La prensa de BCS: discriminada y reprimida

Por Raymundo León Verde

Tener consagrado el derecho a la libertad de expresión en la Constitución Política del Estado Mexicano no garantiza que este derecho se ejerza a plenitud en el territorio nacional ni en Baja California Sur.

Hoy en día muchos gobernantes que deben ser los garantes de que se respete al pie de la letra este derecho, porque a eso se comprometen cuando aceptan cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan, en realidad se muestran intolerantes a la crítica y a los señalamientos públicos que principalmente hacen los medios de comunicación.

El caso de Contacto Directo, un programa de radio que bajo presiones oficiales salió del aire después de varias décadas de dar voz  a los ciudadanos sudcalifornianos, retrata en forma exacta la actitud de un gobierno que en el discurso se manifiesta respetuoso de la libertad de expresión, pero que en el fondo pretende ejercer un control sobre la opinión pública a través de la manipulación de los medios de comunicación.

Hoy como nunca el gobierno del estado ha impuesto una política de comunicación social discriminatoria y represiva que ha dificultado el ejercicio periodístico, desde la imposición de listas que controlan la entrada de los periodistas a las conferencias de prensa hasta la negativa de pagar los espacios publicitarios contratados por el gobierno para la difusión de sus actividades.

Hoy en día Baja California Sur vive una crisis de credibilidad en el periodismo, en gran medida porque sus principales medios de comunicación, es decir, los de mayor cobertura o audiencia, mantienen un insano contubernio con los poderes formales y fácticos del estado, que se refleja en la omisión de hechos incómodos para algunos funcionarios o empresarios y en la desmedida difusión de las obligaciones gubernamentales que llegan al descaro de ocupar las ocho columnas del periódico con mayor tiraje en la entidad, un día sí y otro también.

A esta crisis, hay que aceptarlo, también han abonado algunos medios y periodistas que han sido excluídos del sistema, pues en forma por demás inapropiada sustentan sus críticas, denuncias y señalamientos en el anonimato o la invención de las fuentes informativas, los rumores y el ilegal ataque a la vida privada de los personajes públicos.

Fomentado desde el gobierno del estado hoy prevalece un marcado divisionismo entre la prensa local, entre aquellos que son beneficiarios del régimen y aquellos que no lo son, lo que ha llevado a posiciones extremas que se proyectan en los medios de comunicación que al final de cuentas sólo confunden a la sociedad.

Presupuestos orientados a premiar el elogio fácil, a comprar buenas  calificaciones, a imponer medias verdades, a destruir reputaciones, a mitificar a los gobernantes y a generar inestabilidad entre los adversarios políticos con noticias y escándalos fabricados, son parte de la actual política de comunicación social que por otro lado castiga o demerita la crítica por más constructiva que ésta sea.

Once años han pasado desde que el partido que pregona el respeto a las libertades, a las opiniones divergentes, a la crítica en general, a la pluralidad de las ideas y que se autoproclama como tolerante a todo tipo de expresiones, el PRD, asumió el gobierno del estado en Baja California Sur, generando con ello la expectativa de contar con una nueva actitud de parte de las autoridades hacia el ejercicio periodístico.

Sin embargo, hoy estamos como ayer o incluso peor.

Ante esta panorámica es oportuno que la prensa local fije una postura frente a quienes aspiran a ocupar los cargos de elección popular que habrán de disputarse el próximo año, comenzando con acabar con la absurda idea de que si no estás conmigo estás contra mí.

Hoy parece mentira que los periodistas estemos preocupados por el posible revanchismo al que nos han acostumbrado los últimos gobiernos, mientras que el día de mañana los supuestos adversarios políticos se dan la mano y sonríen frente a las cámaras.

La libertad de expresión no es una concesión de los gobiernos en turno, sino un derecho ganado a cambio del valor y la vida de muchos que ayer se atrevieron a defender su opinión de manera pública.

En ese sentido, el periodista no sólo tiene el derecho de ejercer a plenitud la libertad de expresión sin temor a represalias, sino que tiene la obligación de informar y formar opinión con responsabilidad.

Ningún gobierno se puede preciar de ser democrático si demerita la labor de la prensa y no reconoce el valor de aquellos que hacen de la libertad de expresión su principal herramienta de trabajo.