REFORMA Jaque Mate 02 Junio 2010
SERGIO SARMIENTO
“Es imposible introducir a la sociedad un mal mayor que convertir la ley en instrumento de despojo.”
Frédéric Bastiat
En los Cabos, Baja California Sur, los jueces y políticos locales están tratando de legalizar el despojo. Desde hace tiempo las invasiones de predios han sido una práctica habitual en el estado ante la indiferencia o la complicidad de los gobiernos. La diferencia ahora es que los jueces locales quieren legalizarlas.
El 10 de diciembre de 2005 unos 50 hombres armados con machetes y palos invadieron un predio de 125 hectáreas en Cabo San Lucas propiedad de Inmobiliaria del Cabo, S.A. Los tres cuidadores no tenían armas y no presentaron resistencia. La Policía se negó a intervenir. El juez local, increíblemente, descartó la causa penal 49/2007 porque “la ocupación... no fue desarrollada de manera oculta sino... a plena luz del día, de manera ruidosa, a la vista del público, en una zona por demás transitada” y ante la presencia de los tres cuidadores, por lo que no puede considerarse como “furtiva”. Tampoco fue “violenta”, dijo, porque los cuidadores no opusieron resistencia. El Ministerio Público estatal se negó a apelar la aberrante sentencia.
El fallo significa que el despojo es aceptable en Baja California Sur, siempre y cuando se realice a plena luz del día y no haya resistencia física. Al parecer tendría que haber habido muertos para que el juez determinara que sí hubo violencia. La ocupación ilegal del predio se ha mantenido desde entonces a pesar de que un tribunal de amparo ha desechado los argumentos del juez y le ha ordenado dictar nueva sentencia.
Como si eso no fuera suficiente, las autoridades locales han permitido la venta de ese terreno no una sino dos veces. El Registro Público de la Propiedad ha permitido la emisión de escrituras y registros catastrales por duplicado para permitir estas operaciones. Uno de los compradores pagó incluso al Municipio el impuesto por la transacción.
Inmobiliaria del Cabo cuenta con escrituras y registros catastrales en regla que se remontan a 1957, fecha de adquisición original del predio. Éstos fueron renovados en 1970 cuando el dueño aportó los terrenos como capital para la constitución de la empresa. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1976, que echó para atrás un intento de expropiación del presidente Luis Echeverría, ratificó la propiedad de Inmobiliaria del Cabo.
Sin embargo, los invasores dicen tener derechos de propiedad no sólo sobre este predio sino sobre más de 8,000 hectáreas que representan casi todo Los Cabos. Se fundamentan en un supuesto título de propiedad, que según los representantes de Inmobiliaria del Cabo “nadie ha visto”, expedido en 1871 por el presidente Benito Juárez a un Ildefonso Green Ceseña. Una copia notarizada de este título fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1999, 128 años después de su supuesta emisión. Si bien los jueces locales han emitido sentencias favorables a los invasores, los tribunales federales de manera consistente le han dado la razón a Inmobiliaria del Cabo. Ninguna autoridad local, empero, aplica las resoluciones judiciales por miedo o complicidad.
No es, sin embargo, el único caso. La invasión se ha convertido en una verdadera industria en Baja California Sur. El daño a la inversión es enorme. BCS se está ganando la reputación de estado sin ley, donde cualquiera puede invadir predios ajenos con el apoyo de autoridades y jueces locales.
Violencia familiar
Un grupo de policías armados encabezado por el agente Cruz Antonio García Javier atacó este lunes 31 de mayo el refugio para mujeres golpeadas CIAM Cancún de Lydia Cacho. García Javier ya había sido denunciado por violencia contra su esposa, pero las agencias de Ministerio Público de Quintana Roo lo han protegido. La última vez que golpeó a su mujer ella tenía en brazos al hijo de ambos de unos días de nacido. Otro hijo, de tres años, le suplicó que no matara a su mamá. Éste es el tipo al que protege la Procuraduría de Quintana Roo.
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