Alán Arias Marín
2010-06-06•Política.MILENIO DIARIO.
El rector de la UNAM, José Narro, declara acerca de la prioridad y urgencia de que las universidades públicas en Iberoamérica cuenten con más recursos, y el líder de los senadores del PAN, Gustavo Madero, le increpa que mejor debiera rendir cuentas de gastos y logros. El contexto de la controversia se enmarca en la reunión de Universia, organización de universidades del bloque iberoamericano; un espacio común de conocimiento, con programas de movilidad e intercambio de estudiantes y profesores es el objetivo próximo de la organización.
Se trata de una agria y añeja disputa. Dos perspectivas contrapuestas de la función de la universidad, dos entendimientos de la autonomía que ayudan a entender su historia y las tensiones actuales de los gobiernos del PAN y las universidades públicas. Hoy se politizan burdamente todos los asuntos, modo seguro de banalizarlos e impedir que ocupen un espacio propio en la agenda pública, reenviarlos a la discusión del presupuesto próximo. Es una lástima provocada por la miseria de la política mexicana y la complicidad de la opinión pública.
Universidad y educación suelen observarse bajo el ojo distorsionador de la política. Rara vez los temas educativos y sus instituciones en cuanto tales aparecen en el debate público. Se informa y discute respecto de sus deformaciones, conflictos (marchas, plantones —destrucciones de puertas históricas incluidas— o huelgas) y de asuntos derivados, como el presupuesto, el SNTE, la utilización o implicaciones partidistas de los asuntos educativos —Campus de MILENIO es una destacada excepción.
A contracorriente, las universidades públicas —con la UNAM a la cabeza— buscan generar información sobre su quehacer específico, sus logros científicos y reconocimientos internacionales, el sentido y peso económico, social y cultural de la producción de conocimiento, la enseñanza y la difusión artística y científica. Uno de sus mensajes centrales es la idea decisiva de que la inversión en educación superior, ciencia y tecnología es condición necesaria para el desarrollo. Narro ha enfatizado el sentido de justicia como imperativo ético de tal empeño, en el horizonte de una función humanizadora-cultural —no sólo civilizatoria-mercantil— de las universidades; principalmente las de carácter público, su tensión entre vocación de masas y compromiso de movilidad social respecto de exigencias de calidad educativa y eficacia económica, por ende, empresarial. Ese es el marco discursivo de la controversia, de lo dicho por el rector con relación a la suficiencia de recursos y también de la —sólo aparentemente descolocada— réplica del senador Madero sobre la rendición de cuentas.
Hay una argumentación seria, sustentada en una concepción privatista de la universidad, detrás de las posturas del PAN. El juicio —parcialmente correcto— acerca de la baja productividad y deficiente calidad de los servicios y productos de la universidad pública y su institución insignia, la UNAM; y, también, la estadística incontrovertible de la condición de privilegio de los jóvenes universitarios respecto de la gran mayoría de la población en edad de estudiar. Madero articuló su exigencia de rendir cuentas con la obtención de resultados y la elevación de los niveles de la educación; abundó en la idea de que el financiamiento a la universidad se traduzca en bienes públicos (patentes, descubrimientos, aportaciones teóricas y científicas). Con perspectiva administrativa, Teresa Ortuño, también senadora del PAN, incorporó el criterio de gasto orientado a metas y medición de impactos para la evaluación de la UNAM. Se trata de una concepción de autonomía en sentido privado, ligada a la eficiencia y la productividad de una sociedad mercantil y empresarialmente organizada que demanda coordinación de las universidades —de natural vocación elitista— con las empresas, no injerencia estatal en la formación de cuadros capacitados y orientados a la eficiencia productiva. Universidades y egresados aptos para reproducir a la sociedad tal y como está constituida, que —en todo caso— atenúen y ponderen las condiciones de desigualdad y exclusión que le son inherentes.
La discusión está viva. No se resuelve solamente por informes a la Auditoría Superior, análisis de la Cuenta Anual, dictamen externo de Estados financieros o fórmulas del costo anual por estudiante. Es una discusión ideológica, que incorpora valores e intereses: ¿universidad pública para los privados o para la sociedad?; la disputa mexicana no resuelta: qué sociedad queremos?
FCPyS-UNAM. Cenadeh.
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