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Sábado, 05 de septiembre de 2009 07:53:03 p.m.
REFORMA 05 septiembre 2009.

JAIME SÁNCHEZ SUSARREY.

Felipe Calderón dio un giro radical. En el mensaje del Tercer Informe de Gobierno hizo una autocrítica sin complacencia: “Soy el primero en reconocer –dijo- que a la vista del México al que aspiramos, lo logrado es claramente insuficiente y que a este ritmo, tomaría muchos años, quizás décadas, el poder vislumbrar en hechos concretos, el México que queremos”.
No le falta razón. El balance de sus primeros tres años de Gobierno es negativo. Con la excepción de la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE, todas las demás son insuficientes. La crisis fiscal y la caída en la producción de petróleo son la mejor prueba. Ninguna reforma sirvió. ¿Lo más grave? Todo el mundo, el Presidente en primer lugar, sabía que el futuro estaba a la vuelta de la esquina.
Peor aún. Felipe Calderón cambió la “reforma fiscal” (un plato de lentejas) por la contrarreforma electoral que diseñó Manlio Fabio Beltrones. El retroceso no tenía ni tiene precedente. Desde 1977 hasta 1997, todas las reformas electorales registraron avances. La de 2007, en cambio, atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y lesionó la autonomía del IFE. Calderón abjuró valores democráticos esenciales.
No sólo eso. El Presidente de la República abdicó. Su iniciativa de reforma energética se ajustó desde el inicio al tope que le impuso el senador Beltrones: no habría reforma constitucional ni contratos de riesgo. Para colmo, eludió el debate, abandonó sus posiciones y festejó la aprobación de la minirreforma. Él personalmente, en cadena nacional, convirtió su derrota en una “gran victoria”.
La molestia de Felipe Calderón consigo mismo es perfectamente explicable. A ese paso pasaría a la historia como el Presidente de la primera contrarreforma electoral y de las reformas pírricas que abrieron la avenida del regreso del PRI a Los Pinos. Los resultados del 5 de julio, si bien permeados por la crisis económica, incrementaron el malestar y ensombrecieron más el panorama.
El golpe de timón se había vuelto impostergable. Las tesis fundamentales del inicio del Gobierno: apostar a los cambios posibles, no abrir demasiados frentes y buscar el consenso de todas las fuerzas políticas, han sido echadas por la borda. Ahora, la propuesta es ir por un programa integral de cambios de fondo.
El listado del Presidente de la República es, en efecto, muy amplio: 1) Combate a la pobreza; 2) Cobertura universal de salud; 3) Educación de calidad; 4) Reforma fiscal integral; 5) Nueva reforma energética; 6) Reforma de telecomunicaciones; 7) Reforma laboral; 8) Reforma desregulatoria; 9) Reforma del sistema policiáco; 10) Reforma política de fondo.
La pregunta obligada, sin embargo, es muy simple: ¿qué probabilidad existe de que esos cambios se materialicen? Para responder hay que diferenciar los que dependen esencialmente del Gobierno de los que implican acuerdos con las oposiciones. Entre los primeros están: combate a la pobreza, cobertura universal de salud, parte importante de telecomunicaciones y reforma desregulatoria.
La probabilidad de que se concreten cambios en todos esos casos es alta. La profundidad de los mismos dependerá del Gobierno federal. En el resto ocurre lo contrario. La educación con calidad supone un enfrentamiento abierto con el SNTE y no es evidente que el Gobierno pueda por sí solo. Las reformas fiscal, energética, laboral, del sistema policiaco y del régimen político dependen, igualmente, de acuerdos con las oposiciones.
El panorama en estas materias es extremadamente complicado y las probabilidades de éxito muy limitadas. La política es un arte que se rige por dos principios: el aquí y ahora, y el deslinde entre aliados y adversarios. Me explico. El PRI se ha convertido en el interlocutor obligado, y prácticamente único, del Presidente de la República. Primero por su peso en la Cámara de Diputados, en alianza con el Verde tiene mayoría absoluta. Segundo, porque es el más próximo a la estrategia renovadora que trazó Felipe Calderón.
Sin embargo, las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Después del 5 de julio, los priístas tienen un objetivo muy claro: alcanzar la Presidencia de la República en 2012. Para lo cual trazaron ya una doble estrategia: no dividirse, es decir, eludir temas que polaricen a las corrientes que lo integran; no pagar los costos de reformas que son urgentes y necesarias, pero que irritarían a amplios sectores sociales.
Bajo esa lupa ninguna de las reformas estructurales propuestas por Calderón tiene oportunidad de pasar. Los priístas no se enfrentarán, por ningún motivo, al SNTE con su más de un millón de trabajadores afiliados. Jamás aprobarán el IVA en medicinas y alimentos, condición indispensable de una verdadera reforma fiscal. Tampoco abordarán la reforma energética porque es un tema que los divide y los confronta. Igualmente hipotecada está la reforma laboral porque lastimaría sus alianzas sindicales. Y de la reforma del sistema policial ni hablar, porque los gobernadores se oponen frontalmente.
No hay, pues, en todos esos casos espacio para los acuerdos ni la negociación. ¿Qué sentido tiene, entonces, que Felipe Calderón haya lanzado un programa tan ambicioso? Lo dicho arriba: el saldo de la estrategia anterior imponía la rectificación. Y por otra parte, aunque las reformas no pasen, la apertura del debate y la toma de posición de cada una de las fuerzas políticas fijarán la agenda de 2012.
Paradójicamente, la única reforma que tendría alguna posibilidad de prosperar es la del régimen político. Pero ése será tema de otro artículo.