Irregulares manejos financieros de fondos de la SEP

lunes 31 de enero de 2011

Juan Luis Rojas Aguilar

El gobierno del estado se ha esforzado por ocultar el hecho de que
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo, en 2007 y 2008,
 observaciones sobre el manejo del Fondo de Aportaciones para la
 Educación Básica y Normal (FAEB) por más de 1,120 millones
de pesos, observaciones que se han tratado de solventar
paulatinamente pero sin haberlo logrado a cabalidad hasta
 el 30 de septiembre de 2010, según el reporte de esa fecha que
 la ASF envió a la Cámara de Diputados.

En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta
 Pública 2007, la ASF pidió aclaraciones sobre el uso del FAEB
por un monto superior a los 330 millones de pesos.
 (Es pertinente aclarar que la Secretaría de Finanzas del gobierno
estatal atrajo la administración directa de los recursos federales
 destinados a la SEP de Baja California Sur.)

Al año siguiente, lejos de que mejorara la calidad en la gestión de
 los dineros públicos o en la rendición de cuentas, las acotaciones
 de la ASF y su monto crecieron a más del doble que el año anterior.
 En efecto, en 2008 la suma de las observaciones fue por una
cantidad mayor a 790 millones pesos.

En el análisis de 2008 que hizo la ASF destacan más de 89 millones
 de pesos “por pagos a centros de trabajo clausurados” y casi
 590 millones “por realizar pagos de compensaciones al personal
homologado, autorizadas por el estado a mandos medios y
superiores y personal eventual, sin contar con evaluaciones al personal”.

Cada día que pasa nos encontramos con nuevas vetas del
desorden administrativo imperante en las distintas áreas del
 gobierno del estado, casi invariablemente relacionadas con
la aplicación de los recursos financieros.

Desafortunadamente, aunque terminaran de solventarse las
observaciones de 2007 y 2008, los problemas de rendición
 de cuentas en esta área no concluirían porque aún
 quedan pendientes las revisiones practicadas a 2009 y 2010.
 Y nada nos hace esperar, dada la experiencia de los años
recientes, resultados mejores que en los ejercicios ya auditados.

Será después de marzo próximo cuando se haga público
 el resultado de la auditoría correspondiente a 2009,
y lo más probable es que no conozcamos la notificación
 sino después de que Narciso Agúndez y sus funcionarios
 se hayan ido.

La modificación a la legislación estatal, realizada el año pasado,
 para que la cuenta pública del último año de la presente
 administración sea aprobada por los diputados actuales,
se debe a que el gobernador quiere contar con el visto bueno
 del Legislativo antes de que salga a la luz pública el desorden
 de los recursos destinados a la educación para los ejercicios
pendientes de auditar, entre otros desvíos graves.

Esa reforma legal no es otra cosa que un blindaje para la
impunidad de Narciso y sus funcionarios implicados.
 En ese contexto, el compromiso del gobierno entrante
con la transparencia y rendición de cuentas de cara a los
 ciudadanos será puesto a prueba desde su inicio.