01-Sep-2009
Razones
Jorge Fernández Menéndez
Hace ya bastante tiempo que nos hemos preguntado de qué vive López Obrador. Una puntual investigación del periódico Excélsior permite que sepamos, sin lugar a dudas, que el ex candidato presidencial vive de nuestros impuestos, del presupuesto, de la utilización de recursos públicos. No paga, violando la ley además, un peso al fisco, aunque las cantidades que recibe son millonarias.
López Obrador recibió en forma directa poco más de 50 millones de pesos de la bancada perredista en San Lázaro, según el arqueo final de las cuentas de ese grupo parlamentario, diezmado luego de los resultados del 5 de julio. Y recibió, por otra parte, 12 millones de pesos de los senadores perredistas. Estas cantidades, según la investigación realizada por el periódico, es independiente de las aportaciones voluntarias que dieron la enorme mayoría de los legisladores de ese partido, del PT y de Convergencia: en la mayoría de los casos un diez por ciento de su dieta parlamentaria, una cantidad que no es menor si tomamos en cuenta que oscila en los 150 mil pesos (o sea 15 mil pesos mensuales por cada legislador) y estamos hablando de unos 150 legisladores en ambas cámaras que aportaron ese diezmo durante tres años: según nuestros cálculos eso representa aproximadamente otros 70 millones de pesos en tres años, sumados, por supuesto, a los 62 millones de ambas bancadas: estamos hablando de unos 132 millones de pesos entregados en efectivo, con un uso discrecional del que nadie ha dado ni da cuentas, que resultan una cantidad estratosférica para mantener un supuesto gobierno legítimo cuya acción es simplemente testimonial y formado por un puñado de personas que, por supuesto, tienen otros ingresos, incluso en distintas áreas de gobierno y cuya mayor infraestructura es una casa en la colonia Roma que ya era propiedad del PRD. Ahora ya sabemos de qué vive López Obrador, su familia y sus colaboradores.
El tema debería ser de escándalo: varios medios se escandalizaron, por ejemplo, cuando se supo que toda la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había gastado este año en concepto de viáticos nueve millones de pesos. Quizás es una cifra muy alta, pero estamos hablando de uno de los tres poderes de la Unión, estamos hablando de una amplia estructura de poder que trasciende a los ministros y que requiere de su presencia en todo el país. Y estamos hablando de que aún así, toda la Suprema Corte, incluyendo ministros y trabajadores, gastó en viáticos en un año menos de la quinta parte del dinero que recibe anualmente López Obrador. Con una diferencia sustancial: la Suprema Corte rinde cuenta de sus gastos; éstos son auditables y verificables; si alguno de sus trabajadores viola las normas se hace sujeto de sanciones administrativas e incluso penales. Y todos pagan sus impuestos. En el caso de López Obrador, no se rinden cuentas a nadie, ni siquiera a su partido; no existen normas que se deban respetar; ese dinero no es auditable ni verificable su uso; no transita por canales legítimos, circula en efectivo e insistimos: ni López Obrador (¿cuánto se quedan, él, su familia, su estructura personal y de seguridad, de esa cantidad?), ni su movimiento ni su “gobierno legítimo” pagan impuestos por esos millonarios recursos, lo cual, por sí mismo, debería constituir un delito.
¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie exige con firmeza la rendición de cuentas?¿Por qué tanta indulgencia con un personaje que habla una y otra vez de mafias, corrupción, honestidad valiente, y que resulta ser, no de ahora sino desde sus tiempos al frente del gobierno del DF, uno de los políticos menos transparentes y más corruptos de los últimos años? Se dirá que es un juicio abusivo, pero no es así. Sumemos estos 130 millones de pesos, a la decisión de considerar secreto de Estado, durante diez años, lo gastado y pagado por las obras viales más importantes de la administración de López Obrador, incluyendo distribuidores viales y segundo piso; sumemos a todo eso la denuncia realizada por Carlos Ahumada sobre cómo debían pagar los constructores sus comisiones por las obras que se les otorgaban: el propio Ahumada estima que pagó por por lo menos unos 200 millones de pesos; sumemos la corrupción de personajes como René Bejarano o Carlos Imaz o Gustavo Ponce a los que todos vimos literalmente robarse y jugarse el dinero: ¿Cuánto sumó todo ello, no sólo de Ahumada sino de todos los que de alguna manera viven o trabajan a partir de un presupuesto capitalino que ronda en los 100 mil millones de pesos? De todo esto, López Obrador simplemente se ha negado a rendir cuentas y se le ha permitido. De sus ingresos personales tenemos que creer que vive de 60 mil pesos mensuales (de los que tampoco paga impuestos) y que con ello puede mantener a sus hijos mayores, a su nueva familia y tener varias propiedades en el país, por lo menos.
Antes sabíamos que López Obrador vivía de los recursos públicos pero no podíamos cuantificar los mismos. Ahora sabemos que en tres años, lo que proviene sólo del Congreso de la Unión ronda los 130 millones. Súmele usted los ingresos obtenidos durante la pasada administración, las aportaciones del propio PRD como partido, la del gobierno del DF y los estados perredistas y la de los funcionarios o legisladores locales. Y estaremos ante un movimiento de recursos que puede explicar la calidad de vida de ese equipo político, pero también la capacidad de operación de varios movimientos desestabilizadores.
Y como eso no fuera motivo suficiente de pena ajena tenemos a Rafael Acosta, Juanito, al que muchos celebran que se haya insubordinado y decidido a quedarse con el gobierno de Iztapalapa y su suculento presupuesto de cuatro mil millones de pesos anuales. Si no fuera porque la delegación más poblada y más pobre del DF se ha convertido en un botín de verdaderos mafiosos, podría ser divertido.
¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie exige con firmeza la rendición de cuentas? ¿Por qué tanta indulgencia con un personaje corrupto?
Razones
Jorge Fernández Menéndez
Hace ya bastante tiempo que nos hemos preguntado de qué vive López Obrador. Una puntual investigación del periódico Excélsior permite que sepamos, sin lugar a dudas, que el ex candidato presidencial vive de nuestros impuestos, del presupuesto, de la utilización de recursos públicos. No paga, violando la ley además, un peso al fisco, aunque las cantidades que recibe son millonarias.
López Obrador recibió en forma directa poco más de 50 millones de pesos de la bancada perredista en San Lázaro, según el arqueo final de las cuentas de ese grupo parlamentario, diezmado luego de los resultados del 5 de julio. Y recibió, por otra parte, 12 millones de pesos de los senadores perredistas. Estas cantidades, según la investigación realizada por el periódico, es independiente de las aportaciones voluntarias que dieron la enorme mayoría de los legisladores de ese partido, del PT y de Convergencia: en la mayoría de los casos un diez por ciento de su dieta parlamentaria, una cantidad que no es menor si tomamos en cuenta que oscila en los 150 mil pesos (o sea 15 mil pesos mensuales por cada legislador) y estamos hablando de unos 150 legisladores en ambas cámaras que aportaron ese diezmo durante tres años: según nuestros cálculos eso representa aproximadamente otros 70 millones de pesos en tres años, sumados, por supuesto, a los 62 millones de ambas bancadas: estamos hablando de unos 132 millones de pesos entregados en efectivo, con un uso discrecional del que nadie ha dado ni da cuentas, que resultan una cantidad estratosférica para mantener un supuesto gobierno legítimo cuya acción es simplemente testimonial y formado por un puñado de personas que, por supuesto, tienen otros ingresos, incluso en distintas áreas de gobierno y cuya mayor infraestructura es una casa en la colonia Roma que ya era propiedad del PRD. Ahora ya sabemos de qué vive López Obrador, su familia y sus colaboradores.
