ciertas personas, básicamente una sola. Y una vez que la hayamos votado y haya salido electa, nuestra participación ya no es necesaria.
            Volteemos hacia atrás y recordemos cuántas ocasiones los candidatos una vez electos cumplieron sus compromisos de campaña. ¿Por qué, si es que somos una democracia, no tenemos herramientas probadas para evitar que nuestras colectividades dependan de voluntades únicas? ¿Es imposible exigir a los gobernantes y representantes un mínimo de coherencia? ¿Estamos condenados a ser rehenes en los asuntos públicos de la competencia o incompetencia de unas pocas personas? Estas personas, a las que llamamos políticos, y que cuando detentan un cargo público llamamos gobernantes o “representantes populares” son los menos capaces y menos interesados en que el actual estado de las cosas cambie.
            Después de este 6 de febrero de 2011, tanto si se acudió a votar, si se nulificó el voto o no se ejerció este derecho a elegir entre un grupo de políticos tan relacionados entre sí que es casi indistinto quién resulte vencedor, el día 7 de febrero se seguirá siendo un ciudadano y habitante de este estado. Y a partir de marzo y abril seguirá siendo afectado por las decisiones de los regidores, el criterio de los diputados locales y, especialmente, el fabuloso poder conferido constitucionalmente a la persona que lleva el cargo de gobernador de los sudcalifornianos.
            Así, no sólo los que votan tienen derecho a exigir a quien votaron el cumplimiento de sus promesas de campaña. También los que no votaron por él o los que no acudieron a votar deben exigir el cumplimiento de los preceptos constitucionales de hacer una administración de la cosa pública para el bien común. Por esto la cuestión no es votar o no votar, ni elegir al menos peor o anular el voto. La cuestión es qué hacer durante los próximos cuatro años y medio para que estas personas investidas con cargos públicos de elección popular actúen en beneficio del interés colectivo y no del interés de pequeños grupos económicos o políticos, como acostumbran.
            En la resolución de este importante, decisivo y fundacional asunto se requieren muchas manos y mentes, pero no hay nadie más obligado que un sudcaliforniano o una sudcaliforniana. ¿En qué otro lugar de México existe un gobernador para tan sólo seiscientos mil habitantes? ¿Acaso la fortuna no nos ha concedido la oportunidad más fácil de tener el gobierno que nos merecemos?


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