El tema debería ser de escándalo: varios medios se escandalizaron, por ejemplo, cuando se supo que toda la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había gastado este año en concepto de viáticos nueve millones de pesos. Quizás es una cifra muy alta, pero estamos hablando de uno de los tres poderes de la Unión, estamos hablando de una amplia estructura de poder que trasciende a los ministros y que requiere de su presencia en todo el país. Y estamos hablando de que aún así, toda la Suprema Corte, incluyendo ministros y trabajadores, gastó en viáticos en un año menos de la quinta parte del dinero que recibe anualmente López Obrador. Con una diferencia sustancial: la Suprema Corte rinde cuenta de sus gastos; éstos son auditables y verificables; si alguno de sus trabajadores viola las normas se hace sujeto de sanciones administrativas e incluso penales. Y todos pagan sus impuestos. En el caso de López Obrador, no se rinden cuentas a nadie, ni siquiera a su partido; no existen normas que se deban respetar; ese dinero no es auditable ni verificable su uso; no transita por canales legítimos, circula en efectivo e insistimos: ni López Obrador (¿cuánto se quedan, él, su familia, su estructura personal y de seguridad, de esa cantidad?), ni su movimiento ni su “gobierno legítimo” pagan impuestos por esos millonarios recursos, lo cual, por sí mismo, debería constituir un delito.
¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie exige con firmeza la rendición de cuentas?¿Por qué tanta indulgencia con un personaje que habla una y otra vez de mafias, corrupción, honestidad valiente, y que resulta ser, no de ahora sino desde sus tiempos al frente del gobierno del DF, uno de los políticos menos transparentes y más corruptos de los últimos años? Se dirá que es un juicio abusivo, pero no es así. Sumemos estos 130 millones de pesos, a la decisión de considerar secreto de Estado, durante diez años, lo gastado y pagado por las obras viales más importantes de la administración de López Obrador, incluyendo distribuidores viales y segundo piso; sumemos a todo eso la denuncia realizada por Carlos Ahumada sobre cómo debían pagar los constructores sus comisiones por las obras que se les otorgaban: el propio Ahumada estima que pagó por por lo menos unos 200 millones de pesos; sumemos la corrupción de personajes como René Bejarano o Carlos Imaz o Gustavo Ponce a los que todos vimos literalmente robarse y jugarse el dinero: ¿Cuánto sumó todo ello, no sólo de Ahumada sino de todos los que de alguna manera viven o trabajan a partir de un presupuesto capitalino que ronda en los 100 mil millones de pesos? De todo esto, López Obrador simplemente se ha negado a rendir cuentas y se le ha permitido. De sus ingresos personales tenemos que creer que vive de 60 mil pesos mensuales (de los que tampoco paga impuestos) y que con ello puede mantener a sus hijos mayores, a su nueva familia y tener varias propiedades en el país, por lo menos.
Antes sabíamos que López Obrador vivía de los recursos públicos pero no podíamos cuantificar los mismos. Ahora sabemos que en tres años, lo que proviene sólo del Congreso de la Unión ronda los 130 millones. Súmele usted los ingresos obtenidos durante la pasada administración, las aportaciones del propio PRD como partido, la del gobierno del DF y los estados perredistas y la de los funcionarios o legisladores locales. Y estaremos ante un movimiento de recursos que puede explicar la calidad de vida de ese equipo político, pero también la capacidad de operación de varios movimientos desestabilizadores.
Y como eso no fuera motivo suficiente de pena ajena tenemos a Rafael Acosta, Juanito, al que muchos celebran que se haya insubordinado y decidido a quedarse con el gobierno de Iztapalapa y su suculento presupuesto de cuatro mil millones de pesos anuales. Si no fuera porque la delegación más poblada y más pobre del DF se ha convertido en un botín de verdaderos mafiosos, podría ser divertido.
¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie exige con firmeza la rendición de cuentas? ¿Por qué tanta indulgencia con un personaje corrupto?
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